Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España.
El Partido Feminista de España se presenta a las elecciones municipales y autonómicas de Madrid. Ha conseguido, tras arduo trabajo, completar las listas de candidatos y cumplir con todos los requisitos para ser admitido en la competición contra los grandes y medianos partidos, a pesar de que estos disponen de gabinetes con profesionales expertos en varias disciplinas, que conocen bien el sistema. Este sistema diseñado para desanimar a las formaciones pequeñas y sin recursos de que pretendan utilizar los derechos democráticos que la Constitución les garantiza.
Derechos más teóricos que reales. Ni todos los partidos tenemos las mismas oportunidades, comenzando por una fundamental que son los recursos económicos, ni todas las provincias y Comunidades se rigen por las mismas normas ni todos los votos valen lo mismo. Y quizá alguien se alarme ante esta rotunda denuncia, ojalá, pero así está explicado con detalle en nuestra revista Poder y Libertad hace décadas, y así lo demuestra Vicente Serrano en su libro El Valor Real del Voto de reciente publicación.
Por eso resulta un engaño la pomposa declaración de la Exposición de Motivos de la ley electoral de 1985 que afirma: “La Constitución Española se inscribe, de forma inequívoca, entre las constituciones democráticas más avanzadas del mundo occidental, y por ello establece las bases de un mecanismo que hace posible, dentro de la plena garantía del resto de las libertades políticas, la alternativa en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo político de nuestra sociedad.”
Al contrario de lo rotundamente declarado en ese párrafo transcendental, los intrincados requisitos exigidos por la Ley Electoral, persiguen objetivos bien distintos de los tan rotundamente ratificados en esas líneas. En primer lugar, la ley electoral prima el voto rural de las regiones despobladas, que son las de sociedades escoradas a la derecha, sobre el voto urbano de las regiones más pobladas que es progresista. Para ello se han dividido las circunscripciones electorales por provincias, estableciendo una proporción de diputados diferente según la población. Así, las provincias rurales menos pobladas están premiadas con más escaños por habitante que las grandes e industriales.
Al mismo tiempo se pretende, y se logra, impedir que las formaciones políticas pequeñas y más críticas con los partidos gobernantes, inconformistas con el sistema y el orden reinante, tengan posibilidades de acceder a las instituciones. Así se ha impuesto el suelo mínimo del 3% de los votos emitidos en cada provincia para conseguir algún escaño en los Parlamentos y en los consistorios. Con la excepción de la circunscripción de Madrid que exige el 5%, con la ley electoral autonómica del Partido Popular, pero que ningún otro partido parlamentario de la oposición pone en cuestión, porque en definitiva todos están eliminando competidores indeseados.
La primera ley electoral de 1977 ya impuso estas condiciones que la derecha exigía, con la anuencia o la resignación de la izquierda. Y así hasta hoy.
Uno de los mayores engaños con que se anestesia a la conciencia ciudadana es el de afirmar que la democracia que se ha implantado en los países occidentales es el gobierno del pueblo, que cada ciudadano y ciudadana dispone del mismo poder con su voto, que todos los sufragios valen lo mismo y que cualquiera, individualmente o a través de un partido, puede presentarse a elecciones en igualdad de condiciones que las demás formaciones políticas, incluyendo las mayoritarias.
Pese a que la Constitución española, en su artículo 68, dice que “los diputados serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, atendiendo a criterios de representación proporcional”, nuestro sistema es uno de los menos proporcionales del mundo, y los sufragios no son iguales ni directos. Cada partido, según su importancia económica, que será la que le dé el triunfo, necesita un número diferente de votos para obtener un escaño. Por ejemplo, un diputado del PP necesitó en las elecciones de 2018, de media, 52.000 votos y uno de IU 106.000. Otro dato es el injusto reparto territorial: un diputado de Soria necesitó para salir elegido 26.000 votos mientras que uno de la provincia de Barcelona precisó 125.000. Es decir, los votos de los electores de IU valen menos que los del PP o del PSOE, y los sufragios barceloneses mucho menos que los de los sorianos. La injusticia más flagrante se produjo en las elecciones generales del año 2008 en que IU necesitó 1 millón de votos para obtener dos diputados, mientras que los partidos nacionalistas obtuvieron varios diputados con unos cuantos cientos de miles. CiU logró una sobre-representación de al menos cuatro escaños. El Partido Andalucista que obtuvo 135.000 votos se quedó sin escaños, mientras que otros partidos con menos votos, Comunidad Valenciana, por ejemplo, obtuvieron un escaño.
