España se declara país proxeneta

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Contra la oficialización de la prostitución como «actividad económica»

Por Eva Neila Ausín

España ha cruzado una línea roja. La reciente noticia de que España ha decidido reconocer oficialmente la prostitución como actividad económica constituye, en mi opinión, uno de los mayores retrocesos políticos, sociales y feministas de nuestra historia democrática. No estamos ante una simple medida administrativa ni ante un trámite técnico de Hacienda: estamos frente a la claudicación del Estado ante los intereses proxenetas, el blanqueamiento de una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y la confirmación de que el poder político ha renunciado a la abolición como horizonte emancipador. 

Quienes defienden esta decisión apelan a la regulación como un mal menor, un supuesto paso intermedio que permitiría ordenar un sector que ya existe. Pero este argumento es tramposo y deshonesto. No se abolió la esclavitud regulando las condiciones de los esclavos; no se abolió el trabajo infantil permitiendo que los niños trabajaran con “contrato” y seguridad social; no se abolieron los matrimonios forzados fijando una edad mínima para casarse con permiso paterno. La historia demuestra que, cuando una institución es intrínsecamente contraria a la dignidad humana, el único camino posible es la abolición, no la regulación. 

Un gobierno que se autoproclama como “el más feminista de la historia” ha mostrado con esta medida toda su incoherencia. No estamos hablando ya sólo de un Ejecutivo que ha tolerado y naturalizado la prostitución como institución patriarcal; hablamos de un gobierno que, en su propia práctica, ha tenido episodios vergonzosos donde la explotación sexual de mujeres formaba parte del ocio político de algunos de sus representantes. Ahora, lejos de rectificar, da un paso más: convierte al Estado en beneficiario directo de ese sistema de violencia.

Surge una pregunta inevitable: ¿cómo piensa la ministra Ana Redondo cumplir en septiembre su promesa de presentar una ley abolicionista, cuando su propio gobierno acaba de oficializar la prostitución como actividad económica? La contradicción es flagrante. Nadie cree ya en ese compromiso, porque resulta evidente que se intentará escapar por la tangente, reduciendo el debate a la trata. Pero la trata no es el problema de raíz, sino su consecuencia más brutal. Atacar solo la trata sin cuestionar el sistema prostitucional equivale a maquillar una herida sin detener la hemorragia. Es perpetuar la demanda masculina y el negocio proxeneta bajo otro nombre.

Se suma la instrumentalización del feminismo por parte de quienes se autodenominan “el gobierno más feminista de la historia”. Hace apenas unos días, en un programa de televisión pública, se señaló al partido feminista de extrema derecha, buscando titulares sensacionalistas. Esta persecución mediática y política demuestra que el feminismo se utiliza como arma política, mientras se ignoran o se atacan sus principios reales. Lo que se evidencia es puro machismo institucional: utilizan el feminismo como escudo para vender una imagen progresista, pero luego, al normalizar la prostitución y proteger intereses proxenetas, muestran que ni comprenden ni respetan realmente la lucha feminista. Esta contradicción no es casual: normalizar la prostitución y atacar mediáticamente al feminismo forman parte de la misma operación de instrumentalización y de construcción de imagen progresista, mientras se perpetúa la violencia contra las mujeres.

Mientras se juega políticamente con el feminismo, el Estado convierte la explotación sexual en negocio. Lo verdaderamente grave no es únicamente que reconozca la prostitución como actividad económica, sino que lo hace con la intención de recaudar impuestos: de convertir el consumo de mujeres en fuente de ingresos públicos. Dicho sin rodeos: quieren que toda la ciudadanía, con cada hospital, cada carretera o cada servicio financiado por esos impuestos, participe indirectamente del negocio proxeneta. No se trata sólo de tolerar la prostitución, sino de que el Estado la asuma como fuente legítima de riqueza. Con esta decisión, el gobierno deja de ser cómplice para convertirse en proxeneta institucional. 

Se suele argumentar que con la regulación las mujeres tendrán más derechos, mayor seguridad, más control sobre sus condiciones. Pero este discurso es una falacia: lo que se regula no es el bienestar de las mujeres, sino el negocio de los compradores. Lo que se normaliza es la idea de que la prostitución es una actividad productiva como cualquier otra. El resultado es que las mujeres prostituidas siguen siendo tratadas como objetos, sólo que ahora con el sello oficial del Estado. Cada euro recaudado será dinero manchado por la violencia machista. 

