La ratificada condena dictada por Tribunal Supremo de Italia de Cadena Perpetua para el general Morales Bermúdez, ha traído al recuerdo la «Operación Cóndor» impulsada en su momento por las dictaduras militares del Cono Sur, alentadas por El Pentágono y sustentadas por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
Ella se hizo formal luego de un encuentro celebrado en Chile en noviembre de 1975, y al que concurrieran «delegados» de ese país, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El Perú no participó, porque sus socios no tenían confianza en los militares de aquí, que vivían aún influidos por el Proceso del 68, aunque ya Velasco había sido depuesto.
Esta Operación, puso en marcha un plan de exterminio para «acabar con la subversión», entendida como la fuerza que se oponía al Poder Militar imperante, y obstruía la aplicación del Neoliberalismo en estas tierras, y que debía imponerse a cualquier precio.
En general, sus acciones fueron secretas. Se desarrollaron a escondidas, amparadas en la oscuridad de la noche, en el campo, o en playas en las que numerosas víctimas eran torturadas y asesinadas. En todas, actuó la Fuerza Armada de cada uno de los países.
Así, miles de personas secuestradas en Argentina fueron trasladados a lugares clandestinos de reclusión, como la ESMA, o establecimientos comerciales como Automotores Orletti, Lo mismo sucedió en Chile, Uruguay, y otros países. Pero todas estas acciones tuvieron un común denominador: eran prácticas de exterminio masivo y se orientaban a acabar definitivamente con todo aquello que asomara como «resistencia» a la política oficial.
Matar destacadas personalidades como el general Pratts, Orlando Letelier y Juan José Torres, o arrojar presos atados al mar desde aviones, era una rutina consustancial al esquema entonces vigente.
Uno de los líderes de esta práctica asesina, el general Iberico Saint Jean -gobernador de Buenos Aires en 1977- acuñó una frase que mostró muy claramente «la frontera» en la que debía terminar la acción: «Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos».
En esa concepción, enemigos de estos «Cruzados» de nuevo tipo eran todos: estudiantes, intelectuales, profesionales, sacerdotes, incluso militares, considerados “enemigos”, y a los que había que aniquilar de todos modos. Esas prácticas y sus teorías llegaron al Perú un poco después, cuando los requerimientos de la «Operación Cóndor» demandaron no solo acciones, sino también información. Proporcionarla, era un modo de hacer «mérito» ante servicios interesados. Ahí asomó la presencia peruana en Cóndor.
Cuando en los primeros días de marzo de 1977 se anunció la visita al Perú del general Carlos Rafael Videla, la policía hizo algunas capturas. Entre los detenidos estuvo Carlos Alberto Maguid, un ciudadano argentino que vivía refugiado aquí.
Lo conocí personalmente porque compartimos celda los cinco días en que ambos estuvimos detenidos por el mismo motivo: el interés de Morales Bermúdez por asegurar que no hubiesen actos hostiles que empañaran la visita del mandatario Gaucho.
Maguid era un hombre claro, lúcido y valiente. Era consciente de la situación que se le había creado y sabía que podría serle fatal, como ocurrió. A poco de liberado, fue capturado nuevamente, torturado en forma salvaje y finalmente asesinado. Unos dicen que murió aquí, y otros, que fue entregado a las autoridades de su país, pero en cualquier caso se convirtió en un Desaparecido.
Fue el primer hito en la relación ya establecida entre los servicios secretos peruanos y la Operación Cóndor. Alguien deberá responder por eso.
En mayo del 78, ocurrió otro caso tangible: la detención y deportación de personalidades políticas del Perú por parte del gobierno militar. Ellas, fueron enviadas a Argentina. Originalmente depositados en Jujuy, se les remitió a La Patagonia. Aunque la intención era matarlos, los afectados lograron recuperar su libertad y salir de ese país.
Ese fue un nuevo hito en la relación entre las autoridades militares peruanas y la Operación Cóndor.
Dos años más tarde, en junio de 1980, y afianzados los vínculos entre los servicios de inteligencia del Perú y la Operación Cóndor, se produjo el secuestro de presuntos Montoneros -hombres y mujeres- que fueron intervenidos en Miraflores, y no aparecieron más. Se responsabilizó por el hecho al Comandanta Carlos Morales Dávila, apodado «Britzo», quien luego se hizo humo.
Estos hechos fueron insuficientemente investigados y de ellos no derivó ningún proceso penal. Eso explica el accionar de Tribunales Italianos que indagaron también por “accidentes” que costaran la vida a Omar Torrijos, el ecuatoriano Jaime Roldós y el general peruano Luis Hoyos Rubio, entonces Comandante General del Ejército y el último de los militares velasquistas de la época.
Aunque los hechos hayan «envejecido», resulta indispensable investigarlos y deslindar las responsabilidades a las que hubiera lugar. Francisco Morales Bermúdez y sus colaboradores más inmediatos, deberán responder por ellos, que quedan como experiencias que Jorge Luís Borges bien podría haber incluido en su «Historia universal de la infamia».
Morales Bermúdez bordea ahora los 100 años. Es probable que la sentencia no se cumpla, pero la condena será un baldón sobre quien busca renovar afanes golpistas, derribar al Presidente Castillo y restaurar en el Perú el Poder Oligárquico, en el empeño por repetir la historia. Sólo que ella, no se repite, o como dijo el viejo Marx, la primera vez ocurre como drama, y la segunda como comedia.
