Rubén Sánchez
La penúltima semana de septiembre, el precio del aceite de oliva en origen bajaba por primera vez desde enero. Pero en los supermercados, a comienzos de octubre, la cosa está aún peor que hace un mes. Peor para los consumidores, claro. Porque para las cadenas de distribución y las envasadoras esto es una auténtica fiesta de la especulación.
¿Cómo es posible que, en solo un mes, una cadena de supermercados pueda subir un 75% el precio de uno de los aceites que tiene a la venta? ¿Cómo es posible que el mismo producto se venda en distintas cadenas con una diferencia superior a 5 euros por litro? ¿Y cómo ha podido llegar a vender una cadena su propia marca en España casi 2 euros y medio antes de impuestos más cara que en sus establecimientos de Portugal?
Supuestamente, es posible por eso que llaman libre mercado. Pero resulta que el libre mercado tiene límites en España desde que comenzó 2023. En los alimentos con el IVA rebajado, como el aceite de oliva, está prohibido aumentar los márgenes de beneficio. Se prohibió por aquello de evitar que la bajada del IVA se convirtiese en una tomadura de pelo con la que los precios que se reducían de un día para otro subiesen a continuación sin justificación alguna.
Así que la única justificación, la única justificación legal, para subir un precio, es que se haya producido un incremento de costes. Y esa subida siempre tiene que ser equivalente a ese incremento de costes.
En el caso del aceite de oliva, no pueden aplicarle subidas indiscriminadas con la excusa de que en origen los agricultores han tenido que hacerlo. La subida al consumidor debe reflejar única y exclusivamente el incremento de costes que el agricultor ha trasladado a su precio. Si el precio sube más para aumentar beneficios del envasador o el distribuidor, esa parte de la subida es ilegal.
Lamentablemente, de los más de 48 millones de personas que vivimos en España, hemos tenido la mala suerte de que los únicos que no se han dado cuenta de que se está especulando ilegalmente con los precios son los pocos que tienen la capacidad de actuar para frenar esto. Los políticos que gobiernan y tienen competencias para investigar y sancionar las subidas ilegales de márgenes están como si la cosa no fuese con ellos. No hay noticias de que el Ministerio de Consumo vaya a hacer nada de momento y tampoco hay noticias de que las autoridades de protección a los consumidores de las comunidades autónomas vayan a mover ningún dedo al respecto. Y los partidos de la oposición parece que tampoco están demasiado preocupados con esto, porque presionar, presionan bien poco. O nada. Vete a saber qué motivos tendrán.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
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Editorial del episodio 25 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
