El abolicionismo de la prostitución y la España Republicana

El presente artículo forma parte del especial que lanza El Común en conmemoración del 90 aniversario de la proclamación de la II República Española, proyecto referente de la izquierda transformadora de este país, que sigue aspirando a un régimen de democracia plena casi un siglo después de aquella experiencia.

Marina Pibernat Vila

Quienes defienden la prostitución como una trabajo se presenten siempre como el colmo de lo progresista, mientras tachan a las feministas de anticuadas y moralistas. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. En España, por ejemplo, el reglamentarismo o regulacionismo de la prostitución imperó durante los mil años de época medieval y parte de la época moderna, en lo que se ha llamado la “Edad de Oro” del regulacionismo de la prostitución. Siguiendo la escolástica de Santo Tomás, la prostitución era vista como un mal necesario para mantener el orden social ya que, supuestamente, dicho orden podría verse alterado si los hombres no podían satisfacer sus necesidades sexuales. Tanto las ideas de Santo Tomás como el reglamentarismo de la prostitución no constituyen sino una coartada ideológica y jurídica para perpetuar la explotación sexual de las mujeres.

El debate sobre la prostitución está ahora tan vivo como lo ha estado siempre, siendo un cuestión central en cuanto a las relaciones entre los sexos, la construcción del género y la subordinación socioeconómica de las mujeres respecto de los hombres. Actualmente, como consecuencia de la propagación de la ideología neoliberal, el debate social y político sobre la prostitución está ligado a la idea de libertad, y en determinar en qué medida alguien es -o no- libre de prostituirse. Las feministas estamos constantemente explicando que la necesidad económica es incompatible con la libertad, y que la mujer que se prostituye libremente ganando un buen dinero es un absurdo mito neoliberal –otro más– igualmente destinado a justificar y perpetuar la explotación sexual de las mujeres.

Los términos del debate han ido cambiando acorde con los tiempos, y no siempre fueron los de la “libertad” para prostituirse. Ni siquiera lo eran hace cien años, y podemos observarlo echando un vistazo a la historia del abolicionismo de la prostitución en España a lo largo del siglo XX, el cual está íntimamente relacionado con los valores de igualdad consustanciales al republicanismo.

Hace cien años, e incluso antes, el debate en torno a la prostitución no partía de elevados conceptos como el de libertad, y se centraba en cuestiones mucho más prácticas. La principal preocupación que vertebraba el debate y las políticas en relación a la prostitución eran las enfermedades venéreas, algo menos agradecido que debatir sobre la libertad. La prostitución era principalmente un problema de salud pública. Y, en realidad, lo sigue siendo. Si las enfermedades de transmisión sexual siguen causando estragos hoy en día, imaginen lo que han supuesto a lo largo de la Historia. Auténticas epidemias propagadas por la falta de métodos profilácticos eficientes y por la posibilidad de los hombres de acceder al cuerpo de mujeres prostituidas, mientras que a sus esposas se les imponía la más férrea de las morales sexuales.

Precisamente, uno de los puntos fuertes del argumentario reglamentarista de la prostitución es la necesidad de establecer un control sanitario de las prostitutas con el objetivo minimizar los contagios a los hombres consumidores. Actualmente eso se presenta como un servicio a la mujer prostituida, cuando en realidad es un servicio para los puteros. En España se aplicaron medidas prohibicionistas –es decir, que afrontaban la cuestión de la prostitución persiguiendo a la prostituta– desde 1623 hasta 1845. Fue un desastre en lo que a la propagación de enfermedades venéreas se refiere, y desde mediados del siglo XIX se volvió al viejo y conocido sistema reglamentarista, creándose registros de prostitutas para facilitar su control sanitario.

En aquellos mismos años, las sufragistas de Gran Bretaña empezaban a desarrollar el abolicionismo, la propuesta feminista para abordar la prostitución. Con Josephine Butler a la cabeza, señalaron el sexismo inherente a los registros de prostitutas, que las sometía a un duro control médico y policial y las culpabilizaba de los contagios de las enfermedades venéreas. En vez de esto, abogaban por un cambio en los valores sociales que mediaban en las relaciones entre los sexos, y expusieron la verdad al hablar de las mujeres prostituidas como víctimas de la moral de la época, de la explotación y de sometimiento de las mujeres. Jamás aquellas feministas, ni ninguna otra, concibieron la prostitución como una actividad fruto de libertad. Quien defiende la prostitución como un acto de libertad se encuentra a las antípodas del feminismo.

