La farsa de la ley contra el proxenetismo

Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España.

La farsa del proyecto de ley para la prohibición del proxenetismo ha superado las mentiras, las manipulaciones y las comedias a que nos tiene acostumbradas el PSOE. La emoción de Adriana Lastra en el Congreso cuando exponía los nobles motivos por los que su partido se decidía a perseguir a los proxenetas, no puede ser más ridícula, impropia de una diputada mayor de edad. Ella y sus antecesoras en el escaño han soportado cuarenta y cinco años de representación de su partido, entre los que se cuentan veintiuno de gobierno, sin presionar a sus dirigentes para que de una vez se decidieran a aprobar una verdadera ley de abolición de la prostitución. Han aguantado, impertérritas, que se aprobara el Código Penal de 1995, con el ministro de Interior y Justicia a la vez, Juan Alberto Belloch, que eliminó el delito de proxenetismo, el de perversión de menores y el de estupro, lo que permitió que quedara impune la red de pederastas que actuaba en Valencia, y situó la edad para prestar consentimiento sexual a los 12 años.

Al Partido Feminista de España y a mí misma nos costó batallar en solitario contra semejantes despropósitos porque nuestras “compañeras” jamás abrieron la boca para protestar por la liberalidad con que el gobierno de su partido permitía, o impulsaba, el proxenetismo y la pederastia. En 2002, representé al PFE, a la Asociación de Vecinos del Barri dels Velluters de Valencia, y al Sindicato STEV, en una acción popular contra los burdeles, proxenetas y macarras que actuaban libremente en los tugurios que proliferan en el barrio. Nos costó a los querellantes 6.000 euros de fianza que la jueza de instrucción nos impuso y a mí un año de trabajo, para que el sumario concluyera con el archivo de la causa. Ninguna de las desgraciadas que estaban confinadas en los locales del barrio, como los animales estabulados, declaró contra sus explotadores. Eran rumanas y búlgaras y aseguraron ante la jueza que habían venido voluntaria y libremente a España para “trabajar” por su cuenta en los prostíbulos de Valencia. Ninguna de las diputadas socialistas de aquella época, ni el gobierno de la Comunidad Valenciana, ni las diversas asociaciones inspiradas por el PSOE y mantenidas por sus militantes nos apoyó.

Como está establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no he logrado modificar en 45 años, es la víctima la que tiene que probar la relación de explotación con su explotador. De igual manera que la mujer maltratada debe aportar las pruebas de su martirio.

Cuando más tarde, el gobierno de Rodríguez Zapatero, aprobó un “Plan contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual”, por un periodo de 8 años, apoyado por el entusiasmo de las feministas socialistas que aparecieron en la televisión abrazando al Presidente, se llevaron a cabo algunas investigaciones y registros de burdeles, como el macroburdel de La Junquera. La policía nos informó a las feministas que conseguimos que acudieran en Barcelona a unas Jornadas sobre prostitución, que el juez de instrucción había archivado la causa y dejado en libertad a todos los proxenetas. Incluso en el caso de una discapacitada psíquica, que vivía encerrada en la habitación, “trabajando” todos los días del año, incluso los que tenía la menstruación, a cambio de 300 euros mensuales que sus secuestradores enviaban a su familia en Rumanía. El macroburdel sigue funcionando.

Concluido el plazo del “Plan” se acabó la “diligencia” de las fuerzas de seguridad y de la judicatura por perseguir la llamada “Trata de mujeres con fines de explotación sexual”, que no ha merecido nunca una ley específica que la penalice. Tampoco entonces las fieles seguidoras del PSOE, tanto en su partido como en las múltiples asociaciones que han creado, manifestaron su disgusto por perder aquel instrumento legal que tanto habían jaleado a su aprobación.

