El Juzgado de lo Social nº1 de Almería ha dictado una sentencia histórica en defensa de la clase trabajadora. En el procedimiento, el magistrado encargado del caso ha reconocido que un trabajador, oficial de primera en la empresa Fulton Servicios Integrales S.A., fue víctima de acoso laboral sistemático por parte de su encargado, en el mantenimiento del Hospital de Alta Resolución de El Toyo (Almería).
Durante meses —según los hechos probados—, el trabajador sufrió insultos, humillaciones y amenazas: “inútil”, “tonto”, “voy a hacer todo lo posible para echarte”. Las agresiones verbales se producían ante compañeros y personal del hospital, hasta provocar al trabajador un ataque de ansiedad que lo llevó a baja médica por “trastorno de pánico”.
Pese a las denuncias del afectado y de la delegada sindical ante la dirección de Fulton, la empresa miró hacia otro lado. No fue hasta diez días después de la primera denuncia que se abrió el protocolo de acoso, y aun así, la empresa concluyó falsamente que “no había acoso”, reduciendo lo ocurrido a un “conflicto laboral”.
El juzgado ha rechazado ese intento de blanqueo patronal
La sentencia es clara: hubo vulneración del derecho fundamental a la integridad moral (art. 15 de la Constitución) y responsabilidad empresarial directa por no haber protegido al trabajador. El fallo también reconoce la sucesión legal de empresas —al haberse subrogado OHL en la contrata—, obligando así a ambas compañías a asumir la condena solidaria.
El acoso no es un caso aislado, es una forma de control patronal
Este caso no es una excepción: refleja una realidad cotidiana en cientos de contratas, subcontratas y servicios externalizados donde los trabajadores están sometidos a presiones, humillaciones y precariedad. El acoso laboral busca doblegar la voluntad del trabajador, destruir la organización sindical y forzar renuncias “voluntarias”.
Fulton y OHL —dos grandes empresas que se benefician de contratos públicos— representan el modelo de privatización encubierta de servicios esenciales. Bajo su gestión, el mantenimiento hospitalario se convierte en un negocio a costa de la salud de quienes lo sostienen con su trabajo.
Un precedente en la lucha por la dignidad obrera
La sentencia a favor de este trabajador no solo repara un daño individual: abre camino a otros trabajadores que sufren acoso en silencio. El juez reconoce la obligación de las empresas de prevenir y detener cualquier hostigamiento, y pone en evidencia la hipocresía de quienes usan los “protocolos de acoso” como simple maquillaje legal.
Desde El Común, nos unimos a las voces sindicales y obreras que reclaman el fin del acoso laboral, la responsabilidad directa de las empresas principales en las contratas y la reversión pública de los servicios externalizados. La salud, la dignidad y la vida de la clase trabajadora no son una mercancía.
