El gobierno autónomo de Cataluña adquirirá una partida de 1000 robots creados para realizar asistencia y compañía para personas mayores que vivan solas. Se trata de un proyecto que ya cuenta con una prueba piloto de una veintena de estos robots repartidos por el Ayuntamiento de Barcelona, que aseguran ha dado un resultado satisfactorio. Doscientos de esos robots los cederá al estado para que se empiece a aplicar por el resto de España.
Hay que señalar que la financiación para este proyecto llega del programa Next Generation EU, el plan firmado por el anterior Ejecutivo y con el que la Unión Europea apoya a los países miembros en la recuperación económica post-pandemia y promueve la transición ecológica y digital. La inversión será de 5,43 millones de euros para la adquisición de mil robots ARI.
Los robots ARI son fabricados por la empresa Pal Robotics en un proyecto que comenzó hace unos años y que propone mejorar la calidad de vida de la población anciana mediante el uso de tecnología de vanguardia. Los artilugios pueden realizar tareas complejas como recordar la toma de pastillas o leer las noticias, hasta vigilar las situaciones de peligro como caídas o desvanecimientos.
La propuesta resultaría un interesante avance tecnológico aplicado a la atención de personas dependientes, si no fuera porque contrasta groseramente con el precario estado en el que se encuentra el sector de los profesionales de la asistencia domiciliaria y los cuidados.
«No fueron capaces de facilitar grúas para levantar a personas en sus domicilios, no fueron capaces de escuchar mensajes sobre la precarización de los cuidados. Sí de gastar el dinero del pueblo en robots«, señalan en su cuenta de Twitter las responsables del Sindicato de Cuidadoras Profesionales.
Los sindicatos del sector llevan años denunciando que los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) son esenciales para miles de personas vulnerables en toda España, no solo ancianos, también personas con discapacidades físicas, psíquicas o cognitivas, familias en exclusión social, etc. Una profesión altamente feminizada y sometida a la precariedad, la temporalidad, la subrogación y otros ataques a sus condiciones de trabajo.
Se trata de un sector que, en una sociedad desarrollada y avanzada -tan avanzada como la alta tecnología que permite crear robots- debería ser público y considerarse un bien esencial, no un objetivo de empresas privadas, así como deberían serlo en su totalidad la Sanidad o la Educación.
Precisamente en Cataluña, el ayuntamiento barcelonés de Colau privatizó la atención domiciliaria en favor de empresas como DomusVi o Servisar, empresas de dudosa gestión durante los momentos más duros de la pandemia. De esta forma parece que los fondos europeos vuelven a significar, una vez más, un suculento regalo para las empresas, en detrimento de los derechos y las condiciones de los trabajadores.
