El pasado 19 se reinició la pelea entre el pueblo y la camarilla oligárquica aupada en el poder. Fue una jornada difícil, dura, que arroga lecciones al movimiento popular, pero también al régimen. Y que, sobre todo, pone en evidencia un hecho incontrovertible: la pelea continúa. El Gobierno no puede cantar victoria.
El movimiento popular en esta nueva etapa, buscó centralizar sus acciones y organizarlas de un modo más apropiado para tornarlas efectivas. Por eso surgió un comando unitario de lucha que buscó eslabonar iniciativas y orientar la batalla en un sentido estratégico. La idea fue forjar un movimiento más organizado capaz de ganar fuerza y aislar al enemigo principal. Esto se logró, aunque de manera parcial.
La movilización fue nacional. No se circunscribió a Lima. Virtualmente en todas las ciudades y en muchas otras poblaciones del interior, se produjeron acciones que impactaron a la ciudadanía. En el exterior: Barcelona, Berlín, París, New York y otras capitales, ocurrió lo mismo.
Como era previsible, las manifestaciones fueron pacíficas. Como antes, la violencia no salió del pueblo, si no de la represión policial. Y por eso los heridos, lo fueron, por el accionar del aparato represivo del Estado. No obstante, las concentraciones fueron numerosas y concurridas. Decena de miles de personas se movilizaron. En todos los casos, demandaron lo mismo: la renuncia de Dina y el cierre del Congreso. Estas exigencias contaron con una inmensa adhesión ciudadana.
El Gobierno, por su parte, se mostró temeroso y débil. Por miedo movilizó a casi 30 mil efectivos policiales para enfrentar a las poblaciones. En la víspera, desfilaron por el Paseo de los Héroes Navales agresivas columnas de uniformados entonando consignas de ataque. La semejanza de las mismas con los escuadrones hitlerianos de los años 30’s del siglo pasado, resultó evidente. Pero fue, además, el distintivo de un fenómeno: el renacimiento del fascismo en nuestro suelo.
Hay que añadir, adicionalmente las medidas pre cautelatorias: el control migratorio, el terruqueo, la campaña de prensa, el uso de 3600 cámaras de identificación personal y el control de las carreteras; medidas todas destinadas a intimidar a la población.
Para que no quede duda de eso, este fenómeno fue adelantado por la recepción que se dio en el Ministerio de Cultura a los escuadrones urbanos que operan la violencia bajo este mismo signo. La permanencia de la Titular del portafolio en su cargo –pese a que dio la orden de ese encuentro-, confirma el vínculo entre estas estructuras del terror y la cúpula del poder.
El miedo del Gobierno se expresó también de otra manera. Aunque los medios no lo publicitaron, circuló un Decreto Supremo autorizando a las Fuerzas Armadas el uso de armas de guerra, para controlar presuntos “disturbios”. Estos, nunca se produjeron, del tal modo que la disposición no fue efectiva. No obstante, la intención se hizo patente y fue notable como un modo de comprometer al poder central en la presunta colusión de crímenes, a fin de que no se libere de responsabilidades.
Aquí hubo una diferencia con relación a diciembre pasado, cuando esas órdenes se dieron de manera verbal. En esta circunstancia los mandos castrenses quisieron curarse en salud para que no recaiga sobre ellos la culpa de crímenes aviesos. El tema puso de relieve un hecho inobjetable: hasta hoy nadie sabe cómo marcha las investigaciones referidas a los 70 muertos de las primeras jornadas. Nadie asumió la responsabilidad de los hechos; y nadie, tampoco, fue imputado por los mismos. Al parecer, lo que se busca son crímenes sin castigo.
Eso se explica también por una circunstancia episódica: la relación que une a Dina Boluarte con Alberto Otárola. La primera está protegida por una decisión parlamentaria: el Congreso la hizo Presidente de la República.
El segundo –salvo un antejuicio- vive en virtual desamparo, y quedará en él apenas pierda su cargo de Ministro. Si la precaria inquilina de Palacio prescinde hoy de sus servicios, mañana podría estar preso. Carece de toda protección legal. Por eso se aferra al cargo con uñas y dientes.
A la inversa, la Dama depende también de él. Otárola podría declarar oficialmente que fue Dina la que ordenó el uso de las armas en Ayacucho y en Lave. Este testimonio sería demoledor. Allí, estriba su peso: el valor del chantaje.
Hay quienes suponen que Dina podría “beneficiarse” con lo ocurrido el 19 y “tomar distancia” del Congreso. Craso error. Están unidos por el mismo proyecto. Se necesitan mutuamente. Son la alianza del hambre con la necesidad.
Dina y Otárola, soslayaron en sus exposiciones el tema de la presencia militar Norteamericana en el Perú. Presentaron el hecho como una acción de rutina. Ocultaron la verdad. En otras ocasiones se trató, en efecto, de “asesorías” puntuales. Ahora se trata de más de 1200 soldados que aun operan en el país y permanecerán aquí hasta el 31 de diciembre.
Pero, además al inaudito hecho que el Gobierno autorizó el funcionamiento de Laboratorios de experimentación bioquímica de los Estados Unidos en nuestro país. Antes, esto ocurrió en Ucrania. Pero, por primera vez acontece en nuestro suelo. El silencio del Congreso de la República y de los proclamados “defensores de la Patria”, es ignominioso e imperdonable. Por eso, y por todo lo demás, la pelea continúa.
