Un trabajador de 25 años falleció mientras trabajaba en un invernadero en la localidad granadina de Motril, en un suceso que ha vuelto a poner en el centro del debate las condiciones laborales en el campo andaluz.
Según denunció el sindicato Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el joven llevaba apenas dos días trabajando y lo hacía sin contrato ni medidas básicas de seguridad cuando sufrió una electrocución mortal mientras realizaba labores de cambio de plásticos en la instalación agrícola.
Desde el sindicato han exigido la apertura de una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. Asimismo, trasladaron su solidaridad y apoyo a la familia y allegados del trabajador fallecido, reclamando “verdad, justicia y responsabilidades”.
El accidente vuelve a señalar la situación que viven miles de jornaleros y jornaleras en los invernaderos del sur peninsular. En amplias zonas del litoral andaluz, donde se concentra el conocido modelo agrícola del llamado “mar de plástico”, organizaciones sindicales y colectivos sociales denuncian desde hace años condiciones laborales marcadas por la precariedad, la falta de prevención de riesgos y la escasez de inspecciones de trabajo.
Según los datos citados por el SAT, en el conjunto del Estado español murieron 735 trabajadores y trabajadoras en accidentes laborales durante 2025, de los cuales 121 se registraron en Andalucía. El sector agrario continúa siendo uno de los más castigados por la siniestralidad laboral: solo en 2025 se contabilizaron 48 trabajadores fallecidos en actividades agrícolas.
En los primeros meses de 2026, además, ya se han registrado nuevas muertes laborales en distintos sectores, lo que vuelve a evidenciar la persistencia de problemas estructurales en materia de prevención y control.
Desde el sindicato señalan que estas cifras no son hechos aislados, sino el resultado de un modelo productivo que, denuncian, prioriza el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de la clase trabajadora. Entre los factores señalados se encuentran el fraude laboral, la contratación irregular, la falta de equipos de protección y la insuficiencia de inspecciones.
El SAT ha reclamado responsabilidades tanto a la empresa implicada como a las administraciones públicas. En concreto, señalan al Ministerio de Trabajo y a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por lo que consideran una falta de control efectivo sobre las condiciones laborales en el sector agrario.
El fallecimiento del joven trabajador vuelve a abrir el debate sobre la situación en los invernaderos andaluces, donde miles de trabajadores —muchos de ellos temporeros— sostienen uno de los principales motores exportadores del Estado español, pero frecuentemente lo hacen en condiciones que organizaciones sindicales y sociales califican de precarias e inseguras.
Mientras se esperan los resultados de la investigación sobre el accidente de Motril, el movimiento sindical insiste en la necesidad de reforzar las inspecciones laborales, garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos y combatir el empleo irregular en el campo.