Años después de muchas instancias del Partido Feminista, de debates, programas televisivos y controversias con los representantes del lobby proxeneta que se presenta como la Asociación Nacional de Empresarios de Alterne, ANELA, conseguimos que no se llevara a cabo el proyecto de regular la prostitución y legalizar el proxenetismo que se perseguía ardientemente por Esquerra Republicana de Catalunya –puede verse la encendida defensa que hace Joan Tardá en el Congreso de los Diputados-. Con tanto afán presentamos ponencias en el Senado y en el Congreso, con otros grupos feministas no dependientes del PSOE, que en 2003 logramos que se aprobara el último párrafo del artículo 188 del Código Penal que transcribo. Añadido al antiguo redactado que, como todo ordenamiento legal, perseguía la violencia, la intimidación y el engaño.

Artículo 188. (Artículo redactado de acuerdo con la modificación establecida por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre): 1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

De nada ha servido esta precisión. No se han seguido más que esporádicos procesos contra proxenetas porque alguna mujer valiente se ha atrevido a acusarlos. Pero heroínas, que se juegan la vida y la de su familia, no puede haber muchas. Así, han transcurrido DIECINUEVE años, en los que las Plataformas Abolicionistas se manifiestan ritualmente, y el Movimiento Feminista Abolicionista organiza encuentros, recoge firmas, y presenta en el Congreso proyectos de ley que no tienen más recorrido que el Registro de la Cámara. En los últimos años Carmen Calvo se pronunció por la abolición de la prostitución, y como lo hizo reiteradamente, Sánchez la echó del gobierno y de la ejecutiva del PSOE. Y entonces, ni Adriana Lastra, ni ninguna de sus adeptas se pronunció, ni aun prudentemente en las redes sociales, para defenderla y protestar ante la pérdida de la cabeza visible del feminismo en el gobierno y en el partido.

Y llegamos a este bendito año 2022 para vivir el momento emocionante en que Adriana Lastra defiende en el Congreso otro proyecto de ley –los archivos de la Cámara no podrán pronto contener tantos proyectos-, esta vez sólo contra el proxenetismo, según reitera contundentemente contra sus críticos, que la acusan de proponer la abolición de la prostitución. Que los artículos 187 y 188 del Código Penal ya lo condena, no tiene importancia. Siempre es buena otra ley, orgánica para más seguridad, que reitere lo que consta en el CP, porque al parecer los jueces no acaban de entender lo que en él se dice. Así sucede también con los “vientres de alquiler”, infamia contra las mujeres de la que me ocuparé otro día.

“Se acabó el tiempo de las excusas y ha llegado el momento de las decisiones”, ha lanzado Lastra contundentemente ante sus señorías. Y le doy la razón. Ha llegado ese tiempo, ¿y cómo lo utilizan? Pues ahora les cuento.

Esta pomposa propuesta de ley se centra en perseguir el proxenetismo, Proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que así se llama, Y según cuenta la Exposición de Motivos “el Código Penal no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa obtención de lucro se haya llevado a cabo mediante la ‘explotación’ de la persona prostituida”. “Esta definición ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo”, añaden en el documento. Con lo cual suponen que eliminando la condición de explotación se perseguirá eficazmente el delito. Y sin saber qué diferencia hay entre lucrarse de la “explotación” o de la “actividad” sexual de otra persona, mi pregunta es, ¿cuál es la ventaja entre la redacción actual de CP y la nueva en que se elimina la condición de explotación, cuando el Código expresa que será delito aun con el consentimiento de la misma (la prostituida).

Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, criminóloga y especialista en violencia de género y sexual dice que “ese tipo penal no funciona. Cabría preguntarse por qué las mujeres explotadas no denuncian. Por un lado, hay una relación de poder en la que muchas mujeres no se autoidentifican como víctimas. Y las que sí se consideran víctimas, es posible que no tengan ni las fuerzas ni las herramientas para acudir a la Policía, donde se sentirán desprotegidas. ¿Por qué no hay apenas condenas estando ya tipificado como delito el proxenetismo?”, apunta en conversación con Newtral.es. Pero eso no se lo pregunta la señora Lastra.