Las tesis de Butler –Josephine, la buena, y no Judith– empezaron a extenderse por Europa. Mientras tanto, en España, la prostitución y su arraigada regulación reportaban beneficios a personalidades políticas y proxenetas. El abolicionismo fue importado de la mano de gente extranjera, principalmente de la mano del protestantismo, el republicanismo y la masonería. Los textos de Butler y otros sobre el abolicionismo empezaron a traducirse, publicarse y difundirse. Es el caso de la revista La Voz de la Caridad, de Concepción Arenal, que en 1878 publicó los primeros artículos abolicionistas. Desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, marxistas, socialistas y anarquistas se sumarían también a la campaña abolicionista, siguiendo los postulados de Engels, Kollontai y Bebel. E igualmente la prensa republicana.

Décadas antes de la proclamación de la Segunda República Española, en España ya se aprobaron leyes en la dirección abolicionista, gracias a la propagación de sus ideas y a la clara decadencia del modelo reglamentarista, que había supuesto un incremento de la prostitución clandestina, como por cierto ha ocurrido en Holanda en los últimos tiempos. Estas medidas buscaban enfrentar el comercio de mujeres y, cómo no, los contagios de enfermedades venéreas. En 1922 se creó la Sociedad Española del Abolicionismo, cuyo primer acto propagandístico contó con la presencia de Clara Campoamor.

Ya en tiempos de la II República, se llevaron a cabo varias campañas abolicionistas destinadas a hacer que el gobierno de la República avanzara en la abolición de la prostitución en España. Organizaciones de profesionales de la salud también se pronunciaron a favor del abolicionismo en la lucha contra las enfermedades venéreas, como fue el caso del Congreso Nacional de Sanidad, celebrado en Madrid en mayo de 1934. El gobierno de la República ya había suprimido mediante decreto los impuestos sobre las actividades prostitucionales, haciendo que el Estado no se beneficiara de la explotación sexual de las mujeres. Además, creó nuevas entidades enfocadas al abolicionismo como forma de abordar la cuestión de la prostitución, acorde con los valores de la igualdad republicana.

Todo esto llevó al decreto de 1935 que puso fin al reglamentarismo de la prostitución en España, firmado por Federico Salmón Amorín, ministro de Trabajo, Sanidad y Asistencia Social,  y miembro de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Dicho decreto buscaba incluirse en la tendencia abolicionista internacional, basando la lucha antivenérea en la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Prohibió la publicidad del comercio sexual, y no reconocía la prostitución como un medio lícito de vida. Sin embargo, el decreto seguía manteniendo importantes reminiscencias del sistema reglamentarista, y seguía sometiendo a las prostitutas a un control sanitario mediante su inclusión en el registro de prostitutas, al tratamiento médico y a hospitalizaciones forzosas. Esto fue duramente criticado por parte de los movimientos feminista, comunista y socialista españoles, que señalaran acertadamente que el texto de ley mezclaba medidas abolicionistas con medidas reglamentaristas. Las protestas fueron tan contundentes que el gobierno rectificó varias partes de la ley a lo largo de aquel mismo año, suavizando la cuestión del control médico de las prostitutas y derogando el registro en el que se las inscribía.

Con todo, el decreto de 1935, lejos de ser absolutamente abolicionista, sí que integró importantes demandas procedentes del abolicionismo de la prostitución en España, y habría constituido un buen punto de partida para seguir avanzando en la dirección correcta si no hubiese sido por el destino truncado de la Segunda República Española a manos del fascismo. Franco devolvió a España al regulacionismo de la prostitución mediante decreto en marzo de 1941. Se lo pueden recordar a quienes pretendan hacerles creer que el regulacionismo de la prostitución es de izquierdas.

Observando todo lo expuesto hasta ahora, vemos que el abolicionismo de la prostitución ha participado plenamente de los ideales republicanos y progresistas, en los cuales siempre encontró un punto de apoyo. Y en ese sentido, la Segunda República Española constituye un momento de gran relevancia en la lucha contra la explotación sexual de las mujeres en España. De caras al futuro, las feministas debemos recordar la historia del abolicionismo en España, ligada a la historia de la República. Y, especialmente, debemos hacerlo cuando cada vez son más agresivas y retorcidas las formas de convencernos de que la prostitución es libertad, y no esclavitud sexual de mujeres y niñas.