El derecho a saber quién eres

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Acaba de terminar el Congreso del PSOE y si algo tenemos claro es que la industria reproductiva no tiene nada que temer. La Instrucción 2010 no se toca y se mantiene el silencio total sobre la investigación a las agencias que ofertan el servicio de vientres de alquiler, actividad ilícita en España. Eso sí, se acaba de garantizar el acceso a la reproducción asistida a todos y a todas, lo que nos hace confirmar lo que ya se sabía. El negocio manda y está por encima de consideraciones éticas o legales.

Estamos hablando de una industria que espera valer a nivel mundial más de 40.000 millones  dentro de cinco años, con una alta tasa de crecimiento en mercados en expansión, como el de Asia-Pacífico, que sólo con el negocio de compraventa de óvulos se estima que pueda pasar de 80 millones a 1200 millones anuales. «Mercado de donantes» lo llaman.

Vivimos en el granero de Europa, no lo olvidemos, y en Europa ese «mercado de donantes», donantes mujeres, por supuesto, supondrá una cifra de negocio de 2.200 millones en 2027, de la que España tiene casi el 40% de cuota.

Tenemos una de las legislaciones más permisivas y eso facilita el turismo reproductivo, uno de los principales perjudicados si el anonimato de las donaciones de gametos desaparece, como bien ha señalado la Comisión de Bioética de nuestro país. Y es que ya sabemos del gusto de la industria reproductiva de hacerse leyes a medida y no cumplirlas, pero es que además esgrime que se puede seguir como hasta ahora, porque todo funciona estupendamente.

Y no es así, ni mucho menos. Ignorar la realidad como estrategia puede funcionar a corto plazo, pero el resultado de este negocio son seres humanos que en unos años pueden preguntar por su origen biológico. No estamos hablando de una donación de sangre, estamos ante un acto que tiene unas consecuencias que pueden afectar a más de una generación.

En estos procedimientos se puede poner en riesgo la salud de hasta tres personas, ya que tanto proveer los óvulos como el embarazo son procesos muy medicalizados, sobre los cuales, recordemos, no hay estudios a medio y largo plazo de las secuelas y complicaciones, ni de la incidencia de cáncer. La falta de control y seguimiento de los y las donantes dificulta hacer un rastreo en generaciones anteriores de determinadas enfermedades que hubieran podido ser ocultadas o desconocidas en el momento de aportar los gametos.

Los bebés nacidos por medio de estas técnicas de reproducción asistida tienen una prevalencia mayor de enfermedades epigenéticas; hablamos de un riesgo bajo, pero que se puede multiplicar por diez en el caso del síndrome de Beckwith Wiedemann, y esto debería mencionarse en los consentimientos informados.

Este riesgo específico para los nacidos por medio de estas técnicas, y otras consideraciones éticas fueron planteadas en el «Informe del Comité de Bioética de España sobre el derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida a conocer su orígenes biológicos».

Y ese derecho a conocer sus orígenes biológicos es la tendencia que se está siguiendo en el resto de los países europeos, basándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Ante esta última y con ocasión de su aniversario en 2019, presentaron queja dos asociaciones de personas concebidas por donación de gametos, Spenderkinder (Alemania) y Donorkinderen (Bélgica). Denunciaron la violación de su derecho a la información, a la identidad, a la certeza de la filiación de los supuestos progenitores y a conocer las circunstancias de su nacimiento. Este perjuicio para los afectados está respaldado por investigaciones psicológicas y sociológicas que señalan el impacto negativo de borrar la intervención de un tercero.

Las primeras asociaciones de afectados en Europa fueron las de Alemania y Bélgica, pero ya las podemos encontrar en Holanda, Canadá, EEUU, Francia… Con foros seguros donde personas concebidas por donación, donantes y «madres de alquiler» pueden establecer contacto. Hay reuniones periódicas, pruebas de ADN a precios asequibles,  comparten fotos con parientes que han encontrado, testimonios de lo importante que es para muchos de estos adultos saber quiénes son y construir su historia pasada y saber, con mayor certeza, qué herencia le pueden transmitir a sus hijos.

Y reclaman que a la hora de legislar y regular este mercado se escuche también su voz. Tal y como denunciaba Donor Conceived Council USA en la ASRM de 2021, el congreso anual de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, tendrá lugar próximamente una conferencia sobre la opinión de los hijos concebidos a través de donación de gametos a conocer su identidad, donde los panelistas son todas personas con intereses financieros en esta industria y no hay ni uno solo de los interesados que puedan hablar de su experiencia directa.

El anonimato debe desaparecer, tal y como se recomienda desde el Consejo de Europa y tal como reclaman los propios afectados, muchos de los cuales descubren, no siempre de la mejor manera, que sus orígenes no eran los que pensaban. Porque no hay que perder de vista que el elemento más vulnerable es la persona nacida de esas prácticas, cuyo interés superior ha de estar por encima de cualquier otro, y tiene derecho a decidir si quiere conocer, o no, su origen genético y biológico. El Estado debería proporcionar los medios necesarios para valorar cada caso y asesorar, acompañar y apoyar a todas las partes implicadas.

Es imprescindible también la creación de  Registros de Donantes, no sólo en nuestro país, sino en todos, y un banco de ADN que permita rastrear posibles problemas congénitos y limitar los problemas de consanguinidad. Según la ley, sólo puede haber seis hijos por donante, pero no tenemos constancia de la rigurosidad de ese control, y las uniones endogámicas son un riesgo real.

Por supuesto, la industria reproductiva argumenta que al desaparecer el anonimato bajan las donaciones, y eso encarece los tratamientos. Y es cierto que al principio sucede así, como pasó en Reino Unido, pero también es cierto que, pasado un tiempo, las cifras de donaciones se recuperan a medio plazo, no al nivel previo, pero de ninguna manera imposibilita el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. Resulta curioso e hipócrita cómo la misma industria que busca y defiende «legalizar» e inscribir bebés nacidos por vientre de alquiler –por el bien superior del menor– ignora esta protección cuando se trata de la constatación de su identidad.

No se está comerciando con bienes, estamos hablando de explotación reproductiva disfrazada de altruismo; estamos comprometiendo la vida y la salud de personas, cuestionando los lazos de confianza y respeto dentro de una familia, ignorando las secuelas físicas y psicológicas que las circunstancias del nacimiento de un bebé puede tener para el propio menor, para sus padres y para los donantes. Falta demasiada información y no es por falta de medios, sino porque esa información no es buena para el negocio, como el mayor riesgo de preeclampsia cuando se recurre a la donación de esperma, y de parto prematuro y hemorragia posparto, además de la ya citada preeclampsia, en el caso de recepción de ovocitos ajenos.

Estamos ante una maquinaria que cambia leyes, pone trampas, altera filiaciones, esconde lazos genéticos o gestacionales, y a veces ambos, explotando principalmente a mujeres precarias, y cuyo único objetivo es ofrecer un producto al gusto del cliente con el mayor beneficio posible. Los accionistas no quieren que bajen sus dividendos y el altruismo, claro está, se lo dejan al primer y al segundo escalón de la cadena productiva, donantes de gametos y madres de alquiler.

Todo por un mercado que vende sueños, deseos, que no derechos, porque el derecho a ser madre o padre no existe, y que se niega a ser sometido a juicio ético o moral.

Pero sí que existe el derecho a la identidad, a saber cuál es tu origen, a conocer a tu familia. El derecho a saber quién eres.

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