Continuación de la primera parte.
Los ensayos mundiales de puesta en marcha de la Renta Básica Universal y sus resultados demuestran que la RBU no existe más allá de experimentos sociales puntuales sin llegar a ser ejemplos verdaderamente generalizados, universales y sostenidos en el tiempo, ello ya es indicativo de su alcance.
¿Puede ser Universal, es decir se puede aplicar en cualquier economía capitalista como afirman sus patrocinadores? ¿Se puede dar en cualquiera de las economías de los países del Norte global en los que subsiste a duras penas el Estado de Bienestar, en países emergentes que sufren el lastre del dólar con una menor disponibilidad de crédito, disminución de las entradas de capital, impacto de una política monetaria más restrictiva y mayores descensos del mercado bursátil, o bien aquellos deprimidos del Sur global por el FMI ? ¿Será posible tanto en EEUU, como en la India, Argentina o Haití?
Pongamos el ejemplo de lo que supondría la financiación de la RBU en EEUU. El candidato presidencial Andrew Yang, empresario estadounidense de origen taiwanés, en la campaña presidencial de 2017, propuso su política distintiva con el «Dividendo de Libertad«, una RBU de 1000 USD al mes para cada adulto estadounidense como respuesta al desplazamiento laboral por la automatización. Tendríamos un coste total de 250.000 millones de dólares mensuales y 3 billones de dólares anuales. Ascendería a alrededor del 14% del PIB estadounidense, o el 42% del gasto total del gobierno, o el 73% de los desembolsos federales. Comparativamente: eso es más que el gasto total en salud, defensa y educación. Y sin embargo, estamos hablando de «solo» 12.000 dólares anuales (o el 19% del salario medio del hogar, o el 36% de la media de los ingresos personales en EEUU.
El sociólogo Joserra González Parada escribe: “No se debería llamar universal una idea pensada desde los países ricos y para los países ricos, por ello hay que insistir que la Renta Básica Universal NO ES UNIVERSAL. A diferencia de los derechos humanos, que son reclamables y defendibles en cualquier formación social actual. La Renta Básica Universal ni se pensó, ni tiene el menor viso de ser realidad en todo el planeta; es una propuesta para los países ricos, que pueden pagarla”. Su introducción requeriría o bien apartarse de la universalidad (por ejemplo, proporcionando prestaciones solo para los jóvenes), o bien apartarse de la incondicionalidad (por ejemplo, introduciendo un criterio de ingresos), o bien reducir el pago a pequeñas cantidades simbólicas. Otras opciones incluyen un aumento radical de los impuestos o la implementación de la «Teoría monetaria moderna»: darle al botón para que arranque la imprenta que fabrica billetes directamente sin respaldo alguno.
El Estado de Alaska, es el único ejercicio de implementación de una Renta Básica de forma incondicional a toda la población de un territorio norteamericano. Cuando el ex gobernador republicano Jay Hammond llegó al poder en 1974, el sistema tributario de Alaska gravaba mayores impuestos a las rentas más altas para mantener su sistema de gasto social y prestaciones, como en cualquier otra democracia con Estado de Bienestar, cuando se descubrió el yacimiento de petróleo más importante de América del Norte, se consideró injusto que la bonanza sólo beneficiara a la población presente y promovió la creación de lo que acabaría siendo la Alaska Permanent Fund Corporation, que desde 1982 garantiza a todos quienes hayan residido por lo menos seis meses un dividendo anual, cualesquiera sean su sexo y edad. Unos 1.765 euros anuales del Alaska Permanent Fund Dividend que no implican un aumento excesivo en los ingresos (147 euros al mes).
El documento de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica determinó que el efecto en los mercados laborales no fue significativo en el empleo, pero aumentó el trabajo a tiempo parcial (1,8 puntos porcentuales). Algunos expertos aseguran que el experimento de Alaska no debería relacionarse con el concepto de renta básica universal, ya que al fin y al cabo solo es un reparto de los beneficios obtenidos del dividendo de una cartera diversificada de regalías de reservas petroleras cuyos yacimientos tienen fecha de extinción.
