La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el pasado día 21 de noviembre 2021. Se
basa en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como
en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los
derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, como reza el
comunicado de Presidencia del Gobierno.
Para Félix Bolaños, Ministro de Presidencia y Memoria Democrática, con esta ley «pasamos
definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia, de la Dictadura y de la
Guerra Civil, y abrazamos y reivindicamos lo mejor de nuestra historia, a las personas que
lucharon por la democracia, por la Transición, por la Ley de Amnistía y por la Constitución».
Para el ministro, la Ley de Memoria sitúa a España al mismo nivel que otras democracias
europeas y ajusta a nuestro país a los principios de derecho internacional.
La nueva ley es el paso más grande que se ha dado en este sentido durante el último
periodo democrático en España, y sin embargo, no supone una reparación o un marco
legislativo completo. Gloria Magro en conversación con Xulio García Bilbao, del Foro por la
Memoria de Guadalajara, éste le explica que «muchas Asociaciones de memoria histórica
denunciamos desde que se promulgó la ley, en 2007, que era insuficiente y por supuesto
dejaba a las víctimas lejos de su derecho de acceso a la justicia. No tenía un reglamento
aprobado para desarrollarla y eso nos trajo muchos problemas».
«En mi asociación -prosigue- la Federación Estatal de Foros por la Memoria, elaboramos un
proyecto alternativo de ley de víctimas del franquismo que equiparara a las víctimas de la
dictadura con las víctimas de cualquier otra naturaleza. La llegamos a presentar en
Guadalajara en 2015, cuando nos reunimos 60 asociaciones de todo el Estado español y
redactamos un documento reivindicativo que se resumía en 16 puntos que entregamos a
todos los partidos políticos de cara a las elecciones de este año»
Los principales puntos de La Carta de Vicálvaro, como se llamó al documento, eran la
anulación de la Ley de Amnistía de 1977 y el cumplimiento de las recomendaciones de
Naciones Unidas en materia de Derechos humanos. «En el año 2020 nos reunimos con la
Ministra Carmen Calvo» comenta Xulio García Bilbao «e incluso consideramos que el que
se plantearan una nueva ley ya era un triunfo en sí mismo porque demostraba que la
anterior ley de 2007 estaba obsoleta en muchos aspectos». Xulio García Bilbao afirma que
el Gobierno aceptó introducir varios cambios en el texto tras un proceso abierto a la
participación ciudadana. Entre ellos, el cambio de ilegal a ilegítimo en el artículo 5, en el
tema de la nulidad, «aunque sea un término que en este caso esté vacío de contenido porque no tiene consecuencias jurídicas» precisa.
Como experto en la búsqueda en archivos militares de personas desaparecidas en la
guerra, así como en localizar fosas y rastrear causas judiciales de la Guerra Civil y la
represión posterior, García Bilbao cree que la nueva ley es un avance, «pero incurre por
desgracia en algunas faltas fundamentales para nosotros. Enuncia mejoras que realmente
no lo son. Por ejemplo dice que se van a anular la sentencia judiciales pero no es cierto, es
una simple declaración que no tendrá consecuencias jurídicas. Así que en realidad esa reparación es solo moral». Por otra parte, no conlleva reparaciones económicas como las
derivadas de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y la recuperación e
indemnización a cargo del Estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los
bienes expoliados a personas físicas o jurídicas por motivos políticos, religiosos o de
represalias de cualquier tipo, y la devolución del dinero incautado por el régimen franquista
a la sociedad civil.
Otro punto en el que la nueva Ley no da respuesta a las demandas de las Asociaciones
memorialistas, según señalan éstas, es el referido a la búsqueda de desaparecidos.
«Reivindicábamos que fuera el propio Estado el que se encargara de la búsqueda pero
vemos que no es así. La ley crea una fiscalía de sala que se limita a hacer una investigación
sin consecuencias jurídicas. El derecho de las víctimas de acceso a la justicia no existe en
esta nueva ley», señala el responsable del Foro por la Memoria de Guadalajara.
Las asociaciones apelan a que se desarrolle cuanto antes el reglamento de la nueva Ley de
Memoria, incluyendo la creación de un banco de ADN, así como un régimen sancionador
para quienes no cumplan la ley. «En materia de justicia la ley es muy deficiente y eso sigue
siendo una gran asignatura pendiente. La impunidad de los crímenes de la dictadura
permanece. Y permanece el modelo privatizado de exhumaciones en el cual son los propios
familiares y las asociaciones y universidades los que se van a encargar de llevar a cabo
esas exhumaciones» aclara Xulio García Bilbao.
