Ayer viernes 24, después de una mañana en que se reunieron el Comité de Huelga, el representante del Ministerio de Justicia, Manuel Olmedo y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, se anunció en una nota de prensa que se había logrado consensuar una propuesta de acuerdo que se trasladará el próximo lunes a las diferentes asambleas de LAJ de todas las Comunidades Autónomas para su ratificación o no.
A punto de empezar la décima semana de huelga de los LAJ, el balance, en cifras aproximadas es de 356.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas sin proveer, y 1.280.000 euros paralizados en la cuenta de consignaciones judiciales.
A medida que ha transcurrido el tiempo, y dada la incidencia sobre el funcionamiento de la Justicia, nuevos colectivos han intervenido el conflicto. El pasado 21 de marzo se reunieron Función Pública, Justicia y el comité de Huelga de los LAJ, con la finalidad de fijar la posición de las tres partes. Después de cuatro horas de reunión, tampoco se dio un acuerdo firme; de hecho, Justicia cree que ya ha cumplido con una subida salarial de 15%.
Después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la Ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado día 16, el colectivo en huelga se sintió decepcionado dado que, según ellos, “No toma las riendas de la negociación”. LLop dejó claro que su visión del conflicto es opuesta a la del comité de huelga: “Debe sentarse a negociar nosotros. Así se lo han reprochado muchos diputados en sus intervenciones, pero no lo hace”, comentan. Incluso afirman que “no hay diálogo como ha dicho en varias ocasiones y no estamos negociando. La última vez que nos sentamos con ellos fue el pasado 28 de febrero. Desde ese momento las relaciones con el Ministerio son muy frías. Dice que le enviemos una propuesta. No lo vamos a hacer. Queremos una reunión presencial, como se ha venido haciendo hasta ahora. No queremos que nuestras propuestas circulen fuera de la negociación”, subrayan.
Mientras tanto, la Abogacía que afirma que “la situación comienza a ser inaguantable”. En el mes de febrero tanto los concursos como los planes de reestructuración disminuyeron respecto a los contabilizados en enero, un 49 % y un 85 % respectivamente, para quedar en 311 y 13 en cada caso, debido a la menor actividad en los juzgados por el paro de los Letrados; el trabajo de los juzgados se ha ralentizado porque los Magistrados dependen de los LAJ para ciertas tareas.
El Sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía general del Estado contra los miembros del Comité de huelga, que preside Juan José Yáñez Pena, acusándoles de un delito contra la Administración de Justicia, señalando que “la huelga convocada por los abogados ha generado una alarma social que ha adquirido «tintes dramáticos», afectando a millones de ciudadanos”. Y a tal respecto Yáñez ha declarado que “lo que se está produciendo es un retraso, un retraso debido a la huelga. Por lo tanto, no se está vulnerando a la tutela efectiva, sino que se está produciendo una demora en la celebración de los procedimientos. Yo creo que es exagerado decir que se está privando a los ciudadanos de tutela judicial efectiva. Los casos más importantes que afectan a derechos fundamentales o tenga que tener una resolución más inmediata, están incluidos en los servicios esenciales y se llevan a cabo en el resto de los asuntos ordinarios.”
Y uno de los últimos organismos en intervenir ha sido la Abogacía del Estado, que ha emitido una nota sobre la posibilidad de celebrar vistas durante la huelga de los LAJ. En este sentido, Luis Gonzaga, abogado del Estado firmante de ese escrito, puntualiza que “aunque la cuestión se ha planteado para la celebración de vistas, las conclusiones que se indicarán pueden ser trasladables a las actuaciones judiciales orales (comparecencias, declaraciones, audiencias, …) que se registren y documenten mediante medios tecnológicos adecuados”. También indican que “la cuestión que analizamos únicamente se debería limitar a la celebración de vistas que no recaigan en las materias que se consideran como servicios mínimos esenciales”.
A nivel jurídico destacan que “conforme a lo previsto en la legislación procesal, la presencia física del LAJ no es necesaria en las vistas que se registren y documenten mediante medios tecnológicos, salvo que lo pidan las partes o que el propio LAJ lo considere imprescindible”. También, “si las partes expresamente no lo han solicitado ni existe resolución procesal previa que determine la necesaria presencia del LAJ, el requisito de la disponibilidad no tendría eficacia para impedir su celebración”.
Para la Abogacía del Estado, “del 453 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos antes analizados no cabe deducir expresamente una «continuidad» entre la grabación y el acto de autenticación o dación de fe de la integridad de la grabación”.
Desde los LAJ, Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (antes Colegio Nacional de Secretarios Judiciales), está disconforme con este dictamen y dice que. “No es el mejor contexto para negociar en estos momentos”. Argumenta que “la fe pública es garantía de seguridad jurídica, esta es indispensable para cualquier Estado de Derecho. Si vamos a minusvalorarla y saltarnos esa independencia, ‘el LAJ firma porque yo lo mando’ puede ser incluso un delito de prevaricación”.
En esta negociación del día de ayer se ha planteado que los grupos de población pasen de cinco a tres a nivel retributivo, con lo que los honorarios de los LAJ de tercera que eran menores que los de los gestores de sus juzgados se verán incrementados y, por otra parte, se reconocerá salarialmente la función de este colectivo en los Registros Civiles.
Si el próximo martes se cierran los acuerdos referidos, deberá activarse un grupo de trabajo para reactivar el funcionamiento de Justicia.
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