Modelo canadiense de pensión no contributiva
Con la promulgación de “The Old Age Security Act” en diciembre de 1951, se implantó en el país una fórmula asistencial que comparte ciertas similitudes con una Renta Básica, en realidad no es universal, se trata de una “pensión no contributiva”, destinada por rango etario a personas jubiladas mayores de 65 años y que se otorga con independencia de lo que hayan cotizado previamente.
Por lo que para ese sector de la población esta pensión es (en principio) universal e incondicional, al no depender de sus contribuciones. También se exigen otros requisitos complementarios como el haber residido en el país canadiense durante los diez años inmediatamente anteriores a su percepción, ostentar un visado de inmigración válido en el caso de ser inmigrante. Con relación a su cuantía, durante 2018 se repartió un dividendo mensual de 586,66 dólares
canadienses, teniendo que devolver un porcentaje de su pensión aquellos destinatarios que tengan unos ingresos anuales superiores a los 74.788 dólares
La escasa cantidad económica que se percibe a través de estas transferencias requiere que se vean suplementadas a través de otras fuentes de renta (pensiones contributivas), y sólo en el caso de que el destinatario no llegue a un nivel mínimo de ingresos (fijado por la administración canadiense), se le asignará una pensión complementaria. Por tanto, se establecen dos asignaciones:
– Una pensión incondicional que sería la procedente del fondo de seguridad.
– Una pensión complementaria y condicional, para la cual el destinatario ha de demostrar que no tiene otras fuentes de ingresos o que las que tiene son insuficientes para vivir dignamente
En cuanto a su financiación, tenemos que acudir a los artículos 10 y 11 de la ley reguladora del fondo, donde se recoge un incremento del 2% del gravamen de tres figuras impositivas de diversa naturaleza:
– Del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
– Del impuesto sobre el consumo.
– Del impuesto que grava los ingresos obtenidos por las sociedades.
Posteriormente, la cantidad recaudada se destinará a la creación de un Fondo de Seguridad, para hacer frente al pago de las pensiones
. Por tanto, este sistema de financiación difiere de los propuestos para la RBU al tenerse en cuenta una pluralidad de fuentes, en vez de centrarse única y exclusivamente en determinadas figuras impositivas como el IRPF.
Su ámbito de aplicación y cuantía también la separan de la RBU, pues las sumas percibidas son insuficientes para garantizar una independencia socioeconómica, y los destinatarios son únicamente aquellos sectores de la población que cumplen con una serie de requisitos adicionales (ser mayor de 65 años y estar jubilado).
Además, sólo los que demuestren carecer de ingresos, o tener unos ingresos insuficientes, recibirán una cantidad adecuada que les garantice un mínimo de subsistencia (la pensión no contributiva más la complementaria), circunstancia que es completamente incompatible con el carácter incondicional de la RB.
Por último, ni siquiera se puede decir que sea universal entre los propios miembros de la tercera edad, pues una vez que se ha sobrepasado cierto nivel de ingresos el sujeto está obligado a devolver una porción de la asignación; en consecuencia, la cuantía no es uniforme y la prestación no es totalmente compatible con otras fuentes de ingresos, como sí lo es la RBU.
Como conclusión, estamos ante un mecanismo cuyo fin es evitar que los individuos de un sector de la población tan sensible, como es la tercera edad, caigan en una situación de exclusión económica al verse restringidas sus posibles fuentes de ingresoscon su salida del mercado laboral. No se puede equiparar en ningún momento este modelo con un sistema de RBU, al no cumplir con los requisitos esenciales de ésta, ni perseguir unos objetivos similares: no es incondicional, no es universal (ni si quiera para la parte de la población a la que va destinada) y además, es insuficiente.
