A dos meses desde la detención de Juana Ruiz Sánchez el gobierno español sigue sin actuar

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Ayer, 13 de junio, se cumplieron dos meses desde que Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española residente en Palestina desde hace más de 3 décadas, fuera detenida por Israel. Recordemos que Juana fue detenida aquella madrugada del 13 de abril, por un contingente de 20 soldados fuertemente armados que irrumpieron en su casa en Beit Sahur con violencia, tal como suele ser la dinámica de arresto de las fuerzas de ocupación sionistas.

Como ya contamos en este medio, tras las 3 primeras semanas de su detención, en que ni Juana ni su abogada conocían los hechos por lo que se le había llevado a prisión, finalmente el 6 de mayo fue formalmente acusada de 5 cargos: 1) pertenencia a una organización ilegal; 2) participar en actividades de una organización ilegal; 3) formar parte de la junta directiva de una organización ilegal; 4) recibir e introducir dinero en los territorios palestinos; y 5) recibir dinero con falso propósito.

Todos estos cargos de los que se le acusa, tienen su base en la pertenencia de Ruiz Sánchez a la Health Work Committes (HWC), una ONG que realiza proyectos sociosanitarios en Palestina, y de los que Juana es la coordinadora. Según Israel, la mencionada ONG tiene vínculos con el FPLP, partido político de la izquierda palestina considerado terrorista por el ente sionista. La sede principal de HWC ha sido allanada dos veces por el régimen israelí, la primera fue a principios de marzo y la segunda fue la semana pasada, confiscando equipos informáticos, dañando el mobiliario y ordenando el cierre del lugar. Diversas organizaciones que se dedican a la cooperación con Palestina en nuestro país y que han trabajado con la HWC, denuncian que el objetivo del cierre de la sede de la ONG y de las acusaciones y encarcelamiento de Juana y de otros dos miembros de la organización – el responsable de contabilidad de la misma y su predecesor, ambos palestinos y detenidos por el método de la detención administrativa – es el desmantelamiento de los proyectos que ejecuta la ONG para debilitar aún más el sistema sanitario palestino, ya de por sí mermado por la propia ocupación sionista.

El juicio militar contra Juana Ruiz Sánchez tenía previsto comenzar el pasado 2 de junio. No obstante, dado que a su abogada no la dejaron entrevistarse con ella hasta el mismo día de antes, ésta solicitó un aplazamiento del juicio por una semana. Y la respuesta ha sido un aplazamiento muy prolongado, hasta el 7 de julio.

Mientras tanto, Ruiz Sánchez continúa en prisión, y el gobierno español sigue sin mover un dedo para su liberación.

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