Antonio Gil
El largo camino que emprendieron las cooperativas de Marinaleda para hacerse con la propiedad de la finca El Humoso parece haber llegado a su final tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En ella, este tribunal da la razón al Gobierno andaluz, que entendía que las cooperativas no cumplen los requisitos legales para completar el proceso de adquisición de las tierras.
Hablamos de 1.200 hectáreas propiedad de la Junta de Andalucía tras la compra en 1990 al Duque del Infantado, compra forzada por la presión de las movilizaciones jornaleras. Desde entonces, las cooperativas (un total de ocho) han cultivado los terrenos en régimen de concesión, con una incidencia muy importante en la economía de la zona: el objetivo de generar el mayor número de jornales posibles se ha traducido en que se generan entre 500 y 700 puestos de trabajo anuales en una localidad de unos 2.500 habitantes.
Una ley de 2011 aprobada por el gobierno regional del PSOE y un decreto de desarrollo de 2021 ya con el PP en el gobierno andaluz podría permitir, en cuanto la sentencia se haga firme, el desalojo de las fincas y su puesta a la venta.
Aunque el ayuntamiento de Marinaleda tiene opción preferente para la compra, existe el temor entre los cooperativistas de que la administración regional subaste las tierras al mejor postor en un contexto de creciente interés por parte de los grandes fondos de inversión en el campo andaluz, y en especial el regadío.
No es un temor infundado: en 2017, el gobierno autonómico pidió a las cooperativas 6 millones de euros, cifra que consideraron ‘’disparadamente alta’’. En comparación, el presupuesto del ayuntamiento de Marinaleda en 2023 era de 1,9 millones de euros.
Una de las solicitudes de los cooperativistas fue que la valoración se hiciese como si hubiese una sola cooperativa, e incluso se planteó crear una fundación, pero las negociaciones acabaron sin acuerdo.
Con el cambio de partido al frente de la Junta, comenzaron nuevamente las conversaciones, pero en esta ocasión el PP estableció un número de miembros que debían tener las cooperativas que no era cumplido por estas. La Junta ordenó el desalojo, que quedó paralizado por el recurso en el TSJA y que seguirá así si se presenta recurso de casación ante el Supremo y este emita sentencia firme.
