La izquierda contra el engaño del catalanismo

Lidia Falcón, Santiago Trancón, Julio Villacorta.

La Constitución Española de 1979 nos trajo a los ciudadanos españoles un pacto entre el pasado y el futuro. Algunos buscamos la ruptura con el régimen franquista y la restauración de la Republica. Otros buscaron la continuidad con caras viejas. Otros la tradición monárquica con caras nuevas. Al final salió una formulación mestiza. Todos dejamos jirones en el empeño y nos preparamos para una etapa de desarrollos tácticos a la espera de que el tiempo nos ofreciera nuevas oportunidades para nuestro modelo.

El tiempo ha pasado y muchas voces han expresado su valoración a lo largo de los más de 40 años de vigencia del pacto constitucional. Se han sucedido gobiernos que han enfocado su gestión en función de sus valores y aspiraciones. Las grandes corrientes ideológicas han madurado sus posiciones. El mundo ha evolucionado y con él la política española ha ido adaptándose con mejor o menor suerte a esa evolución. Los retos son permanentes. Cada día ha tenido su afán.

El 18 de septiembre un nuevo reto llama a la puerta. ¿Es la política lingüística consensuada en el Parlamento catalán la política realmente necesaria para esta sociedad? ¿Es esta política la adecuada (para) (a) la realidad? ¿Es justa?

Los autores de este artículo llevamos sobre nuestras espaldas una larga trayectoria de un compromiso político vertebrado sobre los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Expresamos un amplio abanico de matices susceptibles aún de encontrar fórmulas de encaje para acometer nuevos retos compartidos en el futuro.

Sin embargo, a partir de este domingo 18 y, con seguridad, para la etapa que con esta fecha se abre, una reivindicación común nos aúna.

Muchos fuimos los, en ese momento, ciudadanos catalanes a los que el catalanismo nos negó el derecho al ejercicio de la función pública en la nueva administración naciente en España. Y, por ello, muchos fuimos los ciudadanos catalanes que pasamos a tener un derecho de ciudadanía limitado.

Como nosotros en Cataluña, millones de ciudadanos formados en la época franquista no tuvimos acceso a una formación lingüística suficiente para acceder al nuevo modelo lingüístico que empezaron a implantar las administraciones de las comunidades autónomas con lengua cooficial.

La situación era claramente injusta y las pocas voces que se alzaron fueron ignoradas y arrinconadas por ese catalanismo trasversal que domina la aritmética parlamentaria y que llegó a infiltrarse en la izquierda, desde el franquismo, con el lema: “Liberación de clase y liberación nacional, dos caras de la misma moneda”, enmascarando la explotación de clase con el discurso de la liberación nacional, para engañar al proletariado y a las mujeres que pueden creer que con la independencia vivirán mejor, cuando la burguesía catalana es de las más mezquinas y avarientas y quiere hacerse con la exclusiva de la plus valía.

Ahora, 40 años después, se ha puesto de manifiesto que los grupos políticos que apadrinaron ese proyecto lo que en realidad buscaban no era la recuperación de esas lenguas por el valor cultural que ello representa. Lo que buscaban y buscan era y es imponer un proyecto nacionalista para cada una de ellas, condenando a muerte a la realidad nacional española labrada durante tantos siglos.

Y el problema añadido no es lo que buscan, sino cómo lo buscan. La realidad de los hechos es que las aspiraciones nacionalistas periféricas en España, como en una carrera de relevos, han traicionado, con estrategias diferenciadas pactadas -como la Declaración de Barcelona- y prácticas, sanguinarias unos y torticeras otros, el pacto constitucional.

En realidad, responden a las pretensiones de las burguesías que pretenden hacerse con los beneficios económicos de la explotación de las clases trabajadoras, la mayoría de origen emigrante. Esas burguesías que durante la época franquista se beneficiaron de su cercanía y servidumbre a los jerarcas del régimen. Para nadie debería ser un secreto que los que ahora se muestran radicalmente independentistas son hijos y nietos, y alguno incluso protagonista, de los industriales y comerciantes que se beneficiaron de las subvenciones, regalías, comisiones y participación en los negocios de los jerarcas del régimen.

Desde finales del siglo XIX, cuando la pérdida de las colonias llevaba a la crisis económica a los diversos sectores de producción afectados, la burguesía catalana ha enarbolado los sentimientos nacionalistas para obtener beneficios económicos del Estado español, mientras se apropiaba de la plusvalía extraída a los trabajadores de toda España, que arribaban a Cataluña expulsados de sus pueblos por la explotación exhaustiva a que los condenaba el sistema feudal de sus regiones de origen.

La manipulación de los sentimientos que utiliza constantemente los gobiernos de Cataluña para convencer a los catalanes de origen de que son sometidos al pago de cantidades exorbitantes por parte del Estado , recordad el eslogan “España nos roba”, oculta los verdaderos propósitos de la clase gobernante: hacerse con la totalidad de los bienes de producción, dejar de pagar impuestos, dejar de compartir las cargas sociales con el resto de España, y buscar apoyo internacional, indiscriminadamente, con el único propósito de debilitar a España y fragmentar aún más Europa, con los beneficios económicos que ello pudiera reportarles.

Estos objetivos están enmascarados en los discursos y programas electorales del gobierno de la Generalidad, con grandes y enfáticos discursos sobre la identidad nacional, la lengua propia y la defensa de las tradiciones catalanas.

En consecuencia, y parece que en venganza por la represión que sufrieron durante el franquismo, el gobierno catalán ha decidido erradicar la lengua castellana (española) del territorio de Cataluña, mediante el sistema educativo que impone en todos los grados de la enseñanza pública.

Esta política constituye un verdadero genocidio cultural: privar a las generaciones venideras, desde la infancia, del conocimiento de la lengua española hablada por 580 millones de personas en varios continentes, haciendo de los niños –hoy- unos ignorantes provincianos que están privados de un saber que los marginará del mundo económico, cultural y científico nacional e internacional, reduciéndolos al mínimo ambiente catalán.

Porque, además, se produce la máxima falacia: mientras los gobernantes imponen la erradicación del castellano de la enseñanza pública, ellos matriculan a sus hijos en las escuelas privadas y extranjeras donde no sólo se enseña en castellano sino además aprenden otros idiomas. Porque para ellos queda claro que la ignorancia de las lenguas habladas mayoritariamente en el mundo es un caudal cultural y educativo imprescindible para el futuro económico y social de sus hijos. Ese del que privan a los trabajadores que no pueden costear una enseñanza de calidad a los suyos. 

Por ello, lograr que el sistema educativo sea realmente bilingüe, con la participación igual del castellano -lengua común española- y el catalán, es una reivindicación popular que fundamentalmente beneficiaría a las clases trabajadoras, esas que nada le importan al gobierno burgués y xenófobo de la Generalidad de Cataluña. Es hora, pues, de reivindicar la construcción de un modelo de sociedad en el que todos nos podamos realizar, individual y colectivamente, no solo sin renunciar a nuestros signos de identidad sino consiguiendo que éstos formen parte del perfil propio de los signos de identidad de Cataluña.