Cómo Washington convirtió un archipiélago en su primera línea contra Pekín

En menos de tres años, Filipinas ha dado el giro más brusco de política exterior que ha visto el Sudeste Asiático en una década. El país que bajo Rodrigo Duterte se jactaba de su «política exterior independiente» y buscaba acercarse a Pekín se ha realineado por completo con Washington. Nueve bases filipinas son ahora accesibles a fuerzas estadounidenses, misiles de largo alcance apuntan desde territorio filipino y para 2026 están programadas más de quinientas actividades militares conjuntas, una cifra sin precedentes. El propio presidente, Ferdinand Marcos Jr., lo reconoció con crudeza en agosto de 2025: «Filipinas sería arrastrada, a regañadientes, a una guerra por Taiwán». La frase encierra la paradoja central: la alianza que se presenta como protección es, al mismo tiempo, lo que convierte al país en objetivo.

La comparación con Ucrania circula cada vez más en el debate filipino. Sectores próximos a Duterte la emplean como acusación, pero también aparece en análisis académicos y en medios internacionales. La pregunta es directa: ¿está Filipinas asumiendo el papel que Ucrania jugó frente a Rusia, un país fronterizo instrumentalizado por una potencia exterior para hostigar a su rival? La analogía no es perfecta, pero captura un patrón que se repite con precisión inquietante: un país en la frontera de la potencia rival, dependiente militarmente del protector y económicamente del adversario, que asume los costes de una confrontación diseñada fuera.

Un siglo de presencia militar estadounidense

Para entender lo que está pasando hoy hace falta mirar atrás. Filipinas fue colonia estadounidense entre 1899 y 1946, tras medio siglo que comenzó con una guerra de conquista que costó cientos de miles de vidas filipinas. La independencia formal llegó atada: un tratado permitió a Washington operar una veintena de bases militares en el archipiélago durante noventa y nueve años. Durante la Guerra Fría, las dos mayores instalaciones estadounidenses fuera de su territorio estaban en Filipinas: una base naval y una aérea que sirvieron de soporte logístico para las guerras de Corea y Vietnam.

En 1991, el Senado filipino rechazó la renovación del acuerdo de bases. La erupción de un volcán ese mismo año inutilizó una de las instalaciones, y en 1992 las últimas tropas se retiraron. Pero el regreso no tardó: los atentados de 2001 y la «guerra contra el terror» justificaron un nuevo acuerdo que permitió la presencia rotativa de soldados estadounidenses y operaciones conjuntas contra grupos armados en el sur del país.

El regreso por la puerta trasera

En 2014, horas antes de que Barack Obama visitara Manila, el gobierno filipino firmó un acuerdo de cooperación en defensa que sustituyó la figura de la base permanente por algo más discreto: el «acceso acordado». Estados Unidos no instala bases propias, pero puede operar en instalaciones filipinas seleccionadas, construir allí infraestructura, almacenar armamento y rotar tropas durante estancias prolongadas. Inicialmente se designaron cinco sitios. La Corte Suprema filipina avaló el acuerdo en 2016.

El pilar jurídico de la alianza sigue siendo el Tratado de Defensa Mutua de 1951, que establece que un ataque armado contra una de las partes en el Pacífico sería «peligroso para la paz y seguridad» de la otra. Pero —y esto es clave— el tratado no garantiza una respuesta militar automática: obliga a actuar «de conformidad con los procesos constitucionales» de cada país, lo que en la práctica significa que Washington conserva margen para decidir si responde con fuerza o solo con diplomacia. En 2019 y 2023, ambas partes ampliaron explícitamente la cobertura del tratado a las fuerzas filipinas en cualquier parte del mar del Sur de China, un compromiso que antes no existía. Sin embargo, la cláusula de ambigüedad sigue ahí.

