El conflicto laboral que sacude al aeropuerto Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela, ha estallado como síntoma de un problema mucho mayor: la precarización estructural del trabajo en el sector aéreo y la impunidad con la que las multinacionales operan sobre infraestructuras públicas.
El pasado lunes, las trabajadoras y trabajadores de Azul Handling, empresa de asistencia en tierra que presta servicios a Ryanair, secundaron una huelga general convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y Comisiones Obreras (CCOO). El motivo: un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretende despedir a 79 personas y reducir al 50 % la jornada de otras seis, dejando el aeropuerto con un equipo mínimo, incapaz de mantener un servicio digno.
Un ERE sin justificación y con olor a chantaje empresarial
Ryanair alega que la medida responde al cierre de su base en Santiago, pero los sindicatos aseguran que se trata de una decisión coordinada entre la aerolínea y Azul Handling, ambas pertenecientes al mismo entramado empresarial. “No existen causas reales que justifiquen el ERE. Es un ataque directo al empleo estable y a la negociación colectiva”, denuncian desde la CIG.
El comité de empresa acusa a Ryanair de maniobrar para sustituir a personal con derechos consolidados por contratos más precarios, repitiendo un patrón ya visto en otros aeropuertos del Estado.
Por si fuera poco, los servicios mínimos impuestos por la autoridad laboral, que rozan el 100 %, anulan de hecho el derecho a huelga, uno de los pocos instrumentos que le queda a la clase trabajadora para defenderse. Los sindicatos han anunciado que recurrirán la medida ante los tribunales.
Una lucha que trasciende Lavacolla
El impacto de este expediente no se limita al personal de Azul Handling. Detrás de cada despido hay familias, barrios y economías locales que dependen de la actividad del aeropuerto: desde la hostelería y el transporte hasta los servicios de limpieza y mantenimiento.
Además, la retirada de Ryanair de su base operativa puede traducirse en menos rutas, menos conectividad y más aislamiento para Galicia, una comunidad ya castigada por la centralización de las comunicaciones en Madrid.
Voces desde la resistencia
“Con nuestro trabajo no se juega”, fue uno de los lemas coreados durante la jornada de huelga. Roberto Alonso, secretario comarcal de la CIG-Servizos, calificó los servicios mínimos de “abusivos” y denunció que el Gobierno gallego “se pliega a los intereses de las empresas privadas mientras se vulneran derechos fundamentales”.
Desde CCOO, el delegado Alberto Couceiro recordó que la propuesta de la empresa —30 días por año trabajado y 15 mensualidades de compensación— “es una burla”, y advirtió de que Ryanair busca abaratar costes a costa del empleo gallego.
También hubo pronunciamientos desde el ámbito político local. María Rozas, teniente de alcaldesa de Santiago, expresó su apoyo al personal en lucha y subrayó que “el aeropuerto es una infraestructura estratégica para Galicia, no un negocio privado que las multinacionales puedan desmantelar a su antojo”.
Galicia ante un modelo agotado
El caso del Rosalía de Castro vuelve a poner sobre la mesa la dependencia de Galicia de las grandes empresas extranjeras, que actúan sin control público sobre sectores esenciales como el transporte. Mientras Ryanair y otras aerolíneas acumulan beneficios récord, los trabajadores que sostienen el servicio viven en la incertidumbre y la precariedad.
La CIG y CCOO anuncian nuevas movilizaciones y recursos legales contra el ERE, mientras la plantilla mantiene la presión en la calle. Su lucha, afirman, no es solo por sus empleos, sino por el derecho de Galicia a tener un futuro digno, con trabajo y con soberanía sobre sus infraestructuras.