Los alambicados argumentos utilizados por la señora Lastra, propios de la escuela jurídica que ha lastrado (y nunca mejor dicho) la literatura legal de nuestro país desde el siglo XIX, son camelos que sirven para entretener a sus señorías en las largas sesiones del Congreso, pero que jamás resuelven los problemas de la gente real. Con explotación o sin ella, el asunto es que la víctima de trata (no hablemos de prostitución porque ya sabemos que es voluntaria y libre) no podrá perseguir a su proxeneta como no puede perseguir a su explotador, a menos que se atreva a iniciar el farragoso proceso de la denuncia, las declaraciones al juez, al fiscal, al abogado del denunciado y la presentación de pruebas, en un largo tiempo indeterminado. ¿Y con estos argumentos pretende el PSOE que ha elaborado un instrumento jurídico contundente contra el proxenetismo?  Y además la propuesta de ley rebaja las penas actuales del CP, en vez de dos a cuatro años de prisión propone de uno a tres años. Lo peor, si cabe, es que las afiliadas del PSOE, incluso sus mentes más brillantes, aplauden la valiente decisión de su partido.

La segunda importante novedad que comporta el texto legal citado es la persecución de la llamada “tercería locativa”, extraño conjunto lingüístico que nadie entiende. Con este críptico término se refieren a quien preste o alquile el local (de eso viene lo de locativa) para que clientes y prostituidas lleven a cabo su negocio. Lastra se mostró enormemente satisfecha al decir que así se perseguiría a la prostitución que se practica en los domicilios.

En este momento, según cálculos de la Guardia Civil, hay 30.000 mujeres encerradas en los puticlubs de carretera que se anuncian con letreros luminosos eróticos, sin censura alguna. Cientos, ¿o miles? de casas de masaje, pubs, hoteles, pensiones, donde llevan a sus clientes las mujeres prostituidas. ¿Están informadas las socialistas de que el lobby de la prostitución es una mafia internacional que realiza el segundo negocio más lucrativo del mundo a través de la red de lupanares que administra? ¿Quieren decir que se investigará de quién es la propiedad del local y si no es de la mujer que practica el “oficio” se cerrará y se detendrá al propietario o inquilino? ¿De verdad tenemos que creer que los presidentes de los Consejos de Administración de las grandes cadenas de hoteles, donde se ofertan mujeres a la carta para los ejecutivos, serán denunciados y detenidos por ejercer “la tercería locativa”? ¿Y los directivos de las grandes corporaciones propietarias de los clubs de alterne acabarán esposados en los coches de la policía?  ¿De verdad veremos apagarse los anuncios luminosos que decoran nuestras carreteras y cerrados sus locales? ¿Y ha pensado la señora Lastra, y el equipo jurídico que ha elaborado tan sabia norma legal, que si se iniciara de verdad esa persecución la titularidad del alquiler del local cambiará rápidamente?

Lo que sí será posible es que detengan y encarcelen a las viudas con una pensión mínima que alquilen una habitación en su piso a algún chulo o macarra que lleve allí a su esclava sexual. Porque como decía Marx de los diputados de la Asamblea de Frankfurt, los congresistas españoles padecen la enfermedad del “cretinismo parlamentario” que consiste en creer que lo que no sucede en el Congreso no existe.

He tenido que soportar, a lo largo de mi vida, toda clase de mentiras y estupideces de mis gobernantes, pero ciertamente esta es una de las más ridículas, en que la hipocresía del PSOE para fingir que se avanza hacia la abolición de la prostitución ha superado todos los límites. Apoyado por las corifeas del partido, y otras adeptas, que consideran que no es todo lo que pedían pero que se ha avanzado en ese camino.

Alguna, antaño muy cercana al PSOE lo critica ahora, y a su máxima representante Carmen Calvo, reprochándole que no haya procedido a aprobar la deseada ley abolicionista en los 22 años de gobierno que ha disfrutado, y yo pregunto ¿y esas feministas críticas de ahora, ¿dónde estaban en el curso de ese largo periplo? Porque desde luego no era apoyando al Partido Feminista.