Antonio Gil
2025 comienza como acabó 2024 en lo que respecta a la actuación en el plano de los derechos laborales del gobierno de coalición PSOE-Sumar: declaraciones grandilocuentes por una parte y actuaciones lesivas por otro.
Entre las novedades se encuentra la nueva regulación del proceso de obtención de una baja laboral. Alega el Gobierno que, tras analizar las cifras del año 2023, se constató que hubo más de 8 millones de bajas laborales, que supusieron un gasto de 14 millones de euros al Estado.
El Gobierno ha optado por la solución fácil al problema
Se ha procedido a la digitalización total del proceso, evitando desplazamientos innecesarios de quienes estén de baja al centro de salud o a su empresa y agilizando la tramitación, pero también facilitando el control de la gestión. Además, ahora las empresas deberán informar al INSS sobre las funciones específicas de la persona de baja, para que la evaluación de este organismo determine si el estado de salud impide desempeñar las tareas habituales. Es lógico pensar que esto redundará en un menor número de bajas en determinadas situaciones.
Además, aumentan las evaluaciones médicas durante el periodo de baja, con el fin de ajustar su duración al tiempo necesario, lo que posiblemente dará pie a que se produzcan reincorporaciones antes de la recuperación completa.
Por último, se establece una canal de comunicación directa entre las empresas la Seguridad Social, lo que permitirá a las primeras conocer en tiempo real el estado de la baja, y posibilitando el envío directo de los informes por parte del personal médico, responsabilidad que antes recaía en quien estaba en situación de baja.
