La catástrofe que pudo ser y no fue

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Julián Gómez-Cambronero Alcolea @CongoActual elcongoenespanol.blogspot.com

Era marzo de 2024, un día como otro cualquiera repasando las noticias del Congo y de África, cuando me encontré con una que casi pasaba desapercibida y de la que en España no sabíamos nada. Era escalofriante y me faltó tiempo para difundirla

En Gambia, con todas las de la Ley y democráticamente, se habían puesto a un paso de despenalizar la mutilación genital femenina (MGF). Si ya es una auténtica locura, por decirlo suavemente, que haya países donde es legal, que uno que la prohibía pudiera volver atrás, más aún con el apoyo aplastante de su parlamento, ponía el corazón en un puño y hacía preguntarse muchas cosas.

La historia era ésta, y la acompañaban varias importantes curiosidades. En 2015 una Enmienda a la Ley de la Mujer de 2010 penalizó la mutilación genital femenina. Esta Ley establecía duras penas para quien la practicara, que iban desde multas hasta tres años de prisión, e, incluso, afectaba a quien, teniendo conocimiento de que iba a ocurrir, “no advierte o informa de inmediato a las autoridades competentes”. Obviamente esta prohibición no había evitado que se siguieran practicando mutilaciones, que en la casi totalidad de los casos no se denunciaban. Desde 2018 hasta 2021 solo hubo una denuncia, que quedó sin sanción. Pero en 2023 la cosa cambió.

Tres mujeres fueron multadas por practicar una MGF y varios clérigos pusieron el grito en el cielo -y uno de ellos pagó las multas-. Se produjo entonces una reacción contra la prohibición en la que entró el Consejo Supremo Islámico de Gambia y especialmente el Imam Abdoulie Fatty, pagador de las multas y líder de esta reacción. Finalmente acabó en una propuesta en el Parlamento, que solo contaba con cinco parlamentarias. De los 47 parlamentarios presentes, 42 votaron a favor de un texto que despenalizaba la mutilación genital femenina, si bien éste debía volver a una comisión parlamentaria que lo revisaría y lo volvería a presentar para su aprobación definitiva.

Como no podía ser de otra manera, durante la sesión parlamentaria se escucharon auténticas barbaridades, semejantes a las que habían conseguido llevar la propuesta a la Asamblea gambiana: “tiene como objetivo preservar la pureza religiosa y los valores culturales”, dijo el ponente. «Es una violación directa del derecho de los ciudadanos a practicar su cultura y religión (…), siendo la población gambiana predominantemente musulmana”, se había argumentado también, o que hacía a las mujeres más limpias, del citado Imam Fatty, que defendía unas (falsas) raíces islámicas. Otro argumento, muy socorrido en otros asuntos, incluso en España, siempre que se trata de justificar abusos contras las mujeres y niñas, era el de que, puesto que legales o no, se iban a seguir produciendo mutilaciones, su legalidad facilitaría la “medicalización” de éstas y una mayor seguridad para las mujeres y niñas violentadas con esta práctica.

El panorama en Gambia

Hablaba antes de curiosidades en toda esta historia. La primera era que la prohibición vino durante el período en que Gambia había sido una República Islámica -sin duda un hecho poco conocido que se desarrolló de 2015 a 2017-. La otra que, pese al mayoritario apoyo parlamentario a la despenalización, tanto el presidente del país, Adama Barrow, como el gobierno, estaban en contra. Con un parlamento tan predispuesto, parecía que la posibilidad de mantener ilegalizadas las mutilaciones tendría que venir de fuera, teniendo en cuenta que Gambia es un pequeño país y no podía enfrentarse a una condena mundial.

Desde la ONU y UNICEF, pasando por organizaciones feministas internacionales y de diferentes naciones, como España, hasta su antiguo colonizador, el Reino Unido, con gran influencia sobre Gambia, se oponían a este cambio de Ley. Personalmente escribí a la legación española en la capital, Banjul, -España no tiene embajada en Gambia- para preguntar por la posición española y me confirmaron que existía una acción conjunta de embajadas y legaciones extranjeras para presionar al gobierno gambiano.

“Esto no se trata sólo de la mutilación genital femenina, se trata de las mujeres y el control de los cuerpos de las mujeres”

Estas palabras las pronunció Jaha Marie Dukureh, fundadora de la organización Safe Hands for Girls, que lideró la fuerte oposición de las mujeres gambianas a esta propuesta.

Finalmente llegó el día de la votación definitiva, con cientos de mujeres fuera del parlamento y algunas dentro manifestando su oposición. Era el 15 de julio de 2024 y 33 parlamentarios votaron en contra de legalizar la MGF mientras 19 lo hicieron a favor. El vuelco se había producido…

Quizá haya quien se pregunte dónde está la catástrofe anunciada en el título de este artículo pues, mayormente, relacionamos el término con desastres naturales, terremotos, inundaciones… Gambia tiene casi tres millones de habitantes, la despenalización de la MGF habría facilitado que la mitad de esa población y de todas las niñas que nacieran sufrieran una de los más graves abusos que se pueden cometer contra mujeres y niñas y sus cuerpos, y cientos de miles de vidas habrían quedado gravemente marcadas para siempre. Y eso es una catástrofe.

Por supuesto que el hecho de que estén prohibidas no evita que las mutilaciones se sigan produciendo. Según UNICEF, el 73% de las mujeres y niñas gambianas de entre 15 y 49 años han sido mutiladas. Será difícil que la actual Ley se cumpla, que haya denuncias, que haya condenas, pero siendo legal… simplemente no sería posible ni denunciar ni condenar y cualquier cambio a mejor se enfrentaría a la legalidad vigente de una atrocidad que en muchos países, incluso “del Norte” sigue ocurriendo. La legalización de la MGF, también, podría haber allanado el camino hacia legalizar el matrimonio infantil. Por esta vez, cientos de miles de mujeres y niñas pudieron escapar de un martirio seguro… aunque todo esté por hacer.

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