La oficialización de la prostitución también abre una grieta simbólica profunda. En lugar de educar a las nuevas generaciones en el respeto mutuo, en la igualdad y en el derecho a no ser tratadas como objetos, el Estado les transmite que prostituirse es un trabajo legítimo, que comprar cuerpos es un acto económico válido, que el deseo masculino tiene rango de derecho y que las mujeres pobres pueden ser convertidas en materia prima del mercado sexual. Esto no es progreso, es regresión pura. 

Además, legitimar la prostitución como empleo agrava la desigualdad de clase y de origen. No veremos a las hijas de ministros, empresarias o catedráticas inscribiéndose como “trabajadoras sexuales”. La inmensa mayoría de las mujeres en prostitución provienen de la pobreza, de la migración forzada, de la precariedad extrema, de la violencia previa. Convertir su situación en categoría laboral perpetúa la idea de que hay mujeres de primera y de segunda: unas destinadas a ser ciudadanas plenas, otras condenadas a servir como cuerpos disponibles. La abolición del sistema prostitucional es, por tanto, inseparable de la lucha por la justicia social. 

El argumento de la “libre elección” tampoco resiste el análisis. En un sistema donde las mujeres arrastran históricamente desigualdades económicas, donde la feminización de la pobreza es un hecho, donde las redes de trata captan a las más vulnerables, ¿qué tipo de libertad puede haber? Hablar de elección en este contexto es ignorar que las condiciones de base son de coacción estructural. Decir que una mujer “elige” prostituirse es tan engañoso como decir que un esclavo “elige” trabajar para su amo porque no huye. 

No olvidemos que el reconocimiento oficial de la prostitución como trabajo también refuerza la trata. El 90% de las mujeres prostituidas en España son extranjeras, muchas bajo control de mafias. Normalizar la prostitución amplía la demanda y abre un mercado irresistible para los tratantes. La frontera entre ‘trabajadora sexual autónoma’ y víctima de trata se desvanece: el resultado es siempre el mismo, más mujeres explotadas, más hombres legitimados en la impunidad de su consumo, hablemos claro, en este país se permite a los varones pagar para «violar con impunidad» a mujeres vulnerables.

Por todo ello, hablar de regulación como medida pragmática es, en realidad, una coartada. Una manera de encubrir que no se quiere enfrentar el poder económico del proxenetismo ni el poder cultural del patriarcado. Una forma de rendirse y de maquillar la derrota con lenguaje progresista. El feminismo abolicionista no acepta estas medias tintas: la prostitución no es un empleo, es una institución patriarcal que perpetúa la violencia, la desigualdad y la mercantilización de las mujeres. 

Si el gobierno fuera coherente con su discurso de igualdad, invertiría en políticas de salida, en alternativas laborales dignas, en educación sexual basada en el respeto, en campañas contra la demanda, en leyes que penalicen a los puteros y en apoyo integral a las mujeres que quieran reconstruir su vida fuera de la prostitución. Ese es el camino de países como Suecia, Francia o Noruega, donde el modelo nórdico ha demostrado que sí es posible reducir la prostitución y proteger a las mujeres. 

Lo contrario, lo que España ha decidido ahora, es institucionalizar la desigualdad. Es entregar a las mujeres más vulnerables al mercado capitalista del sexo. Es naturalizar que el Estado pueda lucrarse de la cosificación femenina. Es, en definitiva, consolidar un régimen proxeneta con sello gubernamental. 

España no regula: legitima la violencia patriarcal. Por eso afirmo con rotundidad: la regulación no es un mal menor, es un mal absoluto. La única salida justa, ética y feminista es la abolición del sistema prostitucional. Abolir la prostitución no es una opción entre otras: es una condición necesaria para la democracia y para la igualdad real entre mujeres y hombres.

1 COMENTARIO

  1. Hace tiempo que no leía un artículo de opinión, tan bien estrucurado, tan claro y preciso en sus reflexiones, tan desgraciadamente real en las situaciones y tan preciso en la hipocresía y el cinismo rampante de esos políticos tan dignos en su casa pero tan indignos fuera de ella.
    La prostitución y la trata sexual del ser humano sobre todo en las mujeres forma parte de la propia existencia humana, pero no por ello hay que justificarla.

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