Después de una primera reunión el pasado miércoles, los jueces y fiscales han decidido seguir negociando aun cuando no han desconvocado la huelga prevista para el próximo día 16. Entienden que es insuficiente la propuesta salarial del Gobierno, pero las partes volverán a sentarse el lunes día 11.
Concretamente estamos hablando de una oferta en torno a 44.5 millones de euros anuales, que supondrían unos 480 euros al mes brutos en doce mensualidades, mientras que los jueces y fiscales reclaman unos 700 euros brutos al mes y un aumento en el pago de las guardias.
Los motivos que exponen los jueces y fiscales para el conflicto con el Ministerio de Justicia no son solamente de carácter salarial. La ratio en relación al censo de población de jueces y fiscales en España está muy por debajo de la media europea con lo cual la carga de trabajo es considerable, y va incrementando, dicen, sin compensación material alguna.
El presupuesto asignado a Justicia sigue siendo insuficiente para las necesidades de su Administración.
Así pues, entre los funcionarios el descontento es generalizado.
Después de la huelga de los LAJ estamos inmersos en la de los funcionarios que, después de los paros parciales, convocan jornadas de huelga completas para los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
Los abogados también se manifestaron y ahora son los jueces y fiscales quienes han anunciado la convocatoria de una huelga para este mismo mes, como es sabido.
Sobre el ámbito retributivo de esta huelga se ha pronunciado el Pleno del Consejo General del Poder Judicial que ha manifestado que “las reclamaciones salariales de los jueces son legítimas y tienen un base legal”.
La resolución fue votada por una unanimidad y declara que, de conformidad con el artículo 403 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el régimen retributivo es un elemento clave para su independencia.
“Estar bien pagado es necesario para ejercer la jurisdicción con independencia y realizar la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos” han declarado.