En el caso del experimento piloto canadiense “Mincome” de finales de los años 70, algunos participantes hicieron uso de hecho de su recién descubierta capacidad para renunciar. En la ciudad de Dauphin (Manitoba), la renta anual garantizada durante tres años provocó un descenso de 11 puntos porcentuales en la tasa de actividad
Finlandia. Una falsa RBU
El proyecto piloto finés más acreditado como el éxito de la implantación de una RBU, convertirse en el primer país del mundo en instaurarla fracasó, solo duró 2 años (enero 2017-diciembre 2018) tras la descomunal crisis derivada del descalabro de Nokia, el país se dejó un 0,4% del PIB en 2019. El experimento no se puede llamar universal porque se elegió únicamente a parados, basado en una muestra al azar de 2.000 desocupados de entre 25 y 58 años a los cuales se dotó de una asistencia de 560 euros al mes para comparar su comportamiento con el de un grupo de control. El experimento puso a prueba la difundida objeción de que un ingreso básico asegurado desalienta la búsqueda de trabajo.
De paso, esto disminuyó el gasto público en salud mental. En el caso finlandés, el experimento nació desde las instituciones estatales (algo único ya que la mayoría de estos experimentos fueron financiados por ONG ‘s). La Seguridad Social finesa (Kela) seleccionó a 2,000 individuos otorgándole 560 euros mensuales incondicionalmente, comparándolo a otro grupo de control que siguió recibiendo los mismos beneficios que Kela otorgaba por desempleo. Los resultados preliminares en 2020 mostraron que el mayor impacto fue en la salud mental y el bienestar material, con un ligero impacto positivo en el empleo, esto luego de introducir otra variable de activación (esencialmente controles más estrictos en el grupo que no recibía el ingreso universal). El otro gran impacto fue que la confianza en las instituciones estatales creció ante la percepción de que “se estaba haciendo algo” para aliviar los problemas que los beneficiados adolecían.
Pero….el estudio de la OCDE: “Basic income or a single tapering rule? Incentives, inclusiveness and affordability compared for the case of Finland” adaptando los escenarios al modelo TaxBen de la OCDE y el modelo de microsimulación TUJA con dos escenarios de reforma de prestaciones: una prestación uniforme para todos (“renta básica”) y una regla de reducción gradual universal (“crédito universal”). Concluyó que reemplazar las prestaciones por una renta básica mejoraría los incentivos para muchos, pero con una redistribución drástica de los ingresos y probablemente un aumento de la pobreza como resultado para Finlandia.
En 2019 la Kela (Seguridad Social) solicitó al Ejecutivo finlandés más fondos para ampliar el experimento a un grupo aleatorio de otras 10.000 personas entre las que habría parados, asalariados y trabajadores por cuenta propia, con un coste estimado entre 40 y 70 millones de euros. Pero el primer ministro, Juha Sipilä, decidió no conceder la financiación adicional solicitada y optó por explorar otro tipo de modelos alternativos para modernizar el sistema de Seguridad Social.
En 2016 se realizó en Suiza un referéndum para crear una RBU que, según sus promotores, asegurase a todos “una vida digna y su participación en la vida pública”. El gobierno fue el principal opositor, argumentando que el costo sería prohibitivo y obligaría a aumentar los impuestos, a la vez que la medida atraería demasiados inmigrantes. Votó menos de la mitad de la ciudadanía y la iniciativa fue derrotada.
La precarización responde a los intereses de la clase capitalista ante la necesidad de mantener sus beneficios en crecimiento constante, veamos en 3 casos sus reacciones en defensa de la RBU:
La caída de Nokia, obligada a vender su división de móviles a Microsoft en 2013, supuso el inicio de una crisis para Finlandia; la respuesta de la burguesía fue de recortes en los servicios públicos y reformas para atacar al trabajo. Con una economía prácticamente estancada y una tasa de paro del 10%, se abre un debate sobre la RBU en 2017, Björn Wahlroos, presidente del consejo de administración de Nordea y Sampo, uno de los principales grupos empresariales del país sugería que, si la economía finlandesa pretende ser competitiva en el mercado internacional, debe plantearse complementar los salarios más bajos con un sistema de Renta Básica, lo que se calla es la trampa del modelo, éste permitirá al trabajador aceptar ofertas de trabajo con “salarios inferiores” a los mínimos establecidos en los convenios colectivos con la ayuda de la RBU, es decir un abaratamiento del coste salarial para aumentar la competitividad empresarial y aumentar la tasa de acumulación de capital. En tanto que medida monetaria redistributiva de la riqueza específicamente capitalista, la Renta Básica depende directamente de la ganancia fundada en la explotación del trabajo asalariado.
