Los derechos trans, ¿son derechos humanos?

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Por Amparo Mañés Barbé

Ya sé que es hoy en día es posible que un varón “se declare mujer”. El motivo que le lleva a hacer esa declaración, lo ignoro; y, aunque puedo respetar los sentimientos que esa persona desee compartir, nunca podré tener la seguridad de que sean ciertos, como no puedo tener la certeza de los sentimientos que declare cualquier otra persona. Es por ello que nadie debería obligarme a creerlos y mucho menos a compartirlos. Especialmente si tengo serias dudas sobre cómo alguien puede sentir lo que no es, ni por su cuerpo sexuado, ni por la socialización de género que ha recibido.

Por eso me parece inconcebible y grave que una Administración Pública, sin constancia de veracidad y amparándose en una ley injusta, cambie en el registro una realidad biológica inmutable, basándose en un sentimiento incomprobable. Hasta el punto de que reconoce la imposibilidad de documentarlo; por lo que exime a las personas interesadas de hacerlo. Basta con que una persona lo diga para cambiar su sexo en el registro. En cualquier otro caso, necesitaría numerosas pruebas documentales e incluso podría enfrentarse a la impugnación ante los tribunales. Cambiar de sexo es más fácil que cualquier otra gestión en la Administración Pública.

Hay quien ampara este insólito reconocimiento registral en que los derechos trans son derechos humanos. Y eso mueve a la urgencia en la actuación de los poderes públicos. Pero créanme si les digo que, repasadas todas las versiones de la declaración universal de los Derechos Humanos de 1948, no encuentro por ningún lado que elegir sexo sea un Derecho Humano.

Por cierto, que ese repaso sí me ha servido para ver que el Artículo 1 dice que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. O sea, que la igualdad entre hombres y mujeres sí es un derecho humano que el gobierno más feminista de la historia no parece tener ninguna prisa en cumplir de manera efectiva.

Además, observo que el Artículo 3 dice que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Este derecho es sistemáticamente incumplido por los Estados que no protegen a sus mujeres de la violencia machista. Que no hacen nada por remover sus causas. Que no protegen a aquellas que denuncian, desactivando  con ello a muchas más mujeres que ven cómo las denuncias incrementan el riesgo; por lo que siguen sufriendo en silencio un maltrato que pueda acabar matándolas a ellas, y a sus hijas e hijos. Y constato además que la Ley Trans española origina que, en los espacios públicos, mujeres y niñas vean comprometido su derecho humano a disponer de entornos seguros, al dar paso -en espacios de intimidad y privacidad- a varones autodeclarados mujeres; o a cualquier varón por la vía de declarar mixtos, espacios antes reservados en exclusiva a las mujeres.

Llego al artículo 4 que declara solemnemente que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Habrá que recordarle al gobierno el incremento incesante de las mujeres tratadas con fines de explotación laboral y, especialmente, con fines de explotación sexual. Ante esta práctica cruel e inhumana, el gobierno parece que tampoco quiere apresurarse.

Por su parte, el artículo 5 afirma de forma contundente que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Este artículo habrá que explicarlo con mucho cuidado a las mujeres en situación de pornografía y prostitución. Ya, ya sé que es imposible explicar el mantenimiento de instituciones tan brutalmente patriarcales. Porque nada justifica que los poderes del Estado permitan con su inacción -incluso a veces con su colaboración- la vulneración frontal de los DDHH de cientos de miles mujeres en España y millones en todo el mundo, en base al precitado artículo. 

La misma contundencia despliega la Declaración Universal en el artículo 10, cuando establece que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Pero la realidad es que, en nuestro Estado -y me temo que en la mayoría de ellos- cada día más mujeres constatan que su derecho humano a la justicia está devaluado respecto de ese mismo derecho en el caso de los varones. Porque son menos creídas que los hombres, son más cuestionadas que ellos; y la presunción de inocencia que tanto cuesta aplicar a las mujeres, es -en cambio-escrupulosamente respetada en el caso de los hombres, muchos de ellos cobardes mentirosos que actúan sin testigos sabiendo que la justicia les favorecerá: bien exonerándoles, minimizando el delito, o, en caso de no tener más remedio que imponerles penas, haciéndolo en su grado mínimo, cuando no conmutando las penas que les corresponderían por cursillos de formación y la promesa bien conocida hasta procedente de varones de la monarquía, del «Lo siento mucho, no lo volveré a hacer».

Me sorprende también lo que establece el artículo 13 en su punto 1: “Toda persona tiene derecho a circular libremente…” menos si eres mujer y vas por determinados sitios, a determinadas horas, o vestida de determinada manera. Ya que entonces mucha gente considera que las mujeres debemos perder ese derecho, bajo pena de sufrir la «justificada» violencia masculina.

