No es país para viejos (buitre sí come alpiste)

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Héctor García Busto.

Hace 3 años se hizo un cálculo de lo que costaría legalmente nacionalizar el sector de las Residencias de Mayores. Entre 5.000 y 10.000 millones. 1.000 menos de lo que cuesta financiar a la Iglesia Católica cada año.

El líder de Extremoduro, Robe Iniesta, aseguraba que un buitre no come alpiste. En este artículo demostraremos que sí, que hay buitres que además de carroña, comen alpiste. Y mucho.

Europa es vieja. Y España más aún. De los 9,5 millones de habitantes mayores
de 65 años actuales (más del 20% de la población) pasaremos a 16 millones en 2050. Esto supone que, de cada 100 españoles 37 estarán en la tercera edad. Estas cifras, que para los estadísticos, demógrafos o sociólogos son números a interpretar, para los buitres son carne en descomposición. ¡Y qué bien huele! No es de extrañar que la gran burguesía internacional y autóctona haya bendecido la “economía plateada” como un sector estratégico, una inversión segura para lograr una importante rentabilidad, de la mano amiga de las Administraciones Públicas.

En el Estado Español hay alrededor de 5.600 Residencias de Mayores que suman cerca de 400.000 camas. Actualmente hay en construcción otras 25.000 plazas y se calcula que, en los próximos 12 años se irán implementando 225.000 plazas más, que precisarán una inversión de 11.000 millones de €. El sector de los cuidados precisará 12.000 nuevos trabajadores hasta el año 2.030. El 85% de las camas está en manos privadas, principalmente multinacionales, fondos de inversión transnacionales, grandes capitalistas españoles e Iglesia Católica. Estos señores controlan los 13 mayores grupos de Residencias en España. De las cinco principales compañías, todas con más de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalina Home y Colisée), una a un fondo inglés (Domus Vi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea). En el negocio nos encontramos con cinco de los hombres más ricos del país: Florentino Pérez, los “Albertos” (Clece), Modesto Alvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Y la quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir). Dos grupos están controlados por empresarios implicados en el caso Gürtel: el condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia). A todos estos animalitos, que presumen de crear riqueza y juran por el libre mercado, Papá Estado les financia alrededor del 70% de las
plazas. ¡Qué rico el alpiste!

Para pasar de lo abstracto a lo concreto vamos a ilustrar el caso andaluz de una conocida cadena de Residencias, hoy en manos de un gigante europeo del sector: un empresario condenado a 6 años de cárcel (por ser testaferro del principal imputado en el Caso Intelhorce) se beneficia de un polémico tercer grado que sorprendió incluso en el ámbito judicial (noticia del Diario Sur). En menos de una década pasa de montar su primera residencia a tener macrorresidencias por toda la provincia de Málaga y parte de Andalucía. Las Junta de Andalucía le conciertan, en alguna de ellas, hasta un 90% de las plazas. Cuando sus dueños consideran que se han forrado bastante, venden la empresa a la multinacional de origen francés Korian, cuya Directora, antigua mano derecha de Cristine Lagarde, se embolsa 1 millón de euros al año de emolumentos. El sector público sigue concertando con ellos la inmensa mayoría de las plazas. En la pandemia, según denunció el Comité de Empresa de uno de sus centros, sus trabajadores no contaron con el material necesario de protección. Los contagios se cuentan por cientos. Los muertos por decenas. Las instituciones responsables no investigan con el debido rigor y la empresa se va de rositas. Caso cerrado y represión contra los denunciantes. Solo una Directora da la cara por los trabajadores y denuncia la verdad: hay orden superior de no dar el material de protección para ahorrar costes. Solución: Directora despedida y venganzas personales contra su entorno.

Por otra parte, en las Residencias Públicas, que son una ínfima minoría en nuestro país, se está apostando por una privatización a plazos a base de externalizaciones (lavandería, cocina, limpieza…) creando trabajadores de primera y de segunda y deteriorando el servicio y la atención a los residentes.

La realidad laboral de un sector precarizado y feminizado, con un Convenio basura firmado hace días por los sindicatos mayoritarios, (como se puede ver en la noticia adjunta, la patronal dice que hoy “todos están contentos”) es de explotación descarnada. Cargas de trabajo insoportables que derivan en enfermedades profesionales no reconocidas y riesgos psicosociales de todo tipo. Nulo reconocimiento profesional y personal. Para la sociedad somos limpiaculos y para los patronos bultos de usar y tirar.

Hace 3 años se hizo un cálculo de lo que costaría legalmente nacionalizar el sector de las Residencias de Mayores. Entre 5.000 y 10.000 millones. 1.000 menos de lo que cuesta financiar a la Iglesia Católica cada año. Es solo voluntad y determinación política. Es decir, a los buitres que se acabó comer alpiste y que tampoco van a comer más carroña humana en este sector. Que ya han extraído la plusvalía de los trabajadores durante toda su vida laboral y no van a robar también sus pensiones cuando ingresan en una residencia. Es necesario apostar por un modelo 100% público, humanizado, transparente, democrático, donde residentes, familiares y trabajadores tengan voz y voto. Un modelo centrado en la persona y sus necesidades.

Los cuidados profesionalizados, cualificados y cargados de compromiso y vocación que brindamos las trabajadoras de las Residencias son insustituibles.

Muchas veces, y más tras la pandemia, escuchamos a gente afirmar categóricamente que las Residencias son campos de concentración, que las personas dependientes deben estar en su domicilio (atendidos, claro está, por las mujeres de la familia o por trabajadoras internas del hogar). Nosotros decimos que no. Que eso no es un trabajo, sino esclavitud y debe ser abolido. A los mayores hay que atenderlos desde la cualificación y desde un trabajo con derechos. No desde la obligación moral o desde la extrema necesidad. La mayoría de casos de maltrato y abandono se dan en el ámbito familiar y en el domicilio, no en las Instituciones.

Hacemos nuestra y finalizamos con la reflexión de la compañera de nuestro sector y Eurodiputada de La Francia Insumisa, Anne-Sophie Pelletier: “Hay que dejar de ver como normal los escandalosos beneficios de las multinacionales de este sector y en cambio, hay que ver normal la socialización de las Residencias con fines de lucro. La vejez solo puede vivirse dignamente si el Estado pone los Recursos Humanos”.

1 COMENTARIO

  1. Una magnífica explicación sobre las grandes multinacionales de las residencias y su afán de ganar dinero sea al coste que sea. Nacionalización ya, con los mayores no se juega.

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