Antonio Gil
Por “necesidades del servicio”, sin ninguna razón más, el Juzgado de lo Social nº2 de Málaga canceló la celebración de un juicio de reclamación de cantidad que estaba previsto para el 11 de marzo pasado. La nueva fecha fijada es el 20 de abril de 2028, es decir, más de 4 años de retraso.
La reclamación de cantidad fue presentada en agosto de 2021 por un peón de albañilería que fue víctima de un ERTE por la pandemia de COVID-19. La empresa le dejó a deber la indemnización correspondiente, además de la nómina del mes anterior y la parte proporcional de paga extra y vacaciones, es decir, una cantidad en torno a los 4.000 euros, según el abogado del trabajador.
Este retraso excede con mucho la situación ya existente de dilaciones en los casos de reclamaciones de cantidad o de despido. Para el abogado, este retraso, incomprensible para su cliente, y que le niega la reparación judicial, supone la posibilidad de que para entonces la empresa ni siquiera exista o sea solvente, lo que haría dilatar más el proceso para que se hiciese cargo el FOGASA. Además, puede desanimar la interposición de reclamaciones ante la excesiva dilatación de los plazos judiciales.
