Comunicado de Élite taxi Andalucía
La Junta de Andalucía (como se está volviendo una costumbre), en un ejercicio de falta absoluta de transparencia y abuso de la mayoría que ostenta, aprobó este pasado miércoles en su Consejo de Gobierno, un Decreto Ley, del cual se desconoce su texto definitivo, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, derivada de la “polémica” reforma de 2022. Concretamente la Junta esta evaluando la concesión de 1.373 nuevas autorizaciones de VTC, que serían el preludio de cientos de ellas más, que vendrían a sumarse a las 3.713 actuales que están repartidas en la práctica entre Sevilla, Málaga y Granada en su mayoría. Todo ello sin dar una participación real al sector que ve como se expandirá esta plaga por Andalucía en detrimento del servicio público y los derechos de la ciudadanía.
Este pasado enero, desde Élite Taxi Andalucía presentamos alegaciones al borrador del Decreto aprobado la semana pasada que publicó la Junta de Andalucía, el cual consideramos una “mofa”.
Respecto a los criterios de concesión de nuevas autorizaciones VTC, se limita a establecer criterios medioambientales poco ambiciosos que, además no son aplicables a los coches eléctricos.
Hemos solicitado que se establezcan criterios medioambientales más exigentes y que se complementen con criterios de gestión de tráfico, del transporte y del uso del espacio público urbano, como así establece el Real Decreto-Ley 5/2023 de 28 de junio. En cuanto al certificado de aptitud de los conductores de VTC, la Junta pretende que los conductores que lleven dos años trabajando queden exentos de realizar la prueba para obtener el certificado de capacitación que se va a implantar (curiosamente dos años es el tiempo que la Junta ha tardado en presentar este borrador); aquellos que no reúnan esos dos años, tendrán un plazo de otros dos años para obtenerlo. A esto hay que añadir que un certificado obtenido en cualquier otra parte de España servirá para trabajar en Andalucía automáticamente. Para colmo, un único certificado servirá para trabajar en toda Andalucía, sin atender a las especificaciones de cada provincia. Para colmo, hoy lunes 16 de junio, la Junta hace la publicación al respecto en el BOJA, donde viene a “excusarse” diciendo que no se podían “imaginar” que podían recibir un aluvión de solicitudes de nuevas VTC y que a ese ritmo se doblaría el número de autorizaciones en activo en seis meses, y que por tanto aprueban el criterio medioambiental, pero lo concerniente a gestión del tráfico y espacio público se dan un plazo de dos meses para elaborar un informe que recoja esos criterios. O son muy ingenuos o subestiman el sentido común de la ciudadanía. Han tenido muchos meses, e incluso años para llegar a esa conclusión que en reiteradas ocasiones les hemos expuesto que pasaría. Y obviamente tienen difícil elaborar un informe técnico de esa complejidad en puertas del verano y en ese plazo de tiempo, a no ser que todo esto obedezca nuevamente a un “despiste premeditado” de la Junta para justificar este atropello en beneficio de estas grandes empresas privadas y plataformas de VTC.
El portavoz de Élite Taxi Andalucía, Rafael Baena, asegura que este Decreto vendría a “concluir con la labor que comenzaron en 2022, el polémico Decreto-Ley 8/2022, que generó multitud de protestas del taxi andaluz, al regular a espaldas del sector y no recoger ninguna de sus propuestas dirigidas a la protección del servicio público, que concedió “barra libre” a estas grandes empresas, modificando la normativa de transportes en su beneficio, habilitando a las VTC andaluzas para seguir prestando servicios urbanos, algo contrario a lo que dictaba la norma nacional, que venia a decir que solo podían hacer servicios interurbanos».
Ese cambio daba luz verde a un modelo de negocio depredador manejado por plataformas, fondos de inversión y grandes complejos empresariales, que algunos de ellos ya tenían un histórico de irregularidades y compra de voluntades políticas, como así reflejaba la investigación periodística del diario “The Guardian” y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que grandes grupos políticos se negaron a que hubiera una comisión de investigación respecto al escándalo.
Desde Élite Taxi avanzamos, que no le vamos a poner fácil a este gobierno andaluz, acabar como pretende con el servicio público del taxi y los derechos de las y los andaluces, como así viene haciendo con un desmantelamiento de la sanidad o la educación publica andaluza.