Canadá: el sector automovilístico es golpeado por la crisis en 2008-2010, con una reducción de la producción constante desde 1999 que alcanza en esas fechas el 50%. Ante esto, Ray Tanguay, antiguo presidente de Toyota Canadá y actual consejero gubernamental declaraba en 2016 que los salarios habrían de moderarse para mantener la competitividad y garantizar la supervivencia del sector, afirmó “Al final, todo [lainversión] se trata de los riesgos y beneficios, y el acuerdo con los trabajadores debe ser muy competitivo”. Como resultado, se abre un debate sobre la RBU en 2017 y se plantean programas pilotos en Ontario (donde se concentraba mayoritariamente la producción de automóviles) y la Isla del Príncipe Eduardo.
Francia: la producción de la industria francesa cayó entre 2008 y 2009 un 20%, y no consiguió recuperarse contando con una pérdida de más de 500 fábricas entre 2009 y 2015; el caso más sonado fue el cierre de los altos hornos de Arcelor-Mittal en 2013 En las elecciones presidenciales de mayo, Benoît Hamon candidato de la socialdemocracia del Partido Socialista hizo de la RBU su propuesta estrella, introduciéndola en el debate y provocando que ATTAC Francia se posicionara en contra de ella.
Subsidios condicionados en América Latina
El primer programa de estas características, «Bolsa Familia», se implantó en Brasil en 2003. Actualmente se benefician 7, 5 millones de familias (30 millones de personas); el objetivo para final de año es llegar a los 11,5 millones de familias, lo que supone un cuarto de la población. Cada familia beneficiaria recibe del gobierno federal 95 reales (41 dólares), pero luego los distintos Estados y distritos pueden aumentar -como de hecho hacen- esta cantidad. A cambio, los padres deben vacunar a sus hijos, llevarles a revisión médica y escolarizarlos.
La Renta Básica de Ciudadanía, en una ley promulgada el 8 de enero de 2004 bajo el mandato de Lula da Silva. En cuanto a su naturaleza aunque en un inicio se establezca como una “renta universal” dirigida a satisfacer las necesidades básicas de la población brasileña, su ejercicio se encuentra claramente limitado al contemplarse una implementación progresiva. Estamos ante un dividendo de carácter mensual que se otorgará por fases, empezando por los sectores de la población que se hallen en una situación de exclusión y necesidad, sin que se prevea su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas brasileño.
Además, la elección de su destinatario y de la cuantía de los dividendos está subordinada completamente a las decisiones políticas que tome el gobierno brasileño, lo que dota a la prestación de una gran inestabilidad y discrecionalidad, especialmente al no determinarse en la ya mencionada ley las fases que hay que atravesar hasta su total instauración
El Ingreso Ciudadano Universal en México.
En el año 2007, el Partido de la Revolución Democrática presentó al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso mexicano un proyecto de ley en el que se recogía un modelo de RB bajó la denominación de “Ingreso Ciudadano Universal” (ICU). El objetivo de esta propuesta es combatir el desempleo y paliar la aguda pobreza que asola a grandes sectores de la población mexicana, a través de un sistema de RBU que ahorre en costes burocráticos y elimine las discriminaciones de los programas asistenciales actuales.