El intento fallido de acercarse a Pekín

Rodrigo Duterte llegó a la presidencia en 2016 prometiendo romper con Washington y girar hacia Pekín. En su primera visita a China anunció literalmente la «separación» de Estados Unidos. Tenía tres razones: consideraba inútil un fallo internacional favorable a Filipinas sobre el mar del Sur de China sin respaldo militar, estaba distanciado de Washington por su sangrienta «guerra contra las drogas» y esperaba captar inversión china para su programa de infraestructuras.

Los resultados fueron decepcionantes. China anunció compromisos de inversión por veinticuatro mil millones de dólares, pero según la cámara de comercio filipina, menos del diez por ciento se materializó en proyectos concluidos. Mientras tanto, la presencia de guardias costeros chinos se consolidó en aguas que Filipinas considera propias. El propio Duterte reconoció en 2021 que Filipinas «no podía costear una guerra con China» y que su política de acercamiento no había obtenido las contrapartidas esperadas.

En 2023, Marcos Jr. denunció públicamente un supuesto pacto secreto por el que Duterte habría aceptado con Pekín una zonificación de las aguas disputadas que dejaba a los pescadores filipinos sin acceso a zonas tradicionales. Duterte negó la existencia de documentos formales, pero la revelación deterioró aún más la imagen de su gestión. La herencia que recibe Marcos es la de una relación bilateral asimétrica: Filipinas cedió terreno diplomático sin recibir compensación económica. Esa percepción de fracaso es lo que le permite ejecutar el giro hacia Washington sin pagar costes internos excesivos.

El giro Marcos: nueve bases y misiles de largo alcance

Marcos Jr. asumió la presidencia en junio de 2022 prometiendo «ser amigo de todos». En los primeros meses mantuvo contactos con Pekín, pero entre finales de 2022 y principios de 2023 se acumularon incidentes en aguas disputadas y se filtró la información sobre el pacto secreto. El 3 de febrero de 2023, Manila y Washington anunciaron cuatro nuevos sitios para el acuerdo de defensa, elevando el total a nueve bases.

La ubicación de esos sitios revela la lógica estratégica: dos están en el extremo norte del país, a menos de cuatrocientos kilómetros de Taiwán; otra está en el extremo sudoeste, controlando la ruta marítima desde el estrecho de Malaca. La red resultante cubre los tres ejes que interesan a Washington: Taiwán al norte, el mar del Sur de China al oeste y el acceso al Pacífico al este. Según un centro de estudios estratégicos de Washington, esta red convierte a Filipinas en la plataforma militar más crítica de Estados Unidos en Asia.

El componente más polémico es el armamento pre-posicionado. En abril de 2024, durante ejercicios conjuntos, el ejército estadounidense desplegó por primera vez en la región un sistema de lanzadores móviles capaz de disparar misiles con alcance de hasta mil seiscientos kilómetros. Desde las bases del norte filipino, esos misiles pueden alcanzar el estrecho de Taiwán y buena parte del litoral chino. El gobierno filipino anunció que el sistema sería retirado, pero la retirada no se consumó y Manila ha expresado su interés en adquirir sus propios lanzadores. A esto se suma la compra de sistemas de artillería móvil y misiles antibuque de fabricación india. El gasto de defensa filipino pasó de cuatro mil cien millones de dólares en 2022 a más de seis mil millones en 2025. La transformación es real, pero asimétrica. Filipinas adquiere capacidades que solo tienen sentido en un escenario de confrontación y que requieren interoperabilidad con Estados Unidos para ser eficaces. Cada dólar adicional consolida la dependencia, no la reduce.

Los ejercicios conjuntos son la cara más visible. El principal ejercicio anual ha pasado de cinco mil efectivos en 2022 a más de dieciséis mil en 2024, con participación de Australia, Japón, Francia e Inglaterra como observadores. La intensidad operacional no tiene equivalente en ningún otro país del Sudeste Asiático.

