Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España.
“El Tribunal Constitucional planea reactivar la sentencia del aborto 11 años después”, titula El País la noticia que debería alarmar seriamente al Movimiento Feminista, si este estuviera o se le esperara. Ante el inaceptable retraso en dictar sentencia sobre el recurso presentado por el Partido Popular contra la ley de plazos aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, los diputados que entonces lo firmaron han reclamado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la asociación de Abogados Cristianos ha presentado una querella por “retardo malicioso” contra el magistrado Andrés Ollero, ponente de la sentencia. Por eso el TC se ha despertado de su largo sueño y ante la presión de la derecha se dispone por fin a pronunciarse. Que será contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Porque tanto el ponente, Andrés Ollero, como la mayoría del tribunal son conservadores.
Pero, ¿qué ha pasado desde 2010 cuando se presentó el recurso? Que en aquel momento la ponente fue Elisa Pérez Vera que se manifestó a favor de la ley, pero no se atrevió a llevar su ponencia al pleno porque la mayoría conservadora la rechazaría, y en 2012 se fue y vino Ollero, y en 2013 Ruíz Gallardón se propuso cambiar la ley Zapatero y retroceder a 1983. Pero el MF no le dejó. Las socialistas utilizaron todos sus recursos para oponerse a ello. Lograron que el Parlamento Europeo se pronunciara en contra del proyecto de ley, organizaron manifestaciones, llevaron el “Tren de la Libertad” por varias ciudades, con la asistencia de miles de mujeres, y todas las apoyamos y acompañamos, y Rajoy retiró el proyecto y Gallardón perdió el ministerio y se retiró de la política.
Pero, ¿qué va a pasar ahora? El desmesurado tiempo transcurrido desde la presentación del recurso sin respuesta del TC tenía que provocar la exigencia de los recurrentes, y desde luego han esperado demasiado. Pero lo hicieron porque primero creyeron que el gobierno Rajoy modificaría la ley, y después porque el MF ha estado fuerte y muy visible. Pero hoy no nos encontramos en la misma situación. Ni gobierna la derecha, no sé si se la espera, ni tampoco al MF. Y las derechas se sienten más fuertes.
Desde la última manifestación del 8 de marzo, la pandemia ha hecho estragos en las organizaciones feministas. Ni reuniones ni manifestaciones ni asambleas. Y como si la enfermedad las hubiese afectado masivamente tampoco se las lee ni se las ve en las pantallas. Algunas de las más relevantes se pronuncian solemnemente contra el proyecto de ley trans, sin que haya tenido efecto alguno su opinión en el gobierno. Después de que durante dos años Carmen Calvo, la Vicepresidente primera del Gobierno, que representaba poderosamente al feminismo socialista, mostrara su rechazo al proyecto de ley trans, de pronto apareció en la televisión apoyándolo, y el 29 de junio se firmó entre el PSOE y Unidas Podemos el texto por el que Irene Montero ha batallado arriscadamente todo su ministerio. E inmediatamente después Sánchez despidió del gobierno a Calvo. Y no ha pasado nada.
No hemos sabido de una declaración suya a modo de despedida ni le han organizado un réquiem sus acólitas y seguidoras, que unas semanas antes se manifestaban en la calle gritando: “Carmen, ¡no estás sola!”. Ahora no sólo está sola sino también desaparecida. Y desaparecidas y mudas las más relevantes representantes del PSOE, del Borrado de las Mujeres, de la Federación de Mujeres Progresistas y tuti cuanti organizaciones y plataformas, que durante 40 años han protagonizado el llamado “feminismo institucional”.
¿Qué ha sucedido para que profesoras, políticas, juezas, activistas, diputadas, concejalas, que han ocupado, y ocupan, muchos de los puestos más visibles del gobierno y de las comunidades, hayan callado como muertas ante la defenestración de su líder más conocida y con más poder institucional? Y, ¿qué se espera de la desaparecida y muda ex Vicepresidenta?
Las preguntas se me amontonan, ¿qué están pensando las dirigentes feministas de las miles de asociaciones inscritas en España ante esta nueva amenaza de TC contra la ley de aborto? No parece que se vaya a producir una respuesta semejante a la que provocó la ley Gallardón. El silencio más profundo del MF ha seguido a la información de ese reactivamiento de la labor de los magistrados.
Y, ¿qué va a suceder cuando el TC declare inconstitucional la ley de 2010? ¿Volveremos a organizar viajes a Londres o a Amsterdam para que las españolas puedan practicarse abortos si temen ir a la cárcel, como en los años 70? ¿Cerrarán las clínicas privadas que hoy dominan absolutamente ese mercado, ya que únicamente el 3% de la demanda la asume la sanidad pública, con el suculento negocio que suponen los 100.000 abortos voluntarios anuales?
La involución de los avances del feminismo es evidente. Primero se le entregó el Ministerio de Igualdad a la dirigente de Podemos, Irene Montero, que no tiene más objetivo en su mandato que aprobar la ley trans. Después se dictó la sentencia del Tribunal Supremo sobre el sindicato OTRAS que legaliza la prostitución “por cuenta propia”, y que ha obtenido el beneplácito de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución. Más tarde se ha firmado por el Consejo de Ministros el proyecto trans y esta etapa se ha sellado con el despido de Carmen Calvo y su desaparición de la política. Y ahora el Tribunal Constitucional se prepara para dar un hachazo a la ley de aborto de hace 11 años.