Su principal peculiaridad es que siguiendo lo establecido por la doctrina relaciona a la Renta Básica con los derechos constitucionales ya consagrados, extremo que puede verse perfectamente reflejado en el artículo 1/87:
“La presente ley tiene por objeto establecer el Ingreso Ciudadano Universal cuyo fin es evitar la discriminación por razones económicas en el ejercicio de las garantías individuales constitucionalmente establecidas”
El artículo 2 del proyecto define al ICU como un auténtico derecho, por lo que se dota a la RB de un valor jurídico al nivel del resto de derechos constitucionales, aspecto que
en mi opinión es esencial para su instauración, pues de otra forma podría verse influenciada por la arbitrariedad de las distintas fuerzas políticas.
En cuanto al contenido de la asignación, el artículo 3 dispone que se trata de una “transferencia monetaria individual, no condicionada, vitalicia y no gravable, que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo vigente más alto en el país”
Destinada a los nacionales mexicanos y a los residentes en territorio mexicano, debiendo de haber transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la ley en el caso de que el individuo sea un no nacional (art. 4). En consecuencia, se pretende suspender la ayuda (con respecto a los inmigrantes) durante un concreto periodo de tiempo para garantizar en primer lugar su percepción por los nacionales. Muestra de
esto último es que en el propio texto se prevé una instauración progresiva, aplicando obligatoriamente al conjunto de los mexicanos en un periodo inferior a los 3 años.
Con respecto a su financiación, el artículo 7 señala que el Proyecto Anual de Presupuesto del Ejecutivo Federal habrá de destinar necesariamente una serie de recursos para su satisfacción. Además, no se contempla una modificación del modelo tributario para sufragar el ingreso, sino que simplemente se hace referencia a una reforma del sistema asistencial y al ahorro de costes en las labores de fiscalización y control.
A mediados de septiembre de 2005 Perú introdujo el programa «Juntos» en el distrito de Chuschi. Para final de año, se quiso aplicar el programa en otros 60 distritos y llegar así a 98.000 familias (400.000 habitantes). Como en los demás programas, para disfrutar de los subsidios -de 30 dólares al mes por familia- hay que cumplir una serie de condiciones. Las familias deben tener al menos un hijo menor de 14 años y vivir en una comunidad donde falten dos necesidades básicas: agua corriente, electricidad, servicios sanitarios… Las familias beneficiarias deben escolarizar a sus hijos y garantizar que están vacunados. Además, los padres deben tener documentos oficiales de identificación; los hijos, certificados de nacimiento; y las mujeres embarazadas deben asistir a unos cursos de formación.
La acción privada de ONGs, los programas de desarrollo en África
Otra manera de entrega de Rentas Básicas a la población. Su acción se sitúa por fuera del Estado aunque pueden colaborar con agencias estatales como la USAID norteamericana en los proyectos capitalistas de desarrollo local. Son financiadas por las agencias de cooperación internacional para el desarrollo, son las transmisoras adecuadas de estas estrategias y pueden ser consideradas como las bases locales del imperialismo. Su objetivo es facilitar y contribuir a la expansión de la acumulación de capital, tienden a desmovilizar la población, a desviar la atención de los pobres de las estructuras de poder político y económico reales y asegurar los pilares locales del sistema capitalista global.
El llamado «empoderamiento» de los pobres, es decir, dar a los pobres la capacidad de toma de decisiones no es más que una construcción ideológica ya que las clases dominantes no están dispuestas a transferir o compartir su poder real.
Jan Lust lo explica con detalle: el modo de producción capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Sobre la base de esta propiedad, el capitalista individual es capaz de extraer plusvalía de los productores directos y transformarla en capital con el fin de sobrevivir en la «batalla» con otros capitalistas y para expandir su producción. Esta relación de explotación muestra que los explotadores (capitalistas) no solo necesitan a los explotados (los productores) para su propia supervivencia como capitalistas, sino también deben mantener (reproducir) esta relación para sobrevivir como clase. Una transformación social de la sociedad implicaría la transferencia de los medios de producción en manos de la sociedad a través de un proceso de nacionalización y socialización y, por tanto, la eliminación política y económica, como clase, de los dueños de los medios de producción. Los programas de desarrollo descartan esta posibilidad o, más bien, intentan aumentar la base económica, social e ideológica del modo de producción capitalista.
