Cuando envíe este artículo para su aprobación, estaremos cerca de una de esas fechas donde la derecha cambia su línea argumental oficial y decide por unos pocos días al año que sí se debe recodar la historia de nuestro país: el 7 de noviembre de 1936 comenzaron las sacas de la matanza de Paracuellos.
La que ha sido definida por historiadores como Paul Preston como «la mayor atrocidad cometida durante la guerra en territorio republicano», lleva desde entonces siendo publicitada para vender la absurda idea de que ambos bandos, el de los maestros que luchaban por la educación para todos y legítimo vencedor de las elecciones (vean la serie Historias para un centenario que les está ofreciendo este medio para celebrar los 100 años de la fundación del PCE), y el de los oligarcas que pretendían mantener el sistema caciquil y dieron un golpe de estado, están en un mismo plano moral en la Guerra Civil.
En este intento los sucesos de Paracuellos se han magnificado hasta el extremo de que algunos pretenden la grotesca cifra de 12000 víctimas (¡superior incluso a la población reclusa total de las cárceles de Madrid en aquel momento!). Ian Gibson y Paul Preston, mucho más concienzudos y pegados a la realidad, cifran, sin embargo, con criterios bastante fiables, el total de fusilados entre 2200 y 2500. Aun así son miles de muertos. Un hecho plenamente lamentable. Sí, fusilar gente sin juicio, aunque se haga en circunstancias de asedio sobre la capital por parte de las bestias más destructivas que jamás han pisado la tierra, está mal. Sin paliativos.
Una vez condenado el episodio de Paracuellos podría ponerme a explicarlo en el contexto de la guerra, a compararlo con cientos de matanzas similares del bando sublevado cada vez que tomaban una población ellos, o exponer las mentiras sobre su organización y desarrollo que algunos han vertido. Pero voy a hacer lo que los que hoy gritan desgañitados por este hecho excepcional en el bando republicano y usual en el de los golpistas nos dicen el resto del año que hagamos: mirar hacia adelante.
Bien, resulta que hay otro hecho luctuoso en la Comunidad de Madrid mucho más reciente. En marzo de 2020, cuando ningún ejército sublevado, sino el peor desastre sanitario del siglo XXI azotaba Madrid con una virulencia mayor que en ninguna otra región de Europa (según datos del comité de las regiones de Eurostat la Comunidad de Madrid fue donde más aumentó la mortalidad de todo el continente), el gobierno autonómico no estaba preocupado de atender a los madrileños. Estaba preocupado de dar una oportunidad de negocio a empresarios de la sanidad privada con lazos con el ejecutivo de Ayuso. En concreto a Encarnación Burgueño, hija del gran ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña, Antonio Burgueño, quien fuera director general de hospitales durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Encarnita Burgueño no tenía ni conocimientos ni medios para responder a la emergencia sanitaria, pero se ocupó del operativo de medicalización de las residencias previo pago de su importe y hay registradas de su boca frases tan lamentables como:
«Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana… Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa».
Quizás fuera para asegurar los sueños de Encarnación Burgueño por lo que el director de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur, envió los días 18 y 20 de marzo a las residencias un protocolo de actuación firmado por él mismo que ordenaba no derivar a los hospitales a los ancianos basándose en criterios de discapacidad o dependencia de los mismos.
Esta orden, en palabras del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, «desde luego no era ética, y posiblemente no fuera legal». Aquí conviene aclarar que las residencias de ancianos eran competencia de la Consejería de Políticas Sociales ocupada por Reyero y los hospitales lo eran de la Consejería de Sanidad dirigida por Enrique Ruiz Escudero. El operativo de la pandemia debía coordinar ambas áreas de gobierno. Reyero afirma que protestó contra la orden en tres ocasiones, y tal vez por ello, Ayuso fue tajante el día 27, poniendo al frente de la respuesta sanitaria en las residencias a su consejería de Sanidad y excluyendo de las decisiones a la de Políticas Sociales.
Ninguno de los hechos que les he comentado hasta ahora está sujeto a controversia, todos están acreditados en diversos documentos. Ignoro si estas decisiones son legales, pero el hecho de que Ayuso en persona intentara negarlos mintiendo en la Asamblea de Madrid, asegurando que todas estas órdenes eran meros borradores, y que el protocolo definitivo se envió a las residencias el 25 de marzo, demuestra que no está muy tranquila al respecto. Repito, varios medios han mostrado hasta seis documentos donde se acredita que un protocolo anterior, con órdenes, no recomendaciones, de no derivar a los ancianos a los hospitales, con firmas de varios implicados incluidas, obraban ya en poder de las residencias para aquella fecha.
Es interesante comprobar que cierto partido muy vocinglero sobre Paracuellos en las fechas próximas al 7 de noviembre prometía llegar hasta el final en el asunto de las residencias, pero el 16 de julio de este año se sumó al Partido Popular para bloquear una comisión de investigación sobre este tema en la Comunidad de Madrid. Y ninguno de las dos formaciones aludidas puede negar ser consciente de la gravedad de estos hechos, puesto que durante meses hay registros en prensa y hemerotecas de su beligerancia y sus acusaciones durante todo el tiempo que pudieron vender la falsedad de que las residencias eran competencia del entonces ministro de Derechos Sociales Pablo Iglesias y no de Ayuso. En aquellos momentos hablaban de prisión, de omisión de deber de socorro, de crimen de masas… En cuanto se ha conocido sin lugar a dudas quien gestionaba aquel asunto, los dos partidos tan locuaces sobre Paracuellos ya ni hablan de otro posible crimen de masas mucho más reciente y en tiempos de paz. Este mismo jueves, día 4, de hecho, volvieron a negarse a formar una comisión de investigación y dijeron al respecto que no, que estos hechos no debían investigarse y… ¡que había que mirar hacia delante! El mismo mantra sobre la historia reciente de nuestro país (sí, reciente. Cuarenta años, el tiempo que nos separa de la dictadura, en el conjunto de la historia son poco más que tres días), vale aunque haga poco más de un año de la catástrofe certificada por Eurostat, y aunque casi todos sus responsables sigan ostentando cargos de poder en la Comunidad.
Conviene recordar las cifras de muertos que Ian Gibson y Paul Preston dan de la carnicería de Paracuellos: entre 2200 y 2500. Bueno, la posible omisión del deber de socorro de Ayuso y compañía ha costado 7690 vidas, más del triple. Conviene recordar que no venía ningún enemigo genocida a la capital, sino que los autores de este hecho veían la oportunidad de enriquecer a sus socios comerciales. Conviene también recordar que los sucesos de Paracuellos, pese a la machacona propaganda que se nos vende para caracterizar como un monstruo asesino a Santiago Carrillo, no tienen un autor claro y definitivo, sino que es obra de una trama difusa de diversos agentes mientras que en los protocolos de la vergüenza de Ayuso están clarísimos los ejecutores, algunos hasta con firma acreditativa de su responsabilidad en documentos oficiales. Y que si queda vivo algún cabecilla de la matanza de Paracuellos ya será extremadamente anciano, mientras que los que firmaron aquellos protocolos siguen todos en puestos de poder en la Comunidad.
Insisto, habrá que conocer si estos hechos son efectivamente (como todo parece indicarlo), constitutivos de delito, de ser así es un verdadero crimen de masas. Y sus responsables siguen en puestos de poder y no llevan de momento trazas de ir a ser juzgados. ¿Miramos hacia delante?
