La alcaldesa de la vivienda

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Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España.

En Barcelona, en el centro de la ciudad, la plaza Tetuán, han muerto abrasadas en un incendio cuatro personas: un hombre pakistaní, una mujer rumana, casados entresí, y dos niños, una bebé de meses y un varón de tres años, y están heridos cuatro hombres más. Ocupaban una antigua oficina bancaria, puerta con puerta con una escuela y a solo 50 metros de la Consejería de Interior de la Generalitat. Tenían luz pero no agua y debían abastecerse en la fuente de la calle.

La alcaldesa, Ada Colau, que se hizo famosa por su lucha contra los desahucios, en la que invirtió varios años de su vida en organizar y participar en manifestaciones, escraches, enfrentamientos con la policía y los juzgados, reivindicando el derecho de todos los ciudadanos a tener una vivienda digna, lo que la elevó en olor de multitudes hasta el sillón de la Alcaldía, asegura que el Ayuntamiento había atendido a esa familia. Asegura que se había procedido a la escolarización del hijo mayor y a facilitarles la atención sanitaria. Explica que las víctimas, al no tener una situación administrativa regulada, no podían optar a ayudas o prestaciones estatales o autonómicas, y tampoco podían entrar en la lista de espera de la mesa de emergencia habitacional, sea lo que sea eso. Y que el Consistorio les proveyó de servicios básicos como ropa, alimentación o transporte. En resumen, se les proporcionaron algunas ayudas menos la vivienda.

Todas las instituciones conocían la situación de esos desgraciados. Los Mossos de Esquadra incluyó el local en un listado de 65 espacios ocupados en riesgo, en situación parecida a la de la nave de Badalona que se incendió en enero pasado, en la que fallecieron cuatro de los 200 migrantes que malvivían dentro en barracas. El informe de los mossos fue compartido con el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat y con la Guardia Urbana, pero ninguno percibió riesgo estructural por lo que el Ayuntamiento no pidió un desalojo inminente. La teniente de alcalde de Derechos Sociales Laura Pérez, tampoco vio peligro para los menores.

Este es uno de los 105 locales comerciales ocupados por 481 personas, 156 de ellos menores, en Barcelona, donde hay además 86 asentamientos con 394 personas, 53 de ellos menores, según los datos del Ayuntamiento. Es admirable lo bien que llevan las cuentas los funcionarios del Ayuntamiento y es sorprendente que este preciso conocimiento de la situación no sirva para resolverle la vida a las personas. O, en un giro ideológico, también sorprendente, ahora a la alcaldesa no le preocupa la emergencia habitacional.

Especulando sobre tan desgraciado suceso se me ocurre que quizá el hecho de que el marido fuera pakistaní y la esposa rumana los hacía menos atendibles, en una ciudad que reclama su distinción de identidad catalana y en la que la propia alcaldesa ha explicado que ella votó la independencia de Catalunya.

Hace un par de días encontré en la puerta del Ayuntamiento y frente a la Generalitat a un hombre con un cartel que demandaba ayuda y especificaba “que era español”. En una breve entrevista me informó que había padecido un tumor cerebral y que vivía en la calle sin lograr que le ayudara a alojarse ninguna institución porque no era catalán, y me contó varios episodios de marginación y desprecio por parte de funcionarios de diversos estamentos, dada su condición de español. Con todas las reservas que podamos tener ante semejante acusación, lo que no cabe duda es que tanto el pakistaní como la rumana y sus dos pequeños están muertos.

Las entidades sociales y de vivienda pusieron el foco en que la tragedia de ayer visibiliza el problema de emergencia habitacional que sufre Barcelona. “La causa final del suceso es la vulnerabilidad, y seguro que el local no reunía las condiciones mínimas para calentarse en unos días tan fríos como los que estamos viviendo, dijo María Campozano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. Un portavoz del Sindicato de vivienda del Barrio aseguró que “no se puede hablar de un accidente porque un accidente es inevitable y este lo era. Hay responsables políticos e institucionales y el Ayuntamiento tenía conocimiento y tenía la obligación de apoyar a las familias, la violencia contra la clase trabajadora se agrava y esto es solo la punta del iceberg.”

A su vez, la alcaldesa aunque calificó los hechos de “horribles” arremetió contra los propietarios de las antiguas oficinas bancarias “que se desentienden de los locales vacíos”. Argumento perfecto para trasladar la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos de las instituciones públicas a los propietarios privados. Es el triunfo del capitalismo actual. Pronto los anarcocapitalistas lograrán su objetivo: acabar con el Estado y que únicamente se organice y gestione la sociedad a través del capital privado.

Esta es una de las peculiaridades de Barcelona, ciudad gobernada por la alcaldesa más de izquierda de España. De otras, tendré ocasión de comentarlas próximamente.

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