Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España.
Resulta sorprendente, para quien como yo tiene larga experiencia jurídica y política, que el proyecto de revisión del delito de malversación que se propone el gobierno, presionado por Esquerra Republicana, vaya a consistir en rebajar la gravedad del hecho causado, y en consecuencia la de la pena, cuando no haya existido lucro privado. E inexplicable que los doctos expertos en ciencia jurídica, y los más experimentados políticos, lo acepten con naturalidad. Sobre todo cuando estos se sitúan en la izquierda.
Si es repugnante que un responsable de la “res pública” se lleve dinero de la caja del Estado a su cuenta corriente, lo es más que lo haga para cumplir sus propósitos de destruir ese mismo Estado. Parece que, transcurridos cinco años de la intentona de separar Cataluña del resto de España, nadie recuerda cómo se produjeron los hechos. En un somero resumen, el propio gobierno de la Generalitat, ese que había jurado cumplir la Constitución, las leyes del Estado y las de Cataluña, propone en el Parlament lo que llaman “la desconexión” de España. Aprobada esta resolución únicamente por los diputados adeptos al gobierno, durante unos minutos declaran proclamada la República de Cataluña, que dura exactamente 6 minutos. A continuación organizan un referéndum para el que no tienen legitimidad ninguna: ni la Constitución lo permite ni el Tribunal Constitucional lo aprueba, que no tenía ni censo aprobado ni legalidad alguna, cuyo resultado se inventan y a partir de él aseguran que el 80% de la población catalana quiere la independencia de España. Pero no debían estar tan seguros de ello cuando en vez de agitar a las masas para que apoyaran al gobierno que había ya tomado la Generalitat, lo que hicieron fue salir huyendo como cobardes.
Estos políticos de “izquierda” que todo el día hacen referencia a Europa, como guía y paraíso de las decisiones que tienen que tomar para España, deberían contestarme qué creen que sucedería en Francia si los dirigentes políticos de la Bretaña o la Normandía organizaran la secesión que montaron los catalanes. Y no lo harán, porque saben que mucho antes de lo que se tardó por el Partido Popular en tomar la decisión de suspender el gobierno de la Generalitat, el Presidente de la República Francesa habría enviado el Ejército para impedir la rebelión. Porque eso fue, y no otra acción, lo que organizaron y en alguna medida –muy chapucera- llevaron a cabo. Porque no hizo falta que mediaran tiros, ya que los Mossos de Esquadra fueron cómplices de esa rebelión.
Será que Francia no es un país democrático. Pero ninguno del mundo, al parecer, porque el derecho a la “libre determinación” acordado después de la I Guerra Mundial, se refiere a los países colonizados por las potencias colonizadoras. Y ese mismo principio es el que rige por la Declaración de Naciones Unidas.
Y para realizar todo ello, los independentistas catalanes metieron la mano en la caja del Estado, a la que aportamos todos los españoles, para pagar a los esbirros que encargaron las papeletas electorales a China –nada menos- y difundir una falsaria propaganda, en las embajadas que habían montado en varios países, sobre la represión y opresión del Estado español sobre los pobrecitos catalanes.
Quienes argumentan que la malversación, que nos robó millones a los sufridos ciudadanos de todas las provincias españolas, no tiene importancia sino fue para aumentar la cuenta corriente de los mafiosos que la organizaron, tienen desde luego muy débil el patriotismo de que tanto alardean y una moral social que necesita rehabilitación. Si mal está que se robe al Estado para enriquecerse particularmente peor es que ese dinero sirva para difundir internacionalmente calumnias contra el gobierno de la nación, las fuerzas armadas, la Constitución española y las relaciones, ya milenarias, entre la sociedad civil catalana y la llamada por ellos “española”, como si los catalanes no fueran españoles, en una repugnante campaña xenófoba y racista que tilda a los andaluces de vagos y maleantes y asegura que los catalanes son superiores.
La izquierda española, si existe, lo que debe hacer en vez de pactar con los independentistas para mantenerse en este débil equilibrio del poder, tendría que dedicarse a unir a los trabajadores y a las mujeres de toda España contra los enemigos comunes, la Monarquía, el Capital y el Patriarcado. Objetivos que no parecen ser los suyos, ni los del PSOE, por supuesto, ni los de esa amalgama de grupúsculos que se han apropiado del marchamo de la izquierda y que cumplen el deseo de la burguesía: dividir a los trabajadores con la excusa de su “nacionalidad”. Lo que está haciendo es malversar la malversación.
