El gobierno mejicano denunció en un tribunal federal de Massachusetts a once empresas fabricantes de armamento de Estados Unidos. El gobierno mejicano alega que estas empresas incurren en el mercadeo «ilícito y negligente», provocando con ello que las armas acaben en manos de la mafia de la droga o en otras organizaciones maleantes del país.
La demanda se dirige contra la siguientes empresas:
- Smith & Wesson Brands, Inc.
- Barrett Firearms Manufacturing, Inc.
- Beretta U.S.A. Corp.
- Beretta Holding S.P.A.
- Century International Arms Inc.
- Colt’s Manufacturing Company LLC.
- Glock, Inc.
- Glock GES.M.B.H.
- Sturm, Ruger & Co., Inc.
- Witmer Public Safety Group, Inc.
- D/B/A Interstate Arms.
Se conoce la responsabilidad de estas empresas porque son las productoras de las armas que el estado mejicano confisca a la organizaciones delictivas, entre ellas figuran los célebres fusiles de asalto AR15 Y WASR10, muy populares entre los particulares estadounidenses para defensa propia. El mismo El Departamento de Justicia estadounidense reconoce que 7 de 10 armas que se confiscan a las organizaciones delincuenciales de México, proceden de los Estados Unidos.
Las armas exportadas a México son responsables de 17 mil homicidios en 2019, cuyas consecuencias económicas para el estado son nefastas, dañándola en un 1’7% del PIB nacional.
No ha habido un pronunciamiento significativo en los medios de comunicación americanos al respecto de este asunto, ni siquiera en los medios más conservadores y republicanos. La National Shooting Sports Foundation acusó al gobierno mejicano como el principal responsable de la corrupción y criminalidad del país, esgrimiendo que las armas de la mafia de la droga proceden de los saqueos que éstas realizan a la policía mejicana.
