Abolicionistas Huesca.
Hemos podido oír diversos comentarios, leer artículos, declaraciones… recientes en torno al 23 de septiembre, día en que se pretende concienciar a sociedades domesticadas y embrutecidas del negocio criminal de la trata. Sin embargo, a nuestro entender, de forma general, la prensa no ha incidido de forma suficiente en el contexto que la hace posible. Y es que un análisis radical es inexcusable para entender de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas, o más exactamente, de trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual. El feminismo lleva analizándolo y exponiéndolo desde hace décadas: el problema es la desigualdad social y sexual; el problema es un sistema de poder que subordina a las mujeres, les ofrece menos recursos, menos formación, menos oportunidades, las hace dependientes, en suma. Ahora bien: siempre deja a las indefensas la posibilidad de ser usadas y abusadas sexualmente, de ser prostituidas. Esta es una constante del sistema patriarcal, sea en sociedades democráticas o no. Un sistema que goza de excelente salud en el capitalismo global: genera “demanda y oferta” en función de las castas sexuales.
El feminismo ha explicado el problema de forma rotunda: sin puteros el sistema prostitucional se quedaría sin la “demanda” que lo sostiene. Y si el sistema prostitucional se agrieta, no habría trata. Es muy sencillo de entender a la par que complicado de explicar a una ciudadanía que mira para otro lado frente a la barbarie prostitucional: existe trata porque permitimos un lucrativo mercado de esclavas sexuales para uso y abuso de puteros. Así, si, de verdad, queremos acabar con la trata, hay que hablar de abolicionismo del sistema prostitucional. Abolicionismo significa respeto por los derechos humanos, empeñarse en la construcción de sociedades justas, trabajar por comunidades que reconocen la categoría de sujeto a la mitad de la población; hablamos, en definitiva, de abatir la escuela de desigualdad que es la prostitución y generar condiciones de libertad entre iguales.
Por supuesto, el lobby macarra continúa movilizando sus apoyos, que son muchos y poderosos (políticos, económicos, académicos, mediáticos…), para legitimar el mercado y evitar que se reduzca el espacio de alegalidad en el que ha levantado fortunas a costa de la trata y explotación sexual de mujeres y niñas desde hace décadas: no es casual que ostentemos el dudoso mérito de ser un país putero, el primero de Europa. De esta manera, los medios de comunicación siguen “informando” de los “problemas” que conllevaría articular medidas abolicionistas refiriéndose al abolicionismo desde el desconocimiento y, también, desde el cinismo. Conviene, pues, aclarar el tema: ¿Qué requisitos debe incluir un mandato para poder llamarse abolicionista?
La prostitución, en primer lugar, debe conceptualizarse y constatarse en la normativa correspondiente como lo que es: una expresión extrema de la violencia sexual que los varones ejercen sobre las mujeres, causa y consecuencia de la desigualdad histórica estructural entre ambos sexos.
El abolicionismo, por tanto, nunca penaliza a las mujeres prostituidas, nunca. Entiende, por el contrario, que son víctimas, es decir, personas a las que la sociedad, con la aquiescencia del Estado, ha permitido que se las expolie de derechos básicos, como el de su dignidad e integridad física, moral, emocional.
Y, por supuesto, esta categorización de su situación objetiva no niega, todo lo contrario, su capacidad de acción. Sabemos que los discursos que se refieren a no victimizar a las mujeres prostituidas (porque, supuestamente, las “desempodera”) en realidad tratan de invisibilizar a los prostituidores: tratantes, macarras, puteros, el conjunto social, que no sabe no contesta, o el propio Estado (proxeneta). El (neo)lenguaje no puede modificar una relación objetiva de desigualdad y de poder, pero sí logra enmascarar la realidad, dificulta su categorización y desarma intelectual y políticamente a las víctimas y a la sociedad.
NO podremos hablar de norma abolicionista si no cuenta, en primer lugar, con una dotación presupuestaria adecuada para atender las múltiples necesidades de las mujeres prostituidas debido a la extrema crueldad de las agresiones que sufren: hablamos de salud física y mental pero, también, de formación, de inserción socio-laboral…Este aspecto es imprescindible porque el abolicionismo exige la necesidad de dignificar a todas las supervivientes que lo deseen. Es una deuda que tenemos como sociedad para con todas las personas usadas y abusadas y cuyas vidas han sido devastadas.
Por supuesto, una ley abolicionista persigue y penaliza la delincuencia: macarras, tratantes, puteros… Porque ellos son los responsables del sistema, la razón del negocio: un pacto entre fratrías cuya mercancía son, principalmente, mujeres del sur global sin recursos, medios o formación que no pueden “elegir decir no”. (Vean el premiado documental: “El proxeneta”, de la directora Mabel Lozano).
Y, por último, pero no menos importante, un aspecto fundamental al que una medida abolicionista, de verdad, debe hacer frente, con recursos, medios adecuados y compromiso sincero, es formar de manera solvente a profesionales que intervienen en procesos de información o atención. No puede olvidar, tampoco, educar y sensibilizar a la sociedad, especialmente a los jóvenes y a los que, eufemísticamente, se denomina “clientela”. Porque es necesario desarticular el “sentido común”, el sustrato cultural y de valores dominante que justifica y normaliza la violencia sobre las mujeres: hay que cuestionar la misoginia perfectamente detectable en cualquier “producto cultural”, específicamente, la pedagogía sadiana del relato pornográfico, que presenta como “sexo” lo que no es sino violencia y poder masculino…
Al menos, este conjunto de enfoques teóricos y prácticas políticas deben darse para hablar con rigor de abolicionismo. No hay que inventar nada: se están llevando a cabo desde hace años en países como Suecia, Noruega, Francia o Islandia. Y en el nuestro la PAP (Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución) ha elaborado una disposición abolicionista que el gobierno conoce desde 2020. Vayamos a la raíz: si se desautoriza a los puteros, no habría prostitución y sin prostitución no habría trata.
