Hace unos días, Israel anunció la clasificación de seis instituciones civiles palestinas como «terroristas», con el pretexto de su afiliación al Frente Popular para la Liberación de Palestina, denunciando una supuesta desviación de su financiación europea para pagar sueldos y pensiones a las familias de prisioneros y combatientes, así como para realizar actividades contra Israel en Jerusalén.
Las seis instituciones tienen su sede en Ramallah y Al-Bireh, y algunas de ellas tienen sucursales en ciudades de Cisjordania y la Franja de Gaza. Las mismas trabajan oficialmente con varias instituciones internacionales, y algunas de ellos están asociadas con organizaciones afiliadas o pertenecientes a las Naciones Unidas.
Estas 6 organizaciones son:
– Addamer: su trabajo se centra en apoyar a los prisioneros palestinos en las cárceles sionistas, documentando las violaciones cometidas contra ellos y haciendo seguimiento legal de los casos.
– Al-Haq: su objetivo es fortalecer el principio del estado de derecho y la preservación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Esta organización ha participado en la preparación de varios expedientes relacionados con crímenes israelíes y ha presentado dos de ellos a la Corte Penal Internacional.
– Centro Bisan de Investigación y Desarrollo: se define como una “institución civil progresista y democrática que trabaja para fortalecer la firmeza del pueblo palestino, y aspira a contribuir a la construcción una sociedad civil palestina que sea democrática, progresista y eficaz”.
– Defense for Children-International: se dedica a brindar asesoramiento y servicios legales a los niños, especializada en derechos de la infancia.
– Unión de Comités de Mujeres: tiene como objetivo «mejorar la condición de las mujeres palestinas y empoderarlas, con el fin de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y lograr la justicia social para todos los segmentos de la sociedad”.
– Unión de Comités de Trabajo Agrícola: trabaja el desarrollo agrícola y apoya a los agricultores con actividades y proyectos. Sus objetivos incluyen proteger los derechos de los agricultores y el fortalecimiento de la soberanía sobre los recursos naturales palestinos.
Pese a esta sonada decisión, la criminalización de las organizaciones civiles palestinas no ha comenzado aquí. Ya estas mismas instituciones han sido objetos de redadas e incursiones de la potencia ocupante, y han recibido órdenes de cierre de sus oficinas por períodos determinados, que no han sido cumplidas por las mismas en un acto de desobediencia civil.
En el estado español además esta decisión nos toca muy de cerca, debido al caso de Juana Ruiz Sánchez, española residente en Palestina desde hace más de 3 décadas, y coordinadora de proyectos de la ONG Health Work Committees, que ha sido ilegalizada recientemente. Juana lleva encarcelada en Israel desde el pasado 13 de abril, y tras varias vistas y aplazamientos, Juana sigue en la cárcel, habiendo sido denegada la petición de arresto domiciliario formulada por su abogado. Y sin que haya habido una implicación real por parte del gobierno español.
Según el Ministerio de Defensa israelí, las seis organizaciones calificadas como terroristas emplean a miembros de alto rango del FPLP, «incluidos activistas involucrados en actividades terroristas». Y es que Israel, Estados Unidos y la Unión Europea consideran al FPLP como un grupo terrorista.
Esta decisión de la entidad sionista ha sido de inmediato criticada por otras instituciones tanto israelíes como internacionales, como B’Tselem, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, quienes han condenado esta medida como “atroz e injusta”.