Los puntos de tensión

La presión se concentra en dos atolones dentro de la zona económica exclusiva filipina. En uno de ellos, Filipinas mantiene desde 1999 un viejo buque varado deliberadamente con una guarnición reducida de infantes de marina, como base jurídica de su reclamación de soberanía. Cada operación de reabastecimiento es un pulso: en junio de 2024 se produjo el incidente más grave desde el inicio de las tensiones, cuando guardias costeros armados abordaron y destruyeron embarcaciones filipinas, hiriendo a varios militares.

Washington calificó el incidente de «peligroso» y reiteró que cualquier ataque armado contra fuerzas filipinas invocaría las obligaciones de defensa mutua. Pero la declaración no fue seguida de acción militar alguna. Esa secuencia —respuesta diplomática contundente, ausencia de respuesta operacional— alimenta la inquietud filipina: ¿hasta dónde llega realmente la garantía estadounidense? La estrategia de Manila opera bajo el supuesto de que la mera presencia norteamericana disuadirá una escalada, pero esa disuasión nunca se ha puesto a prueba.

El tercer eje, geográficamente más sensible, es el estrecho marítimo entre la isla de Luzón y Taiwán. Por él circula una parte sustancial del tráfico comercial entre el Pacífico y el mar del Sur de China. En febrero de 2026, por primera vez, fuerzas filipinas, estadounidenses y japonesas realizaron ejercicios conjuntos sobre ese estrecho. El propio Marcos Jr. reconoció la implicación: «Si hay una guerra en Taiwán, no podemos evitar ser arrastrados, dada nuestra geografía». Es un reconocimiento implícito de que las bases en el norte del país convierten a Filipinas en plataforma operativa de cualquier respuesta estadounidense.

¿Por qué la analogía con Ucrania funciona y por qué falla?

La comparación opera en varios niveles. En el estructural, las similitudes son notables: Ucrania era país frontera con Rusia y receptora de la alianza atlántica; Filipinas es país frontera con China y receptora del sistema de alianzas estadounidense. Ucrania dependía militarmente de Occidente y económicamente de Rusia; Filipinas depende militarmente de Washington y económicamente de Pekín, su mayor socio comercial.

En el nivel de los costes, la analogía es aún más fuerte. El país aliado asume los costes materiales de la confrontación —pérdida comercial, suspensión de inversiones, destrucción potencial— mientras el protector provee armamento, inteligencia y respaldo diplomático, pero preserva su territorio. Filipinas ya está incurriendo en esos costes: el turismo chino se ha desplomado, las inversiones en infraestructura están paralizadas. A cambio, Washington ofrece armamento pero no garantías automáticas de defensa. La pregunta es la misma que se planteó Kiev antes de 2022: ¿hasta dónde llega realmente el compromiso del protector?

Pero hay diferencias sustanciales. Filipinas es un archipiélago: una invasión terrestre es geográficamente improbable y el escenario de conflicto es marítimo y aéreo. No existe una minoría china irredenta comparable a la rusófona del Donbás, por lo que carece de equivalente la acción separatista que justificó la intervención rusa en 2014. Y Filipinas sí tiene un tratado formal de defensa mutua con Estados Unidos, mientras Ucrania nunca tuvo garantías formales de la alianza atlántica. Estas diferencias hacen que el escenario filipino sea menos volátil que el ucraniano, pero no lo hacen menos funcional: la dependencia asimétrica, los costes concentrados y la asimetría de riesgos persisten.

Quién gana, quién pierde

Para Washington, el giro filipino es la pieza más importante del tablero asiático en la última década. La estrategia estadounidense de contención marítima —que articula una cadena de islas desde Japón, pasando por Taiwán y Filipinas, hasta Borneo— necesita acceso al archipiélago filipino. Las bases en el norte, a cuatrocientos kilómetros de Taiwán, permiten proyectar fuerza sobre el estrecho sin depender de Guam, a más de dos mil quinientos kilómetros, ni de Okinawa, donde la presencia militar genera oposición local creciente. Los misiles pre-posicionados cubren con su alcance todo el mar del Sur de China y el litoral chino. En suma, Filipinas cierra el cerco oriental contra la proyección naval china hacia el Pacífico.

