La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Marbella ha puesto en riesgo la seguridad y la salud de su personal tras la externalización del servicio médico municipal a la mutua privada ASPY Prevención a finales de 2025. Según el sindicato, este cambio en el modelo de gestión ha provocado una serie de decisiones que afectan directamente a trabajadores y trabajadoras con problemas de salud, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o limitaciones reconocidas previamente.
La organización sindical sostiene que la nueva gestión ha supuesto la revocación de adaptaciones de puesto de trabajo que ya estaban consolidadas, lo que está generando una situación de incertidumbre y preocupación entre la plantilla municipal. Ante este escenario, CGT ha convocado una movilización para el próximo 24 de abril con el objetivo de exigir al consistorio que revierta la externalización y recupere un servicio médico propio.
Uno de los principales puntos de conflicto señalados por el sindicato es la forma en la que ASPY estaría evaluando los informes médicos procedentes de la sanidad pública. Según CGT, la mutua estaría desestimando dichos informes cuando superan un mes de antigüedad, incluso en casos de enfermedades crónicas o degenerativas, lo que consideran una práctica “injustificada y peligrosa”.
El sindicato denuncia que este criterio no tiene en cuenta la naturaleza de muchas patologías, que no evolucionan de forma significativa en periodos tan cortos de tiempo, y que requieren un seguimiento continuado y especializado. En este sentido, critican que se esté cuestionando la validez de informes emitidos por especialistas del sistema público de salud, lo que a su juicio supone una deslegitimación de la sanidad pública.
Además, CGT afirma que en numerosos casos las evaluaciones realizadas por la mutua se basan principalmente en analíticas rutinarias y controles básicos, sin una valoración integral de las limitaciones funcionales de los empleados. Esta metodología, sostienen, resulta insuficiente para determinar si una persona puede desempeñar su puesto de trabajo con garantías de seguridad.
Otro de los aspectos más graves denunciados por el sindicato es la supuesta inclusión en los informes de ASPY de pruebas médicas que, según los propios trabajadores afectados, nunca se habrían realizado. CGT considera que estas situaciones, de confirmarse, podrían constituir una grave irregularidad en el proceso de evaluación médica laboral.
Estas acusaciones han generado una fuerte inquietud entre la plantilla municipal, que teme que las decisiones médicas puedan estar condicionadas por criterios ajenos a la protección real de la salud de los trabajadores. El sindicato insiste en que la prevención de riesgos laborales no puede quedar supeditada a criterios económicos o de gestión privatizada.
Uno de los efectos más inmediatos de esta nueva política, según denuncia CGT, es la revocación de adaptaciones de puesto de trabajo que habían sido previamente concedidas por motivos de salud. Estas adaptaciones permiten a trabajadores con enfermedades crónicas o limitaciones físicas desempeñar sus funciones sin poner en riesgo su integridad.
La eliminación de estas medidas está obligando, según el sindicato, a que algunos empleados regresen a tareas que no pueden realizar con seguridad, lo que podría agravar sus patologías o incluso provocar nuevas bajas laborales. Para CGT, esta situación evidencia un cambio de enfoque en la gestión de la salud laboral dentro del consistorio.
El secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, ha sido especialmente crítico con la decisión del Ayuntamiento de Marbella de externalizar el servicio médico. En sus declaraciones ha acusado al consistorio de “privatizar la prevención de riesgos laborales” y de poner la salud de la plantilla en manos de lo que califica como “mercenarios de la medicina”.
Según Montenegro, el objetivo del nuevo modelo sería facilitar la reincorporación de trabajadores con restricciones a puestos en los que no pueden desempeñar sus funciones adecuadamente, ignorando las evaluaciones previas realizadas por la administración pública.
El sindicato sostiene que este enfoque responde a una lógica de gestión más centrada en la reducción de costes y la optimización de recursos que en la protección efectiva de la salud laboral. En este sentido, advierten de que la prevención de riesgos laborales debe ser un servicio público, independiente y basado en criterios estrictamente médicos.
Ante esta situación, CGT ha convocado una protesta para el 24 de abril con el objetivo de exigir al Ayuntamiento de Marbella que revierta la externalización del servicio médico y recupere un modelo de gestión público. El sindicato considera que solo así se podrán garantizar evaluaciones médicas independientes y adaptaciones laborales justas.
La organización sindical insiste en que la salud de los trabajadores no puede quedar supeditada a decisiones administrativas o empresariales, y reclama una revisión urgente del modelo implantado. Asimismo, advierte de que continuará con las movilizaciones si no se producen cambios significativos en la política de prevención de riesgos laborales del consistorio.
El caso ha abierto un debate más amplio sobre el papel de las mutuas privadas en la gestión de la salud laboral en la administración pública. Mientras el Ayuntamiento de Marbella defiende la eficiencia y especialización que puede aportar la externalización, los sindicatos alertan de una posible pérdida de garantías para los trabajadores.
En este contexto, el conflicto entre CGT y el consistorio se mantiene abierto, a la espera de posibles negociaciones o de una respuesta institucional que aborde las críticas planteadas. Lo que está en juego, según el sindicato, no es solo un modelo de gestión, sino la seguridad y dignidad laboral de cientos de empleados públicos.
