Ali Brancal, pedagoga, agente de igualdad e integrante de Espai Figa.
La prostitución es una institución patriarcal. Si desde los partidos políticos (otra institución patriarcal) se decide no pedir su abolición, lo que se hace es tomar partido a favor de su pervivencia.
La prostitución es violencia contra las mujeres. Y en la lucha contra esta violencia no puede haber peros, ni matices, ni prórrogas.
No definirse como radicalmente en contra significa estar a favor de seguir manteniendo el privilegio masculino de tener garantizada la posibilidad de acceder al cuerpo de mujeres a cambio de dinero. Y no vale querer arreglar esa terrible realidad diciendo que primero, antes de quitar ese privilegio a los hombres, es necesario montar toda una estructura social de formación y de posibilidades de empleo para las mujeres que se dedican. Condicionar que existan leyes que impidan la trata a que haya presupuesto para programas y proyectos es vil y perverso.
Es necesario universalizar derechos y combatir privilegios. Y el privilegio masculino ‘universal’, sin diferencia de clase social, ni raza, ni origen, que más afecta al bienestar de mujeres y niñas en cualquier país, es la prostitución. Un empresario con dinero y un peón de la construcción se equiparan en esta cuestión: cada uno dentro de sus posibilidades económicas tienen clarísimo que pagando tienen acceso al cuerpo de tantas mujeres como dinero tengan en el bolsillo. Sin importar los sentimientos, vivencias ni el malestar que provocan. Tanta guía para trabajar la igualdad en las aulas para acabar aprendiendo, pronto, que los deseos de los hombres van por delante de los de las mujeres. Que las mujeres están ahí para satisfacer su placer. Y que lo que las mujeres quieran, sienten, desean, no importa. Son cuerpos violables, comprables… Por no tener, en ocasiones no tenemos ni el derecho de nombrarnos con la palabra ‘mujer’.
Las cifras son estremecedoras. Los niños acceden al porno a los 8 años. El porno es la escuela que enseña qué hacer (quién y a quién) en las relaciones sexuales. Uno de cada cinco hombres valencianos ha tenido sexo de pago alguna vez en su vida, y entre 10.000 y 13.000 mujeres son prostituidas en un entorno de desigualdad. Cada día, 8.500 hombres pagarán 762.000 euros a las 10.000 mujeres prostituidas en la Comunitat Valenciana.
Condicionar la abolición de la prostitución a que todas las mujeres prostituidas tengan estudios y trabajo es como no prohibir el trabajo infantil o la esclavitud hasta que todas las familias tengan una fuente de ingresos estable, o hasta que se acabe el hambre en el mundo. Es condicionar una injusticia contra la mitad de la población a que se cumpla una utopía.
No pedir la abolición es aceptar que los puteros sigan teniendo derecho a pagar por usar los cuerpos de las mujeres. Y el mensaje está claro: nos parece bien que los hombres pagan por violentar cuerpos de mujeres, pero regulado. Siempre que paguen un impuesto. El gobierno sería el proxeneta.
Sólo hay dos razones para querer mantener esta situación: una, la económica, puesto que regular dejaría beneficios a un gobierno que se convertiría en proxeneta; otra, la electoral. A ver si será por no perder los votos de esos “consumidores”, que hay partidos que van mirando hacia todos lados sin afirmar que querrían acabar con la prostitución…
Sólo un recordatorio, para quien vive permanentemente haciendo cálculos electorales: las mujeres también votamos.