Vicente Serrano explica que la perversión de nuestro sistema electoral es que distorsiona la voluntad popular, premiando unos partidos sobre otros. Sólo dos partidos con más votos a nivel nacional han tenido hasta ahora posibilidad de gobernar, a veces en coalición con algún partido nacionalista y últimamente con Unidas Podemos. En las elecciones de 2019 el Partido Socialista fue el gran beneficiario: con tan sólo el 28,68% obtuvo un 35,14% de los escaños del hemiciclo del Congreso, lo que supone una sobrerrepresentación del 22,53%. Muy superior a la que obtuvo en 2016, que fue únicamente del 7,32.
Los otros grandes beneficiados son los partidos nacionalistas. ERC consiguió ese año una sobrerrepresentación del 10,17% respecto a los votos obtenidos. En el lado vasco se benefician con una sobrerrepresentación tanto PNV como EH Bildu. El resto de partidos están todos infrarrepresentados. Podemos tuvo un 16,32% menos de escaños del que le corresponde por sus votos, en Común Podem –15,25%, Compromís el 56, 71% menos y VOX el 33,17% menos. Lo más grave es que partidos que consiguen superar la media de votos (74.530) como son PACMA, Front Republicá y BNG están tan infrarrepresentados que no tienen ningún escaño, es decir, han perdido el 100%.
Y en las circunstancias actuales las clases más desfavorecidas y las mujeres son las que menos votan.
Otra de las condiciones que hay que cumplir para ver la candidatura publicada en el BOE es que cada partido o coalición presente la lista de los candidatos con el total de los diputados o senadores o concejales que formarán más tarde las Cámaras o los Consistorios. De tal modo, para presentarse, el Partido Feminista de España ha tenido que reunir 57 candidatos y candidatas al Ayuntamiento y 138 a la Asamblea, cuando simplemente es de sentido común que ningún partido por más grande y poderoso que sea va a obtener todos los escaños. Y si se trata de los pequeños como el PFE, resulta simplemente ridículo. Como también se conocen las dificultades que tiene una formación extraparlamentaria para obtener el apoyo de más de doscientas personas que son necesarias para completar sus listas, como hemos logrado en nuestro partido, gracias a la tenacidad y esfuerzo de nuestras militantes y compañeros, y a la solidaridad que generosamente nos han prestado compañeros y simpatizantes con la causa feminista.
Para añadir problemas a la elaboración de las listas, la pomposa ley de Paridad, de la que presumieron vanidosamente las socialistas, exige que estén compuestas por el 40% al menos de cualquiera de los dos sexos. Según sus intenciones esa imposición beneficiaría a la participación de las mujeres en la política. Y a pesar de lo mucho que argüí que únicamente ponía impedimento insalvable a las organizaciones feministas, fue imposible que las socialistas atendieran mis razonamientos. Y naturalmente así ha sido. Es simplemente lógico que las organizaciones feministas tengan más afiliadas mujeres que hombres –algunas solo tienen mujeres- y en el momento de presentarse a elecciones necesitamos del concurso y la solidaridad de parientes, amigos y compañeros de ideología para completar las listas. Porque esa ley que facilitaba la inclusión de mujeres en la política, para lo único que ha servido es para introducir hombres en las listas feministas. Y cuando muy irritada le grité a la Ministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi que resultaba ridículo que incluyeran a los hombres en la obligación de participar como si ellos pudieran ser excluidos de la política, su sorpresa me confirmó que ni siquiera lo había pensado.
