UATAE reclama a las Comunidades Autónomas que gestionen las ayudas directas para que ningún sector de autónomos quede excluido

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Después de que hace más de un mes, el gobierno de Pedro Sánchez aprobara de ayudas directas para los trabajadores y trabajadoras autónomas que se han visto afectados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia, desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), han trabajado en la línea de hacer ver la necesidad de ampliar las condiciones de acceso a estas ayudas para que no se queden fuera miles de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia debido al criterio injusto suscitado por la problemática originada con respecto a la exigencia de pertenecer a uno de los CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) establecidos.

Tras el anuncio de la semana pasada por parte de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el que informaba de la posible modificación de la norma del Decreto para que las Comunidades Autónomas tuviesen flexibilidad a la hora de regular el acceso de las ayudas directas, el viernes pasado el ministerio de Hacienda remitió a las comunidades autónomas los borradores de los convenios a firmar para la gestión de las mismas y confirmaba en nota de prensa que permite efectivamente esa flexibilidad. 

UATAE insta a las comunidades autónomas a “recojan el guante” y amplíen los sectores que se puedan beneficiar, permitiendo que colectivos como el de autónomos temporales, agentes comerciales, o actividades como el de las peluquerías o las que están dentro de una cadena de valor de otro sector afectado, como el transporte de bebidas y comidas a la hostelería no se queden excluidos.

Para María José Landaburu, Secretaria General de UATAE, “la modificación de la norma para que las Comunidades Autónomas puedan variar los criterios de acceso, abre una puerta para que se gestionen las ayudas sin exclusiones y pueda multiplicarse su alcance”. Landaburu matiza que “esperamos que esta nueva situación no genere agravios comparativos entre autonomías, y que conlleve que dependiendo del territorio de residencia se condicione la opción de poder acceder o no a la ayuda directa por el simple hecho de pertenecer a un sector que no ampara la norma”. 

“Regular las ayudas directas en este sentido, permitiría evitar las posibles injusticias derivadas del amplio margen interpretativo y regulatorio que se puede dar entre las distintas autonomías”, añade Landaburu.

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