El Gobierno estrena su nueva andadura anunciando un pacto con Bruselas que pretende remodelar el sistema de subsidios por desempleo, de modo que obligará a quienes perciban estas ayudas a aceptar las ofertas de empleo que se les proponga y la participación en cursos formativos. Los servicios de empleo condicionarán la percepción de esas ayudas a la aceptación de esas ofertas de empleo o propuestas formativas, así como la búsqueda activa de empleo, que supondrían la pérdida de las prestaciones si consideran que no se han cumplido. Además, se plantea que la cuantía de esas ayudas sea decreciente para «incentivar la reinserción laboral».
El acuerdo con Bruselas se entiende dentro de la exigencia de una serie de reformas estructurales, según comunicó ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, y se trata de uno de los compromisos de España sobre «políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo». Esto es, las medidas son un requisito exigido por la Unión Europea para que el Gobierno perciba las ayudas del programa Next Generation.
Los desempleados que percibían estas prestaciones ya se encontraban sujetos a una serie de obligaciones, indicadas por el SEPE y que ofrecían un abanico de sanciones por faltas leves o más graves, que a partir de este pacto se verían endurecidas.
La excusa para aumentar el rigor de los requisitos está en que España presenta la tasa de paro más elevada de los países europeos pero también uno de los mayores volúmenes de vacantes que las empresas no consiguen cubrir. Lo que no se menciona es la calidad de los empleos ofrecidos en España ni la proporcion de los salarios respecto a otros países europeos.
Ayudas de este tipo, que actualmente son de 480 euros, son percibidas por unas 810.000 personas, la mayoría de más de 50 años y que han perdido la esperanza en encontrar un empleo digno dentro de España y se sienten desahuciadas del mercado laboral.
Consultado por este medio al respecto, Carlos García Hernández, crítico en la influencia del euro en materia laboral y autor de Socialismo Fiduciario, considera que se trata de una nueva jugarreta a los trabajadores. «Tenemos que preguntarnos por qué debemos trabajar por menos del salario mínimo -plantea Carlos García- puesto que el Gobierno se ha vanagloriado de subir ese SMI. Obligar a personas que perciben 480 euros a aceptar esas ofertas temporales supone añadir un castigo a su ya difícil situación. Cualquier persona que quiera trabajar debería poder acceder a un empleo que le permita vivir dignamente. El pleno empleo debería significar la ocupación de trabajos normales y dignos. Lo que se pretende es hacer la trampa neoliberal que considera empleados a quienes han trabajado una hora a la semana o activos a quienes realizan cursos«.
En cuanto a la obligación de aceptar los cursos, García Hernández entiende que «todos los trabajadores que quisieran trabajar deberían poder tener un empleo digno cualquiera que sea su formación, no adecuar su formación a las necesidades que impongan las empresas y que estas entiendan oportunas para sus empleos, distantes de ser suficientes para una vida normal, y es una manera más de engañar a las estadísticas«.
Con este reforzamiento de los requisitos para percibir subsidios se cumpliría el deseo del líder de UGT, Pepe Álvarez, quien hace unos meses se mostraba a favor de retirar las ayudas a los parados que rechazasen una oferta, opinión de la que incluso sus compañeros de sindicato y los de CCOO se desmarcaron. Ahora, con esta nueva exigencia de la UE aceptada por el Gobierno, puede que los sindicatos lo vean con otros ojos.
Es remarcable, dentro de las condiciones del pacto con Bruselas, que sea un requisito que las autoridades de la comunidad europea estiman como indispensable para recibir los fondos del plan Next Generation. Analistas de las políticas públicas españolas y europeas consideran que sólo un 8% de los fondos europeos llega a las pequeñas empresas y que el 72% de esas cantidades millonarias terminan en las grandes empresas.
Un pequeño porcentaje de esos fondos sería el que queda para autoridades regionales y gobiernos locales. En palabras sencillas, podría decirse que la orden de Bruselas es, directamente, un ataque a la clase trabajadora, que verá una vez más deteriorados sus derechos y aumentada su indefensión. Serán los trabajadores y trabajadoras en peores condiciones quienes pagarán con su sobre explotación la condición exigida para percibir esos deseados fondos, que finalmente serán recabados en su mayoría por las grandes empresas. Mucho más teniendo en cuenta que, dentro de los países que componen la UE y que han cedido su soberanía a la voluntad de los organismos europeos, las condiciones del mercado laboral son peores en algunos países, como sucede en España.
