Apenas año y medio ha logrado mantenerse en la Presidencia de Perú Pedro Castillo, tras una trepidante jornada de miércoles que fue el episodio final de una trayectoria de gobierno imposible. Para la derecha peruana y el fujimorismo ya fue intolerable la derrota política ante un candidato de origen campesino y maestro de escuela, proveniente de un partido con ideas mariateguistas; no iba a permitir que Castillo cumpliese los 5 años de mandato y para ello se empeñaron con todas sus fuerzas en sembrar el caos e impedir la normalidad.
En una maniobra que parece una apuesta desesperada y que ha sido criticada hasta por compañeros de partido y personalidades de la izquierda latinoamericana, Castillo anunció ayer, horas antes de la tercera votación del Congreso que cuestionaba su capacidad, la disolución de la Cámara y un Gobierno de excepción.
La disolución del Congreso fue inmediatamente catalogada como autogolpe por la prensa mundial y criticada por líderes políticos conservadores, e incluso representantes de EEUU calificaron apenas unas horas después a Castillo como «expresidente» y censuraron las acciones «anticonstitucionales». La opinión pública peruana llegaba a realizar comparaciones con el golpe de Fujimori en el 92.
Sin embargo, esas mismas voces críticas no tomaron nunca la palabra cuando el Presidente, elegido legítimamente por el pueblo peruano, avisaba de que se estaba produciendo un intento de derrocarle desde el primer minuto de su mandato y que nunca permitieron que su administración trabajase para lograr la estabilidad de un país que ha tenido cinco presidentes en los últimos cuatro años, y que en los últimos meses ha visto desfilar en su Ejecutivo a decenas de ministros que iban renunciando a medida que la derecha lanzaba acusaciones de corrupción.
Tampoco indican esas voces críticas -que vieron en la maniobra un intento de «aferrarse al poder» y una falta de respeto al orden constitucional- que Castillo proponía un Gobierno de urgencia hasta una convocatoria de elecciones al Congreso, y la apertura del proceso para aprobar una nueva Constitución, que era uno de los proyectos de su mandato.
Detención de Castillo y nombramiento de Dina Boluarte.
En cuestión de unas horas, Castillo fue detenido por la policía y acusado de «delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de conspiración». El ahora expresidente no contaba con el apoyo de las fuerzas de seguridad del país y tampoco con los poderes judiciales. Precisamente la acusación de sedición parte del propio procurador general del Estado.
Unas horas antes, el Congreso aprobó la vacancia contra Castillo con 101 votos a favor y citó a Boluarte a la sesión del pleno, pues de acuerdo con la normativa Boluarte debía asumir el cargo.
Boluarte, parte de la lista electoral de Perú Libre, aseguró que si Castillo era destituido por el Congreso en las sucesivas intentonas, ella abandonaría su cargo de vicepresidenta y no asumiría la presidencia. Pero tras el intento de cierre luego del Congreso le retiró su apoyo y condenó públicamente el acto.
México mantiene su apoyo moral a Castillo.
El gobierno de López Obrador, que ya había manifestado su apoyo a Castillo durante la polémica de la próxima presidencia de la Alianza del Pacífico, que le correspondía a Perú en su siguiente celebración, manifestó que respeta las decisiones de otros países tomadas dentro del orden constitucional propio, pero añadió: «consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de incapacidad moral».
Finaliza de este modo el mandato de Castillo, quien tuvo la habilidad de ganar unas elecciones con añadido de segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, pero tal vez haya carecido de decisión a la hora de movilizar a su mayor apoyo, las masas populares y las zonas campesinas ajenas a la rancia tradición conservadora del entorno de la metrópoli limeña.
