Desobedecer o acatar leyes

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Pilar Aguilar CarrascoAnalista y crítica de cine.

Las leyes hay que acatarlas, pero, por supuesto, existe la opción personal de incumplirlas. Claro que, para este último caso, la propia ley prevé un castigo.

¿Por qué hay quien incumple las leyes? Los motivos son variadísimos, desde la casi fatalidad (haber nacido en un ambiente degradado, de extrema marginalidad, donde lo “obvio” es la delincuencia) hasta el egoísmo insaciable, adobado con el convencimiento de estar por encima del común de los mortales (Urdangarín, Mario Conde), pasando por el sentido de la justicia y la legitimidad (sí, la ley se puede infringir justamente por un deber hacia la justicia, la dignidad, los derechos humanos) … Miles de casos son posibles.

Pero lo innegable es que la legalidad no siempre se solapa con la legitimidad y la justicia.

Esto debería resultar meridianamente claro en nuestro país, donde aún vivimos bastantes personas que, en su día, elegimos conscientemente ser “delincuentes”. En efecto, en tiempos del franquismo, muchos y muchas nos lanzamos a incumplir leyes porque eran injustas, denigrantes, indignas… Lo hacíamos sabiendo que cometíamos un delito por el que podíamos recibir un duro castigo. Y, de hecho, muchos y muchas fuimos castigados.

Ahora bien, cuando llegó la democracia (incluso antes, en la transición) se nos indultó. Lógico, pues lo que el fascismo consideraba punible pasó a considerarse legítimo: pertenecer a un partido político, por ejemplo.

Hubiera resultado aberrante que la democracia siguiera considerándonos delincuentes ¿no?, que nos hubiera negado el indulto escudándose en el hecho de que, si bien las leyes democráticas eran otras, nosotros/as habíamos sido legalmente condenados.

Cierto, hay quien, aun considerando que una ley es injusta, arbitraria o incluso nociva, opta por respetarla. Lo puede hacer impelido/a por las más diversas razones: ya sea por miedo o porque cree que, a pesar de todo, es preferible cumplirla, etc. Así, muchas madres que vivieron casos similares a los de María Salmerón, aun pensando que un maltratador no puede ser un buen padre, acataron la ley. No seré yo quien juzgue sus opciones porque ni siquiera conozco ni remotamente las circunstancias concretas.

Y sí, en efecto, María incumplió la ley de forma reiterada y consciente. Nadie lo niega. Lo hizo impelida por el amor hacia su hija que entonces era una niña pero que, como la misma hija dice: “Fui yo la que le supliqué cientos de veces a mi madre que no me llevara a ese infierno”.

María optó por protegerla del maltratador (maltratador que, pese a ser condenado, nunca entró en prisión).

Además, tal y como muchas personas están recordando estos días por las redes, todos los gobiernos –tanto del PP como del PSOE- han indultado a quien han querido. Incluyendo a siniestros personajes como Armada, Gómez de Liaño, Arias-Salgado, y otros muchos condenados por las más diversas causas: Barrionuevo, Vera y 8 cargos más (condenados por el secuestro de Secundo Marey); los dos comandantes que trapichearon con los 76 muertos del Yak-42; Alfredo Sáenz, ese ínclito banquero condenado por acusación y denuncia falsas; los cuatro mossos condenados por torturas y lesiones… Y un larguísimo etc. dentro del que no podemos olvidar los 1328 presos indultados en 2000 con motivo del año jubilar (¡toma ya motivo en un estado aconfesional!).

Con el agravante de que las razones legales que avalan la entrada en prisión de María son más que discutibles. Así, por ejemplo, los hechos que motivaron su condena están prescritos y así, por ejemplo, hoy en día nadie entra en prisión por una pena de nueve meses.

Pero es que, más allá de todas las alegaciones que pueden deslegitimar esta negativa de indulto, y aunque la ley fuera radicalmente contraria a la concesión del mismo ¿qué pasa? ¿Que el gobierno no tiene capacidad ni margen para actuar desde la justicia, la sensatez y un respeto básico hacia la dignidad humana?

A ver, que, como último recurso, le recordamos a ese gobierno patriarcal que existe el decreto ley. El decreto ley está contemplado en el propio ordenamiento jurídico como una norma que, en determinados casos y en virtud de razones de urgencia, dicta el poder ejecutivo. Y para ello no necesita ni la intervención ni la autorización previa del Parlamento. O sea, se puede emitir en un plis-plas y siempre que se considere conveniente. ​

¿Qué significa todo esto? Pues que si no han indultado a María es porque no les ha dado la gana, tal cual. Dicho así, sin perifollos ni adornos: no han querido. ¿Por qué? pues porque les importa poquísimo el sufrimiento de María y su hija. Porque las desprecian. Porque nos desprecian (a las mujeres, digo). Porque siguen considerando que los “asuntos de mujeres” son cominerías, tal y como enseñaba la Iglesia allá por el franquismo.

Son indignantes, no tienen entrañas, dan asco y vergüenza…

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