En Namibia, entre 2008 y 2009, vio la luz el proyecto piloto privado, Basic Income Grant (BIG), mediante el cual se le dieron mensualmente y sin condiciones previas 100 dólares namibios (unos 15 dólares estadounidenses) a cada persona menor de 60 años y residente en el área de Otjivero-Omitara, en el centro del país.
La organización estadounidense GiveDirectly en 2016, dispuso un fondo de 30 millones de dólares para entregarlo a 295 aldeas rurales del este de Kenia, las poblaciones agraciadas se han dividido en tres grupos: en 40 aldeas, cada residente adulto recibe mensualmente 22 dólares (la mitad del promedio de ingreso en esas zonas), que se darán mensualmente durante 12 años, y en otras 80, se entrega esa cantidad, pero por dos años. Además, en 70 más se dan 1.000 dólares en dos tramos. En Marruecos, GiveDirectly en conjunción con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) elaboraron un programa de resiliencia para 1.600 cooperativas vulnerables.
Los Proyectos de desarrollo financiados internacionalmente tienen como funciones encubiertas bajo la idea de filantropía la intención de:
1. Ayudar a mantener la estabilidad política que podría verse afectada por la rebelión de las masas empobrecidas y hambrientas
2. Encerrar a la población en proyectos de pequeña escala como un medio para mistificar las estructuras que yacía en el fondo de su situación socio-económica particular.
3. Dado que estos proyectos se limitan a pequeñas comunidades y no son una amenaza para las estructuras que causan su pobreza, el «empoderamiento» de los pobres es ilusorio. Además, al dar a los pobres la administración y la responsabilidad sobre su «propio desarrollo», distrae su atención a las estructuras de poder político y económico real y restringe sus actividades al entorno local.
4. El desarrollo de los pequeños mercados locales como mecanismos para la generación de ingresos y para la difusión de la ideología capitalista. Una sociedad en camino a la transformación social rompe las cadenas con el centro capitalista, levanta su población de la miseria y la convierte en objeto y sujeto de su propio desarrollo.
Análisis de los efectos negativos de la RBU
Es imprescindible diferenciar el carácter de la ayuda entre las reformas paliativas como las políticas de bienestar tradicionales y las emancipadoras referidas a una política social que puede paliar una privación concreta o bien ser el espejismo neoliberal disfrazado.
Lo contingente es la oportunidad y el lugar donde se manifiestan los riesgos sociales. Es necesario distinguir el carácter de la ayuda entre las llamadas rentas mínimas o de Ingreso mínimo vital (IMV), singularizadas por ingresos familiares, periódicos, condicionados y no universales, pues se dirigen solo a aquellos colectivos que tienen necesidad de una ayuda económica para cubrir sus necesidades eventuales de subsistencia ante una contingencia, y aquellas otras como la Renta Básica Universal diferenciadas por sus atributos:
la RBU es un ingreso individual, periódico no temporal, incondicional sin requisitos de trabajo o renta; esto significa que es independiente de la condición socioeconómica y universal, no restrictivo, un efectivo pagado a cada miembro de la sociedad sin tener en cuenta los ingresos de otras fuentes. No es un salario en especie, sino un ingreso en metálico, es decir se produce la desmercantilización de la capacidad laboral.
Los derechos económicos de los trabajadores están mediados por el ofrecimiento de la fuerza de trabajo en el mercado laboral, la RBU facilita una “opción de salida” de tal mercantilización al convertir el sustento material en
un derecho social y separar la obtención de un ingreso de la participación en el mercado mediante el salario. Nos estaríamos encontrando ante un nuevo tipo de reformismo socialdemócrata en la era de la “subsunción real de la vida en el capital”.
