Se suspende el juicio en el que la Junta de Andalucía le pide 5 años de cárcel a #lostresdelsat.
Eso es lo que solicita inicialmente la Administración andaluza, como acusación particular, para una limpiadora que protestaba por haber sido despedida; su hermana, que es portavoz de una asociación de defensa de Las Kellys; y el secretario de organización del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Granada, Néstor Salvador.
Los acusados se han sentado en el banquillo por irrumpir en la planta de Dirección de una delegación territorial autonómica para exigir la readmisión de la trabajadora, Vanesa Sánchez, delegada sindical del SAT, despedida tras 11 años empleada en subcontratas, pero los testigos de la acusación no ha comparecido, aplazándose el juicio a principios de junio.
Los hechos que les imputó en su momento, el día 4 de marzo de 2020, el delegado territorial de la Junta, Gustavo Adolfo Rodríguez, son cuatro: coacciones, amenazas, allanamiento y contra el orden público.
Lo que fue una protesta sindical, derivó para el delegado en «unos hechos de una gravedad inusitada», mientras la defensa considera que «no se cometió ninguno y todo transcurrió de forma pacífica, con el despliegue de una pancarta contra el despido de la limpiadora».
Los manifestantes, hartos de que no les recibiese para tratar de solucionar el conflicto, entraron en el edificio y subieron hasta la tercera planta, la de Dirección.
En el escrito de acusación, la Junta dice que los cuatro acusados (uno de ellos, Paco Cabello, falleció el año pasado) formaban parte de «un grupúsculo de personas» que ese día «no se limitaron a gritar reiteradamente soflamas en contra del delegado territorial, al que llegaron a insultar», sino que «accedieron de forma violenta al edificio», «generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación».
Sin embargo, en las diligencias practicadas no quedó acreditado que se hubiesen producido daños ni materiales ni a las personas que se encontraban en ese momento en la delegación territorial, por lo que no se solicita una responsabilidad civil a los acusados.
El relato de los acusados, por otro lado, es completamente diferente al que refiere la Junta en su escrito de acusación: coinciden en que un grupo de personas subió a la planta donde se encuentra el despacho del delegado, en que se sacó una pancarta, pero no en las formas, porque, según ellos, todo transcurrió de forma pacífica, incluso «la policía no les pide que se identifiquen».
Entre los acusados, además, estaría la hermana de Vanesa, María José, portavoz de la Unión Kellys de Granada por la defensa de los derechos de las camareras de piso, que «no estaba allí ese día, estaba trabajando en un hotel. La conocían porque había participado en muchas de las concentraciones semanales que hicieron para protestar por su despido, pero a esa no acudió».
Curiosamente, tanto el escrito de acusación del Ministerio Público como el de la Junta sitúan por error el día de los hechos en el 4 de marzo de 2021, un año después de sucedidos.
«Hemos tenido otros casos de represión, pero no tan bestia como éste. Lo que hicimos en la delegación de la Junta forma parte de la normalidad en una lucha sindical, en un conflicto laboral. Y ni siquiera fue un encierro, únicamente hubo ocho personas que desplegaron una pancarta para pedir una reunión al delegado», señalan desde el SAT.
Estaríamos delante de un caso flagrante de vulneración de la normativa comunitaria sobre derechos sindicales.