No debe creerse que estas reflexiones las hicimos solo nosotras, las militantes del Partido Feminista. Autores especializados y de mucho prestigio ya han realizado estudios sobre estos factores de nepotismo del sistema electoral español, con un orden de los países según el índice de proporcionalidad, que sitúan a España en la humillante calificación de estar en la cola de todos los sistemas proporcionales del mundo, incluso por detrás de países con sistemas mayoritarios como Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y el Reino Unido. Y lo que resulta más increíble e inaceptable es que tales corrupciones no se deben únicamente a la ley D’Hont, porque, según nos cuentan los especialistas, Holanda o Finlandia tienen la misma ley de recuento de votos y sin embargo gozan de uno de los índices de proporcionalidad más altos del mundo.
Si contamos la abstención en España, que suele oscilar entre el 25% en las generales y el 40 en algunas autonómicas y europeas, y la sumamos a los votos blancos y nulos y también a los votos de partidos pequeños, la suma de todos equivale nada menos que a una cuarta parte del censo electoral. A unos 8 millones de ciudadanos y ciudadanas. Ningún sistema que se autodenomina democrático puede ignorar esta situación de evidente despotismo de los grandes partidos. Los votos que se pierden por no atribuirles ningún escaño –de hacerlo serían 90, nada menos que la tercera fuerza política del país– pasan a engrosar el número de escaños de los partidos que se sientan en el Parlamento. Precisamente a los partidos mayoritarios que la ciudadanía no ha querido votar, lo que hurta claramente la voluntad de los electores. Así, el PSOE disfrutaba en las elecciones de 2008 de 51 escaños gratis de quienes no le votaron y el PP de 40, CiU tenía sobre-representación de al menos cuatro escaños y por el contrario IU fue la única fuerza política que merced a la abstención no sólo no ganó escaños, sino que perdió ocho. Entre sus causas, la no-proporcionalidad de nuestro sistema electoral y un tope del 5% que penaliza los partidos de ámbito nacional y premia los partidos regionales e incluso provinciales, caso único, puesto que los topes suelen ser nacionales.
Vicente Serrano comenta que el problema son las circunscripciones provinciales. “Todos lo saben pero nadie se da por enterado del hecho de que el voto de un soriano tenga un valor distinto al de uno de Barcelona o de Madrid. La ecuación resulta de una injusticia evidente. Antes de votar los sorianos tienen más poder de voto (índice de poder de voto, 2,84) que el resto de los españoles (IPV igual 1) pero una vez votado unos valen mucho más que otros y otros no valen nada. Concretamente los votantes del PSOE tienen un IPV igual a 6,04 y los del PP de 7,19. Para el resto de votantes sorianos, 22.411, su IPV es igual a cero. Son un 42% de los que fueron a votar (56% del censo). Los sorianos que tienen poder electoral son exactamente el 43,28% del censo”.
Esta simple descripción de los resultados de las votaciones de 2019 en una provincia explica la injusticia de nuestro sistema electoral. El número de votantes sin representación es altísimo. Nos encontramos con que es cierta la afirmación de Jon E. Illescas: “los trabajadores no tienen partido político al que votar. Al menos, no tienen ninguno que represente sus intereses y ello tiene consecuencias graves.” Yo he de añadir: las mujeres tampoco. Con lo cual el 80% de la población española no tiene realmente partidos que la represente.
En un esforzado intento de suplir semejante carencia que es una grave injusticia, el Partido Feminista de España ha logrado salvar las primeras barreras de las leyes electorales y presentarse, en igualdad de condiciones a las de los demás partidos, al Ayuntamiento y a la Asamblea de Madrid. Ahora esperamos a los votantes.
[…] Publicado originalmente en El Común. […]