Reclaman que se siga actuando contra los falsos autónomos

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El pasado miércoles, la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo públicos los datos sobre la actuación de la Inspección de Trabajo contra el fenómeno de los falsos autónomos, arrojando que en los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha levantado 60.221 actas por falsos autónomos, con una recaudación de 393 millones de euros por cuotas no pagadas en su momento a la Seguridad Social.

Para Maria José Landaburu, secretaria general de UATAE, una de las asociaciones mayoritarias de autónomos a nivel nacional, estas cifras «vuelven a poner de manifiesto cómo muchas grandes empresas se aprovechan de la precariedad estructural del trabajo por cuenta propia para abaratar costes laborales».

En este sentido, saludan la labor realizada por la Inspección y la apuesta por que ésta recupere «peso y medios tras los recortes de anteriores Gobiernos que la dejaron diezmada», y reconocen que «la llamada Ley Rider ha sido un paso adelante para blindar la laboralidad de estos trabajadores». 

Por contra, desde la organización apuntan que pese a que el Ministerio de Trabajo está demostrando que se toma en serio este asunto, a la vez los datos demuestran que queda mucho por hacer y es por ello que reclaman que se siga dotando de más recursos a la Inspección para continuar actuando y que el ámbito de la llamada «Ley Rider» se extienda a otras actividades y situaciones análogas, ya que el fenómeno de falsos autónomos se da en todos los sectores de la actividad económica. No obstante, Landaburu ha recordado que la clave está en abordar y resolver la desprotección y vulnerabilidad en cuanto a derechos del colectivo de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, «para que así a quienes defraudan no les compense recurrir a esta figura».

«El uso fraudulento del trabajo autónomo no sólo es un abuso y un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras directamente afectadas», remata Landaburu, «sino una estafa para la ciudadanía, como indican los 393 millones de euros recuperados para la Seguridad Social en estos dos últimos años» sentencian. 

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