Un contexto necesario
En la arena internacional a Colombia se le denomina como “la democracia más antigua y estable de América Latina” por el simple hecho que no ha tenido golpes de estado ni dictaduras desde mitad del siglo pasado. Tal aseveración ha tenido la intención de invisibilizar el origen y desarrollo de su conflicto interno. El mismo ha sido el producto de una ausencia de apertura democrática para la participación de fuerzas políticas distintas de los dos partidos de las oligarquías (el conservador y el liberal) herederas de la herencia colonial española y de una fuerte acumulación de la riqueza y de la tierra. A ello se suma la implementación de la doctrina del “enemigo interno” la cual ha dado tratamiento de guerra a cualquier expresión social y política que se oponga al régimen establecido. Doctrina trazada por Estados Unidos en la denominada lucha contra el comunismo desde los tiempos de la Guerra Fría. En comparación con todas las dictaduras del cono sur juntas, Colombia es tristemente célebre por tener las cifras más abultadas de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Gran parte de ellos por acción u omisión de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Estado.
En ese contexto, la búsqueda de la paz y la justicia social han sido la consigna de los movimientos populares e incluso de las mismas guerrillas. Lo anterior, en el entendido en que la raíz del conflicto social y armado está en la ausencia de democracia real, la redistribución de la tierra y la riqueza, y en general a la imposibilidad al acceso a las mínimas condiciones de vida digna de amplias capas de la sociedad colombiana.
Según cifras oficiales a 2021, más de 21 millones de personas viven bajo el umbral de pobreza, lo cual es un 42.5% del total de la población colombiana. El despojo de la tierra a campesinos e indígenas ha estado en el centro del conflicto, en particular para su apropiación para los cultivos ilícitos, pero también para la explotación ganadera y agrícola latifundista y la explotación de recursos mineros y de todo tipo de materias primas. Por ejemplo, cerca del 80% de las pequeñas propiedades de tierra menores a 10 hectáreas representan apenas el 6% de la superficie agropecuaria del país, mientras que las propiedades mayores a 1000 hectáreas representan apenas al 0.2 de los propietarios, pero suman cerca del 54% de la superficie agropecuaria del país. Para ello ha servido la implementación de la doctrina del enemigo interno, en la medida en que las operaciones de fuerzas paramilitares (en muchas ocasiones en conjunción con las fuerzas militares) son las responsables de dicho despojo de manera violenta.
Una solución a tal problema de distribución de la tierra, de recuperación de las tierras despojadas violentamente y de sustitución de cultivos ilícitos estuvo en la agenda del proceso de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Como en anteriores procesos de paz con las guerrillas, la esperanza de lograr una paz real y resolver las causas del conflicto se han ido diluyendo. Se ha dado un incumplimiento sistemático del acuerdo de paz por parte del gobierno colombiano.
En los últimos tres años han ido en ascenso el exterminio de excombatientes de las FARC-EP y de líderes sociales y políticos, las masacres, el despojo y la pobreza. La corrupción se ha ido quitando el velo, y los escandalos de los partidos políticos mayoritarios son frecuentes y descarados. Se suman a ello los resultados de décadas de implementación del neoliberalismo con el desmonte del Estado Social y de derechos, a un alto nivel de inflación debido, entre otras, a que Colombia es una economía fuertemente dependiente de los precios del petróleo, y los efectos de la pandemia por la COVID-19.
Señales de cambios
Tanta desigualdad, violencia y desesperanza para las nuevas generaciones han sido el caldo de cultivo para un gran estallido social que se ha hecho latente con fuerza en los paros nacionales de 2019 y 2021. La respuesta estatal a ellos ha sido por supuesto violenta. Las cifras de asesinatos, mutilaciones, uso de armas prohibidas, y todo tipo de abusos por parte de la fuerza público han sido documentos y expuestos al mundo gracias a la labor de difusión que se ha implementado. El reflejo de un estado autoritario, y lo que la policía y el ejercito han venido haciendo por décadas, lo hemos podido ver casi que en directo gracias a las nuevas tecnologías de la información.
Todo el descontento social se ha venido plasmando en un proyecto político de convergencia denominado “Pacto Histórico”. El mismo aglutina a los diferentes partidos del espectro de izquierda y progresista, así como a movimientos sociales que han jugado un papel decisivo durante años en la defensa del territorio para la gente y no para los intereses del gran capital y las mafias. La primera prueba de dicho proyecto han sido las recientes elecciones para renovar el Congreso de la República con las curules de Senado y Cámara de Representantes. El resultado ha sido histórico. A falta de un resultado definitivo, que depende de las verificaciones que se están haciendo en un contexto de un posible gran fraude como ha ocurrido en otras ocasiones, el signo de cambio de la expresión popular por la vía democrática ha llegado.
Con todo y ese fraude que se está destapando, que obviamente se ha fraguado para quitar votos al Pacto Histórico, el conteo preliminar de votos ha arrojado las mayores votaciones para Senado y Cámara. Por primera vez se obtiene la única curul en la Cámara por los Colombianos residentes en el exterior. Dentro de las consultas partidistas (o elecciones primarias) para elegir los candidatos a la Presidencia, el Pacto Histórico tuvo con diferencia la mayor votación. Se ha elegido a Gustavo Petro como su próximo candidato presidencial. Igualmente, se ha obtenido una votación interesante para otros candidatos de dicha consulta, como la obtenida por la líderesa Francia Márquez. Interesante porque ella ha ganado en votos a los candidatos de otras consultas de partidos tradicionales cuyas campañas tienen el manto de engrasadas maquinarias lectorales corruptas.
En definitiva, parece que tras más de dos siglos de guerras internas y de dominio de partidos políticos de la oligarquía colombiana, la lucha popular por vías democráticas empieza a recoger sus primeros frutos. Ello, a pesar de la maquinaria corrupta y mafiosa asentada en las instituciones del Estado colombiano. Una esperanza popular real se abre en la perspectiva de la transformación social y política.
Puede ser el principio del fin del autoritarismo de la Colombia de la doctrina del enemigo interno. Ello deberá confirmarse en las próximas elecciones presidenciales. El reto es lograr que la votación sea masiva por el Pacto Histórico y haya poco margen de maniobra para otro fraude electoral. Para ello también será fundamental la labor de testigos electores y las misiones de observación electoral, para tener una radiografía de los resultados apenas se cierren las votaciones y así poder contrastar el posterior resultado oficial.
