El caso de la trabajadora despedida por ABANCA, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ( ECLI:ES:TSJGAL:2025:5648), es mucho más que un hecho aislado: es un ejemplo descarnado de cómo el sistema financiero y empresarial español sigue excluyendo a quienes, pese a sus limitaciones de salud, pueden seguir aportando valor. La incapacidad parcial no puede ni debe ser un motivo para justificar despidos ni para castigar a trabajadores con décadas de experiencia. Este fallo representa una victoria de la justicia, pero también un llamado urgente a la conciencia obrera: la lucha por los derechos laborales es permanente, y los ataques a la dignidad de los trabajadores son sistémicos.
La trabajadora, empleada de ABANCA desde 2000, sufrió graves problemas de salud —un trastorno depresivo mayor y una fractura de peroné— que la llevaron a ser reconocida en abril de 2024 con incapacidad permanente total para su puesto de directora de sucursal bancaria. La empresa, en vez de ofrecer un entorno inclusivo, la reubicó en tareas de back-office donde su desempeño fue evaluado positivamente, pero al solicitar ajustes razonables, optó por extinguir su contrato. No fue la discapacidad lo que impidió su permanencia: fue la decisión corporativa de marginarla y justificar su salida con criterios arbitrarios.
Este hecho refleja la discriminación estructural que opera en el mundo financiero: se tolera la presencia de trabajadores con limitaciones solo si no generan “molestias” a la eficiencia empresarial, y cualquier demanda de adaptación se convierte en pretexto para el despido. Es un patrón que viola derechos fundamentales y perpetúa la desigualdad. La sentencia del TSXG lo deja claro: negar ajustes razonables o extinguir un contrato por razones de discapacidad constituye un acto discriminatorio, contrario a la Constitución Española (art. 14), la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El tribunal subraya además la obligación empresarial de adoptar ajustes razonables conforme a la Directiva Europea 2000/78 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (STJUE “Ca Na Negreta”, C-631/22). ABANCA no pudo demostrar que la adaptación solicitada supusiera una carga desproporcionada, y la evaluación positiva del desempeño evidencia que la trabajadora podía desempeñar plenamente sus funciones. La extinción unilateral del contrato es, por tanto, un despido nulo, con derecho a readmisión y salarios dejados de percibir.
Más allá de la reparación económica —30.000 euros de indemnización y salarios atrasados—, la sentencia constituye un mensaje político y social: los trabajadores con discapacidad no son prescindibles ni responsables de sus limitaciones, y cualquier intento de exclusión se enfrenta a la justicia. Pero no basta con fallos judiciales: se requiere organización obrera, conciencia colectiva y presión constante para erradicar prácticas discriminatorias en todas las empresas. La patronal financiera no debe considerar estos casos como excepciones: son síntomas de un sistema que prioriza beneficios sobre derechos humanos, y que necesita ser desafiado con unidad y firmeza.
El caso de ABANCA debe ser un ejemplo de resistencia y reivindicación: la dignidad laboral, la igualdad y la inclusión no son concesiones voluntarias, sino derechos irrenunciables. Cada despido injustificado por discapacidad, cada intento de marginación laboral, debe ser enfrentado con la fuerza de la ley y la solidaridad obrera. La justicia laboral protege hoy a una trabajadora, pero mañana depende de la movilización colectiva para proteger a miles.
Por eso, desde una perspectiva de clase, este fallo no solo restaura derechos individuales: es un llamado a todos los trabajadores a organizarse, exigir entornos inclusivos y castigar la discriminación estructural en el empleo. La lucha por la dignidad, por la igualdad y por la participación plena de todos los trabajadores, con o sin discapacidad, continúa. ABANCA fue señalada hoy, pero el combate es contra un sistema que, aún disfrazado de eficiencia, reproduce desigualdad y exclusión. La respuesta obrera debe ser firme: derechos laborales, justicia social y no discriminación son no negociables.
