Esta entrada se enmarca en el dosier que el diario elcomun.es presenta para este Primero de Mayo, en estos momentos en los que más que nunca necesitamos movilización. Como medio apostamos por la alianza fraternal contra toda opresión, toda explotación y por la paz. Frente al rearme, respuesta obrera.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el estado español gastará 10.471 millones de euros en gasto militar, para alcanzar el compromiso de destinar el 2% del PIB en defensa requerido por la OTAN. Este gasto se encuadra en el “Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa” el cual será remitido a Bruselas para su evaluación por parte de la Unión Europea y la OTAN.
Sánchez ha asegurado que esta inversión no tendrá impacto alguno en el estado de bienestar y en los servicios sociales. Sin embargo, estas afirmaciones se contradicen con lo expuesto por otros políticos europeos, como Mark Rutte, quien apuntaba que los ciudadanos europeos “deben aceptar sacrificios”; esto es, recortes en sanidad, pensiones y otros servicios públicos, “para mantener la seguridad de Europa”
De hecho, lo cierto es que, aunque este gasto en la escalada bélica no implique recortes directos sobre políticas sociales, sí que implica un recorte indirecto: el gobierno planea obtener esos más de 10 millones de euros de fondos sobrantes de otras partidas. No son fondos destinados a partidas de inversión social, pero esos fondos sobrantes bien podrían destinarse a servicios sociales. De facto, se trata de dinero público que, en lugar de destinarse a sectores que necesitan inversión, como sanidad, educación o infraestructuras, servirá para engordar los beneficios de las empresas armamentísticas.
La propia partida de dinero público más abultada para financiar este gasto es precisamente un recorte indirecto, ya que se obtiene de dinero no destinado a la financiación de las Comunidades Autónomas, cuyo presupuesto será cubierto por su salida al mercado, es decir, emitiendo deuda pública. Deuda que, lógicamente, deberá ser subsanada en algún momento, y no debe caber duda alguna de que habremos de pagarla los trabajadores. Otra de las partidas más importante será la de los fondos de contingencia, que son fondos destinados a cubrir emergencias inaplazables, como desastres naturales del calibre de la DANA sufrida el pasado octubre. En otras palabras, se está debilitando la capacidad del estado de actuar en estas situaciones de emergencia, para favorecer el gasto en defensa.
Estos son sólo dos ejemplos de las muchas partidas que sostendrán el aumento de gasto para la guerra, pero en definitiva, todas proceden del mismo sitio: el erario público. Y teniendo en cuenta que la mayoría del tesoro público se financia a través de las rentas del trabajo (mediante el Impuesto de Renta a las Personas Físicas), significa que, de una forma u otra, y que por mucho que el gobierno lo quiera adornar, los más de 10.000 millones extra para gasto militar caerán sobre los hombros de la clase trabajadora. La socialdemocracia, como es costumbre desde que lo hiciera en Alemania al borde de la Primera Guerra Mundial, vuelve a ser partidaria, y en este caso, además, ejecutora de créditos de guerra.
Es en estos aspectos, con los más profundos negocios que de forma desesperada opera el capital para tratar de sostenerse; en los que se ve el verdadero carácter de los partidos socialdemócratas: máquinas de engaño para la clase trabajadora, pues le sustrae dinero generada por ella misma y que no destina a esos servicios públicos que tanto dicen defender, para mayor beneficio de la burguesía occidental.