Para Manila, los beneficios son reales pero acotados. La modernización militar, subfinanciada durante décadas, ha recibido un impulso sin precedentes: armamento moderno, inteligencia compartida en tiempo real, apertura diplomática en nuevas coaliciones. Pero los costes son sustanciales y se concentran en el propio país: China sigue siendo el mayor socio comercial; el sector turístico, antes receptor de un millón de visitantes chinos anuales, está colapsado; las bases convierten al archipiélago en objetivo prioritario en cualquier conflicto taiwanés; el alineamiento reduce el margen de maniobra en foros regionales, donde la posición mayoritaria favorece la no alineación; y la presencia militar reactiva memorias coloniales que el nacionalismo filipino no ha apaciguado.

El giro no es indiscutido. Organizaciones progresistas filipinas han protagonizado protestas recurrentes frente a la embajada estadounidense y los cuarteles militares. Denuncian que el acuerdo de defensa se presenta como protección mientras subordina el país a objetivos estratégicos ajenos. La coalición próxima a Duterte, por su parte, ha calificado al país como «la Ucrania de Asia» y acusa a Marcos de arrastrar a Filipinas a una guerra ajena.

Las encuestas matizan el contexto: entre el sesenta y el ochenta por ciento de los filipinos es históricamente favorable a la alianza con Estados Unidos, y la percepción negativa de China se ha agravado con los incidentes marítimos. Pero la distinción es clave: la alianza es popular, la presencia de bases es contestada. La Iglesia católica, mayoritaria en el país, ha pedido «prudencia» y la «no alineación automática». Sectores del nacionalismo recuerdan el papel de Washington en la colonización y en el respaldo a la dictadura del padre del actual presidente. La memoria histórica, en Filipinas, no juega a favor de una alianza acrítica.

¿Destino inevitable o elección política?

¿Está Filipinas asumiendo el papel de la Ucrania de Asia? El patrón se cumple con notable precisión: país frontera con el rival, dependiente militarmente del protector, dependiente económicamente del adversario, asumiendo costes asimétricos. Pero la trayectoria bajo Marcos Jr. no es un destino inevitable, sino el resultado de elecciones políticas concretas: expandir el acuerdo de defensa a nueve bases, pre-posicionar misiles de largo alcance, participar en ejercicios junto al estrecho de Taiwán, romper el pacto tácito con Pekín sobre aguas disputadas. Cada una se justificó como respuesta a la presión sobre la zona económica exclusiva filipina, pero cada una consolida también la dependencia militar y restringe el margen de maniobra futuro.

El modelo alternativo existe en la región. Vietnam, con diferencias históricas mayores con China, ha optado por no alianzas militares, no alineación de un país contra otro, no bases extranjeras y no uso de la fuerza. El resultado es una modernización militar autónoma y un margen diplomático que Filipinas ha perdido. Indonesia y Malasia aplican variantes similares: cooperación limitada con Washington sin abandonar la relación con Pekín.

«Filipinas sería arrastrada, a regañadientes, a una guerra por Taiwán.» — Ferdinand Marcos Jr., agosto de 2025

La advertencia del propio presidente debe leerse no como exageración sino como diagnóstico. Si la trayectoria actual se mantiene, Filipinas pagará, en cualquier contingencia, los costes de ser la primera línea de un choque diseñado en Washington, no en Manila. El debate pendiente es si ese papel es elegido o sufrido, y si aún hay margen para una política exterior con mayor autonomía. «La Ucrania de Asia» es, sobre todo, una advertencia: que un aliado puede convertirse, sin darse cuenta, en vanguardia de una guerra que no quiere.