Rubén Sánchez
Nadie. Absolutamente nadie está vigilando desde el Gobierno que se cumpla el real decreto-ley que prohíbe a las empresas seguir aumentando sus márgenes de beneficios con los alimentos afectados por la rebaja del IVA desde el mes de enero. La mitad de los precios han continuado subiendo, pero aquí nadie mueve un dedo.
El pasado 28 diciembre, el mismo día que se publicó en el BOE la medida, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció que sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el organismo que se haría cargo de imponer las multas a las empresas que se la saltaran. Pero ahora, tras ocho meses de silencio ante las reiteradas denuncias de FACUA y a raíz de nuestra queja por ello ante el Defensor del Pueblo, Competencia nos contesta por fin para decirnos que no tiene la potestad para aplicar esas multas. Digamos que Calviño se equivocó, si queremos ser benévolos eligiendo el verbo.
Pero la de la vicepresidenta económica no fue la única inocentada que nos gastaron desde el gobierno el 28 de diciembre. Ese mismo día, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que sería su ministerio el que se haría cargo del seguimiento de la evolución de los precios. Podríamos ser aún más benévolos con el verbo y decir que Planas olvidó su promesa. Pero no, Planas nos mintió al anunciarla.
Al pedir información a Agricultura sobre esos controles de precios, la respuesta que nos dio el ministerio fue que no los ha hecho porque “no tiene competencias en materia fiscal”. Como si lo que hubiera que controlar fuese solo la aplicación del IVA rebajado y no la congelación de los márgenes de beneficio.
Así quien anunció los controles sobre los precios no los ha hecho y el organismo que nos aseguraron que multaría los incumplimientos no tiene competencias para hacerlo. Pero como nosotros sí hemos realizado controles y hemos detectado subidas de precios, hemos revisado la legislación para ver qué otro organismo tendría las competencias para investigarlas y actuar si se han producido subidas en los márgenes.
Y resulta que esas competencias están en Consumo. Lo dice la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. En su catálogo de infracciones sancionables por el ministerio y las autoridades autonómicas de consumo incluye las prácticas que vulneren normas que limiten los precios o los márgenes de beneficio.
Así que hemos presentado una nueva denuncia. Ante el Ministerio de Consumo. Le hemos remitido toda la documentación de los estudios sobre la evolución de alrededor de 1.000 precios que mes a mes venimos realizando en ocho cadenas de supermercados. El problema es que al ser preguntado por el tema, el ministro Alberto Garzón ha dicho que “desgraciadamente” desde su ministerio no se puede actuar. Con la afirmación de Garzón me voy a ahorrar verbos. Solo le voy a recordar una frase suya: sí se puede.
Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.
https://x.com/RubenSanchezTW/status/1705169771530973627?s=20
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Editorial del episodio 23 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
