Antonio Gil
Telefónica plantea a los sindicatos un ERE que afectará a un tercio de la actual plantilla. Concretamente, el plan de la empresa es prescindir de 5.124 trabajadores en sus tres principales filiales: 81 en Telefónica Soluciones, 958 en Telefónica Móviles y 4085 en Telefónica de España. Afectará a los nacidos en 1968 y años anteriores, es decir, a los empleados de 55 o más años, siempre que tengan una antigüedad mínima de 15 años, y las salidas se extenderán hasta 2026.
Las negociaciones con los sindicatos mayoritarios en la empresa (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) han comenzado este lunes, y el objetivo de los mismos es que se aplique un plan de bajas voluntarias (denominadas internamente como Planes de Suspensión Individual o PSI) como los que vienen aplicándose desde 2016, y la firma de un nuevo convenio colectivo en la empresa que incluya las 35 horas de jornada máxima, el teletrabajo y una duración mínima de tres años.
Las fuentes sindicales indican que Telefónica justifica este plan de bajas (al que denomina ‘excedente funcional’) en los cambios en los servicios prestados, el fin del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al cierre del cobre y a la automatización de procesos, entre otras razones.
El último ERE en 2011 afectó a 6.830 trabajadores que fueron saliendo de la empresa hasta 2013. A raíz de la polémica que supuso el coste para el Estado de dicho ERE a pesar de las cuantiosas ganancias que tenía la compañía por aquella época, se modificó la Ley de Seguridad Social mediante la llamada ’enmienda Telefónica’, una disposición adicional que estableció que las empresas con beneficios que efectúen despidos colectivos para personas de 50 o más años deben contribuir al Tesoro Público de forma proporcional. Con motivo de esta modificación legislativa, Telefónica debió abonar 350 millones de euros y a partir de 2015 optó por planes de salida incentivadas, que no representan coste para el Estado: desde entonces, 11.300 trabajadores se han acogido a tres PSI. Igual que en 2013, la compañía mantiene un alto nivel de beneficios. En el ejercicio de 2021 quintuplicó sus ganancias respecto al año anterior, ganando 8.137 millones de euros. En 2022 los beneficios fueron de 2.011 millones, y el acumulado de 2023 hasta septiembre es de 1.262 millones de euros.
No es el único plan de ajuste de Telefónica: debido a la clausura de la red de cobre, sustituida por la de fibra óptica, la compañía planea cerrar 108 centros de trabajo y reubicar a 266 empleados, lo que ha sido denunciado por los sindicatos como un ‘plan de movilidad forzosa’, y el servicio de atención al cliente abonado residencial, conocido principalmente por el teléfono 1004, ya ha sido externalizado de forma total tras el cierre en septiembre de los últimos cuatro centros de llamadas propios que quedaban en la compañía.
Conviene recordar que hablamos de una empresa considerada estratégica por el Gobierno por el sector en que desarrolla su actividad y por su implicación en las fuerzas armadas. En septiembre, saudí Telecom, teleco patrocinada por el Estado saudí, se convirtió en el primer accionista de Telefónica tras adquirir el 9,9%, superando los porcentajes de BBVA (4,87%), BlackRock (4,48%) o Caixa (3,5%), lo que empujó al Gobierno a valorar la posibilidad de volver a entrar en el accionariado por medio de la SEPI tras haberla privatizado hace ya 26 años.