En realidad, las propuestas de una Renta Básica universal podrían interpretarse como una forma de keynesianismo posmoderno, donde esta renta, más que un acto de justo reconocimiento del aporte de todos los individuos a la producción social, sería un dispositivo de salvaguarda del sistema económico capitalista posmoderno. Según los defensores de la RBU, la prestación de un salario social garantizado a la totalidad de la población permitiría que ésta fuera más creativa y productiva al tener unas mejores condiciones de vida, un mundo rosa imaginario de Barbieland, cuya realidad a la vuelta de la esquina es la precarización, y el consecuente empobrecimiento de la clase obrera, para los que dependen del trabajo la pérdida de derechos laborales supone directamente una pérdida de la calidad de vida.
A) Provocaría un aumento de la demanda de bienes y servicios, la RBU sería generadora de tensiones inflacionistas.
Puesto que todos los ciudadanos tendrían más dinero en sus bolsillos gracias a la RBU, este efecto conjunto tendría como resultado un aumento notable de los precios de esos bienes y productos (la ley de la oferta y la demanda manda: si ahora se venden menos productos y a la vez hay más compradores el vendedor aprovechará la situación para subir los precios). Con precios mayores el poder adquisitivo de los ciudadanos que han recibido la RBU se evapora: los pobres siguen siendo pobres.
B) La RB no tiene en cuenta el ciclo económico, al ser universal y constante: siempre el mismo ingreso y para todos, independientemente de si estamos en una época de boom económico o recesión. En una época de expansión económica inyectar más dinero en los bolsillos de todos los ciudadanos no hará sino calentar todavía más la economía, provocando burbujas e inflación.
C) Los costes de financiación son potencialmente muy elevados. Su implementación está ligada a la tributación fiscal que conecta con el nivel de financiamiento que necesita la RBU que representa un costo demasiado alto respecto del PIB, puede ocasionar una posible debilitación de otros programas del Estado del bienestar.
D) Los ejemplos en que se han experimentado iniciativas de RBU o cercanas a ella, muestran que han sido básicamente regiones o localidades dentro de países, es decir, no han abarcado a países enteros, no han sido universales varias de ellos, han sido con ingresos mucho menores a los que se desprenden de la propuesta teórica, a veces han sido con ingresos inestables en cantidad, y han sido en tiempos acotados.
E) Parece que hay cierto consenso sobre los programas que pueden ser eliminados: pensiones y prestaciones contributivas (hasta el nivel establecido por la RBU), todas la ayudas o subvenciones no contributivas (entre ellas, las de familia, vivienda, rentas mínimas autonómicas, etcétera). En función de la generosidad de la RBU establecida, y en la medida en que seamos escrupulosos en la eliminación de los distintos programas del Estado del bienestar sustitutivos.
F) Los empresarios pueden promover la negociación a la baja en los convenios actuales, la empresa puede perfectamente plantear la siguiente negociación colectiva con una bajada salarial con el pretexto de la crisis y no encontraría mucha oposición porque a fin de mes vas a cobrar más que ahora si le sumas la Renta Básica que ahora no cobras.
G) En el caso de recibir la RBU personas con empleo regulado: una parte de la renta del sujeto procedería del Estado y la otra parte de ésta estaría constituida por el salario que le entrega el empresario; en conclusión, una tendría carácter público y la otra ostentaría una naturaleza privada. Al darse esta dualidad el empresario la aprovecharía para minimizar al máximo el sueldo mensual de su trabajador, sin llegar a obtener el empleado menos ingresos en comparación con los percibidos anteriormente. Con esta práctica, el estado estaría subvencionando prácticamente a la totalidad de las empresas y entidades privadas, y por tanto, la RBU pasaría de ser una asignación que tiene como destinatarios a los trabajadores, a ser un medio de financiación de la actividad económica de las organizaciones privadas.
H) Los procesos de envejecimiento más intensos de los países industrializados ejercerá de por sí una presión al alza del gasto público asociado al envejecimiento: pensiones, sanidad y dependencia.