Avanzando en el repaso cuidadoso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos llego a los contemplados en el Artículo 18 (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) y los establecidos en el Artículo 19 (libertad de opinión y de expresión). Derechos, todos ellos, que al parecer, no aplican a nuestro Estado cuando se critica la Ley Trans, por contener una mordaza incrementada, imponiendo fortísimas sanciones a quienes «piensen» que los varones no pueden ser mujeres o viceversa y, además, tengan la osadía de atreverse a expresarlo; y, desde luego, no aplica a las feministas, a las que se cancela sin vergüenza, sin pudor y sin razón, cuando al impugnar el retroceso de los derechos de las mujeres, son injustamente tachadas de tránsfobas o TERF.

Alcanzo ya el artículo 23 que establece la necesidad de garantizar la igualdad salarial que, como es sabido, es un derecho humano pendiente en el caso de las mujeres, pero que no me consta que se incumpla en el caso de las personas trans (porque, el colectivo «más discriminado de la historia», no aporta datos que avalen tal afirmación). Eso sin contar con que los cuidados dispensados por las mujeres en el seno de la familia, no solo no tienen asociado el derecho a un salario igual, sino ni siquiera a un salario; ni a ninguna de las condiciones laborales de cualquier otra actividad no lúdica: descanso entre jornadas, disfrute del tiempo libre, limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones periódicas pagadas, todos ellos, derechos humanos reconocidos en la tantas veces citada Declaración a cualquier persona que trabaje. De nuevo, los DDHH de las mujeres pendientes y sin que, al parecer, revistan urgencia para quienes nos gobiernan.

Ya vamos finalizando la lectura de la Declaración sin que haya identificado ninguna reivindicación trans como derecho humano contenido en la misma. Y así, llego al derecho a la educación, consagrado en el artículo 26. No parece inquietar a los gobiernos la vulneración de este derecho en el caso de las mujeres, suscribiendo acuerdos con estados que niegan el derecho a la educación de sus ciudadanas. O que niegan el derecho a una educación de calidad, al ignorar a las mujeres, demorando permanentemente una coeducación que permitiría avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres establecida en el artículo 1 de la Declaración. Al contrario, las instituciones gubernamentales han dado el visto bueno al secuestro de una incipiente coeducación en favor de la educación en diversidad.

La cuestión es que leer con detenimiento la Declaración Universal de los DDHH me ha permitido constatar varias cosas. En primer lugar, que a las personas trans les aplican todos y cada uno de los derechos contemplados en tal declaración. En segundo lugar que, a pesar de constituir la principal reivindicación del colectivo trans, no se incluye en parte alguna de la declaración el derecho humano a la elección individual de sexo. 

También compruebo, por un lado, que cuando el artículo 1 establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, resulta evidente que constituye un elemento principal de ese derecho el libre desarrollo de la personalidad, presente en los artículos 22 (referido a derechos de seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales, “indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad), 26 (“2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”) y 29 (“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”). Pero no contempla en ningún caso la posibilidad de que la personalidad interfiera con nuestra biología ya que, si alguna característica tiene la personalidad es que se trata, justamente, de un intangible individualísimo. Aunque sí podemos concluir que cada persona debe gozar de absoluta libertad para expresarse, comportarse y desarrollar los roles sociales que le parezcan oportunos sin que el ejercicio de esa libertad pueda implicar discriminación alguna. Pero no hay un derecho “trans” a no ser discriminado, hay un derecho a que ninguna persona sea discriminada.

Y a partir de esa conclusión, entiendo que los Estados deberían, especialmente mediante la coeducación, realizar acciones que conduzcan a la inmediata abolición del género, debido a su condición de construcción cultural que coarta, directamente, ese libre desarrollo de la personalidad en todas las personas y que, además, está en la base de múltiples opresiones y discriminaciones; especialmente en el caso de las mujeres a las que, por razón de su sexo, se las adoctrina para ser oprimidas, abriendo la puerta a la vulneración de sus derechos humanos más básicos. 

En cualquier caso, parece poco coherente que existan gobiernos que -mientras actúan con urgencia para proteger los inexistentes «derechos humanos trans»- son, en cambio, extremadamente indolentes en el caso de proteger los derechos humanos de las mujeres. Empiezo a sospechar que la versión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en poder del Gobierno, del Parlamento de España y del transactivismo, es una versión diferente de la que yo tengo. A ver si la publican y nos sacan del error. 

1 COMENTARIO

  1. Amparo Mañes con gran rigor ha dado un excelente repaso a la Declaración de DDHH para probar que no hay unos derechos trans especificos. El pensamiento feminista ya habia dicho hace rato que las personas trans al igual que otras personas de orientación sexual diferente, tienen reconocidos derechos humanos. Lo que si viene a descubrir Mañes es que no se respetan los derechos de las Humanas (Conferencia de Viena 1993) cuando no se les protege de la violencia machista. Pero claro, la ola trans inexplicablemente arrasa con la Coeducación, los Estudios de las Mujeres en la Universidad, y paro de contar….para no deprimirme mas….

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