Bajo el lema «Mallorca al límit», la plataforma Menys Turisme, Més Vida volvió a convocar a una ciudadanía asfixiada. Unas 70.000 personas, respaldadas por más de 134 entidades sociales, ecologistas, sindicales y vecinales, inundaron el trayecto desde la plaza d’Espanya hasta Ses Voltes, pasando por las Avingudes, la Rambla y el Born. No era una simple manifestación; era un grito de supervivencia frente al expolio sistemático, un contraataque contra la voracidad de un modelo turístico hipertrofiado y contra la complicidad manifiesta del Govern del Partido Popular.
Las pancartas lo decían todo: «Massa turistes, massa cotxes, massa iots… SOS residents» o «Si ens neguen el nostre sostre, ens neguen el nostre futur». Pero tras la dignidad de las proclamas se oculta una violencia estructural mesurable, fría y aterradora. Las cifras oficiales desmienten la propaganda del liberalismo salvaje. En 2022, Mallorca alcanzó una densidad demográfica desorbitada de 3.309 personas por día por kilómetro cuadrado (un 23,5% más que en 2019). Las Islas Baleares cerraron el año 2023 recibiendo a más de 14 millones de visitantes para una población residente de apenas 940.000 habitantes. El resultado de esta ecuación aberrante es devastador: este año hay proyectados cerca de 20 turistas por cada residente.
El Partido Popular, entregado al monocultivo turístico y a los intereses de la patronal hotelera y los fondos de inversión, insiste en vendernos las bondades de un PIB inflado (el sector representa el 45% del PIB balear y más de 17.600 millones de euros de facturación). Pero, ¿a qué precio y para quién? La riqueza se desvía a las cuentas de unos pocos oligarcas mientras la clase trabajadora mallorquina soporta la factura social y ecológica. En 2022, la huella de carbono per cápita de los turistas alcanzó las 11,2 toneladas de CO2, casi el doble que la de los residentes (5,8 toneladas), alimentada por un transporte desenfrenado que supone el 45% de dicho impacto.
La turistificación ha mutado en una hidra devoradora. Primero devoró las costas, luego los pueblos del interior y los barrios históricos de las ciudades, y hoy asalta directamente el derecho al techo. Con más de 105.000 viviendas destinadas al uso turístico, legal e ilegal, el mercado inmobiliario se ha convertido en un coto privado de caza para la especulación internacional. Al joven trabajador, a la enfermera, al docente o a la familia de clase obrera se le niega la vivienda mientras el Govern del PP mira hacia otro lado, permitiendo la compra especulativa por parte de no residentes y fondos buitre, frenando la ampliación de la vivienda pública y negándose a ilegalizar de forma contundente el alquiler vacacional.
El descontento popular no es un capricho nostálgico ni una pataleta: es la defensa radical de la habitabilidad de la isla. Como denunciaba Dani Comas, portavoz de la plataforma unitaria, no cabe la tibieza: cada día que se retrasa el decrecimiento es un golpe mortal a la vida cotidiana. La ciudadanía exige medidas urgentes y de calado: decrecimiento real en el número de plazas turísticas, moratoria urbanística que impida destrozar el suelo rústico, multiplicación de la ecotasa, limitación de los accesos a los parques naturales y parálisis inmediata de la ampliación de los aeropuertos.
La respuesta institucional del Ejecutivo conservador ha sido la sordera y la represión policial, como se evidenció al término de la marcha en Ses Voltes, donde las cargas contra los manifestantes dejaron claro de qué lado está el poder cuando los beneficios del capital turístico se ven amenazados.
Quienes amamos Mallorca no podemos contemplar impasibles cómo la convierten en un parque temático de usar y tirar. La Mallorca de la infancia, la de la convivencia barrial, las conversaciones al fresco y la dignidad compartida, no se rescata con lavado de cara verde ni con parches cosméticos. Se defiende en las calles, con organización popular y con políticas que pongan freno a la codicia privatizadora del PP.
Mallorca no está en venta. Mallorca no es un escenario para el beneficio corporativo. Mallorca pertenece a quienes la habitan, la cuidan y la sufren. La manifestación del 26 de julio ha vuelto a señalar el camino: decrecimiento, justicia social y soberanía territorial. Porque defender nuestra isla es defender nuestro futuro.
