La gestión del Partido Popular en Andalucía, encabezada por Juan Manuel Moreno Bonilla, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras dar un nuevo paso en el proceso de privatización de servicios públicos esenciales. En esta ocasión, el foco se sitúa en el transporte sanitario de Huelva, cuya gestión ha sido entregada a un fondo de inversión, desplazando a empresas locales que durante más de dos décadas habían sostenido este servicio.
La operación es parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento progresivo de lo público en favor de intereses privados. Bajo el discurso de la eficiencia y la modernización, se esconde una lógica de mercado que convierte derechos básicos en nichos de negocio. El resultado: servicios precarizados, pérdida de control público y un ataque directo a las condiciones laborales de quienes sostienen el sistema.
El contrato, valorado en 100 millones de euros y con una duración de cinco años, ha sido adjudicado al Grupo SSG, propiedad del fondo Asterion Industrial Partners.
Mientras tanto, la Unión Temporal de Empresas (UTE) onubense, formada por cooperativas y empresas locales con más de 20 años de experiencia, ha sido excluida bajo criterios administrativos cuestionados. Esta decisión no solo rompe con un modelo arraigado en el territorio, sino que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.
Las consecuencias de este tipo de políticas son claras. La entrada de fondos de inversión —frecuentemente denominados “fondos buitre”— implica una gestión orientada al beneficio rápido, donde los recortes en personal, salarios y condiciones laborales se convierten en herramientas habituales para maximizar la rentabilidad. En este contexto, la calidad del servicio pasa a un segundo plano.
El impacto no se limita al ámbito laboral. La ciudadanía también se ve afectada por una progresiva degradación del servicio público, que deja de responder a criterios de universalidad y equidad. El transporte sanitario, pieza clave en la atención urgente y programada, no puede entenderse como un negocio más sin poner en riesgo la salud y la vida de las personas.
Este nuevo episodio evidencia una tendencia preocupante: la sustitución de lo público por intereses privados en sectores estratégicos. Frente a ello, el movimiento obrero y social se enfrenta al reto de organizarse y responder, defendiendo no solo los puestos de trabajo, sino el derecho colectivo a unos servicios públicos dignos, gestionados con criterios sociales y no mercantiles.
La privatización del transporte sanitario en Huelva no es más que un síntoma de un modelo que avanza, paso a paso, desmantelando lo común para entregarlo al mejor postor. Y, como siempre, quienes pagan el precio son las trabajadoras y trabajadores.
