Trabajadoras de residencias, centros de día y del servicio de ayuda en el hogar (SAF), que asisten a personas mayores o con discapacidad, se manifestaron está semana en Santiago de Compostela coincidiendo con una nueva jornada de huelga.
Se han desarrollado cuatro jornadas de huelga, convocadas por el sindicato CIG-Servizos para trabajadoras de residencias de mayores privadas y del SAF y tienen como objetivo perseguir mejoras en las condiciones laborales. En la concentración celebrada este miércoles participaron unos doscientos manifestantes que, entre otras consignas, gritaron ‘Dignidade laboral para Axuda no Fogar’, ‘Convenio digno, convenio xa’, ‘O convenio vai moi mal con esta patronal’, ‘Eles a roubar e nos a enfermar’ o ‘Patronal atende o convenio non se vende’.
La manifestación de trabajadoras ha salido de la sede de la patronal Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en el casco antiguo compostelano, ha pasado ante la sede del Consello Galego de Relacións Laborais y ha finalizado en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en el barrio de San Caetano.
Fuentes sindicales denuncian el bloqueo de negociaciones de convenios colectivos y exige protocolos que aseguren la salud y la seguridad de las trabajadoras de esos servicios.
El inicio de esta campaña de reivindicaciones de empleadas del SAF y de residencias privadas fue adoptado por CIG-Servizos a raíz del presunto asesinato a finales de julio en el municipio pontevedrés de O Porriño de una trabajadora por la pareja de una persona usuaria de dicho servicio. CIG calcula que entre residencias privadas y centros de día hay de 60 a 70 empresas con cerca de 14.000 trabajadoras, mientras que en el SAF hay unas cien empresas y unas 12.000 trabajadoras.
También se ha reclamado esta semana al Gobierno gallego incrementar los fondos destinados al SAF y se ha puesto de manifiesto la desatención a las reclamaciones de los ayuntamientos prestadores de ese servicio y de los usuarios.
Además, las manifestantes han reprochado a la Xunta que se ha producido un recorte de 17 millones de euros en la partida presupuestaria de este servicio.
