La empresa de limpieza Top Limpi Service SL, con sede en el polígono PISA de Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuyo dueño es Antonio Ruiz Ramírez, y con numerosos contratos con administraciones públicas y empresas privadas, no ha pagado por enésima vez la nómina a sus empleadas de limpieza y va por el camino de repetirlo en junio y en los meses a seguir, hasta la extinción de sus contratos, lo que elevaría la deuda con la plantilla a una media de 2.000 euros por trabajadora.
La mercantil tiene contratos con la Junta y el Gobierno central, así como empresas privadas y, para eludir sus responsabilidades con cada una de las entidades y las ingentes deudas que habría ido sumando, habría estado creando nuevas empresas.
Ha desoído las repetidas quejas de su plantilla, que «sobrevive a duras penas con el dinero que les presta sus familias, mientras están ahogados por la subida de los precios y las hipotecas, y asfixiados por las llamadas de los bancos».
Algunos centros de trabajo se encuentran en estos momentos, de hecho, en huelga indefinida, como las trabajadoras que prestan servicios para el Ayuntamiento de Gelves.
En las reuniones con las varias entidades y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la actitud de la empresa ha sido la de dar largas y escurrir la responsabilidad a los organismos que contratan sus servicios, alegando presuntas deudas con la Seguridad Social y una situación económica agonizante, aunque, por otro lado, celebraban acuerdos con otras entidades, incluso en el extranjero.
Lo más grave, sin embargo, no sería el impago reiterado de las nóminas a su plantilla y la falta de suministro de los materiales para el correcto desempeño de las tareas de cada puesto sino la presunta falsificación de documento público que esta empresa registró en las plataformas de ésta en el mes de marzo, hechos que el SAT habría puesto en conocimiento ya de las partes afectadas, sobre todo en el sector público, a falta de que éstas emprendan las acciones legales que estimen oportunas.
«El único propósito ha sido el de cobrar facturas ilegítimas, ya que dicho documento falsificado viene a decir que estaban al corriente de pago en Seguridad Social, algo que era incierto, ya que dicho documento registrado pertenece al mes de noviembre del año 2022; esta empresa lo que hizo fue cambiarle la fecha y registrarlo», según aseguran a este medio desde el sindicato, aportando incluso las pruebas y documentos existentes.
